Eduardo Vega: “La Defensoría es una institución que ha sabido mantenerse muy cercana a las necesidades, a los temas que plantea la ciudadanía”.

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A propósito del 18vo. Aniversario de la Defensoría del Pueblo, Enfoque Derecho entrevista a Eduardo Vega, Defensor del Pueblo, sobre temas coyunturales.  

ED: Este mes la Defensoría del Pueblo, cumplió 18 años, ¿cuáles creen que han sido sus principales logros durante esta trayectoria? ¿Qué reflexiones o anécdotas le vienen a la cabeza tras todo el tiempo que viene trabajando en esta institución?

EV: Efectivamente, el pasado 11 de septiembre, la Defensoría cumplió 18 años desde que abrió sus puertas a la ciudadanía, esta fecha es muy simbólica, porque empezó a trabajar en el país una institución que antes no existía, y que tiene como misión constitucional y fundamental la defensa de los derechos fundamentales y la supervisión a la Administración Pública.

Hay tres elementos que, a lo largo de estos 18 años, se han mantenido intactos. De alguna manera, todos los Defensores, y quienes han trabajado en la Defensoría, han logrado mantener estos tres elementos. El primer elemento es la autonomía. Es decir, una actuación independiente de los poderes públicos, profesional e imparcial, pero a la vez muy identificada con los derechos fundamentales. El segundo elemento es la continuidad. Los Defensores del Pueblo que han estado al frente de la institución han sabido mantener una agenda continua, han sabido fortalecer los trabajos anteriores al Defensor y han sabido darle a esta institución por tanto un sello de defensa de derechos fundamentales que creo la ciudadanía reconoce. El tercer elemento es esta legitimidad ganada con los ciudadanos. La Defensoría es una institución que ha sabido mantenerse muy cercana a las necesidades, a los temas que plantea la ciudadanía. Y eso ha valido para que tenga una buena aceptación ciudadana.

Anécdotas siempre hay muchas. Ha habido momentos muy difíciles para esta institución. Yo recuerdo mucho el año 2000, todo el trabajo para el retorno a la vida democrática, la supervisión electoral en aquellos años; el trabajo a favor de las poblaciones de las zonas vulnerables- sobre todo en la zona andina del país; la actuación de la Defensoría en los sucesos de Bagua. En fin, siempre hay hechos que marcan cada periodo, cada momento en el trabajo de la Defensoría.

ED: Estamos en plena campaña para las elecciones municipales y distritales, ¿cuál ha sido el rol de la Defensoría en este proceso? En este contexto, ¿nos podría explicar un poco más sobre la campaña “Saca pecho por tu derecho”?

EV: Efectivamente, en esta campaña electoral, la Defensoría del Pueblo ha puesto un énfasis importante en la neutralidad de todos los funcionarios públicos, en el no uso de recursos públicos por parte de las autoridades que van a la reelección. No olvidemos que hay un 70 u 80% de autoridades que va a la reelección y, por tanto, el riesgo de utilizar recursos es muy alto.

Hemos puesto bastante énfasis en una campaña que ha recibido la aceptación de la ciudadanía y de los medios de comunicación, que tiene que ver con el retiro de la publicidad y de la propaganda de lugares prohibidos. Lamentablemente, hemos visto que nuestras ciudades han sido invadidas de publicidad en postes de alumbrado público, postes de alta tensión, en fin, en lugares prohibidos. Y muchas veces no caen en cuenta que esto pone en riesgo a las personas que colocan la publicidad, pero también a la ciudadanía en general. Hemos visto como, recientemente, varias de estas publicidades se han ido cayendo por el deterioro del paso de los días. Entonces, hemos tenido un trabajo fuerte con los Municipios y con las autoridades de los Jurados Electorales especiales para el retiro de esta publicidad en lugares prohibidos, incidiendo en que se tiene que generar toda una cultura de respeto hacia los ciudadanos cuando se realiza este tipo de publicidad.

Y ahora último, hemos iniciado la campaña “Saca pecho por tu derecho” con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y, en general, con el Poder Ejecutivo y con los Gobiernos Regionales, para que los programas sociales no sean utilizados por los candidatos en esta campaña. Los programas sociales no se pueden ver como una concesión, como una forma de condicionar el voto de los ciudadanos, los programas sociales tienen otra naturaleza. Y por eso, hemos decidido que cualquier candidato que utilice programas sociales sea pasible de todo un procedimiento de denuncia por estos hechos. Estamos hablando principalmente de los programas que están en el MIDIS: Qaliwarma, Juntos, Pensión 65, Foncodes, Cuna más; porque justamente estos están dirigidos a las poblaciones más vulnerables que pueden ser condicionadas en su voto. Nuestro llamado y, aprovecho esta oportunidad, a que a ningún ciudadano que es beneficiario de estos programas se le pueda condicionar para que vote por tal o cual candidato.

ED: Este año, han salido a la luz muchos escándalos de corrupción, a partir de ello surge la importancia del acceso a la información pública como herramienta para fiscalizar a las autoridades, ¿cómo ha promovido la Defensoría esto?

EV: Efectivamente, la corrupción está presente- lamentablemente- en muchas regiones y municipios. Por ello, tenemos a dos Presidentes Regionales presos y hay otros dos con órdenes de captura. Eso nos ha hecho ver que el proceso de descentralización está amenazado por el fenómeno de la corrupción. Necesitamos, por tanto, fortalecer los niveles de control y fiscalización de la gestión municipal y regional. Nuestra labor frente a este tema ha sido básicamente, en primer lugar, estar atentos a este tipo de denuncias o situaciones. Debo señalar que en estos últimos años, las instituciones más quejadas en la Defensoría del Pueblo por la ciudadanía, justamente son los Municipios, distritales y provinciales,  y los Gobiernos Regionales. Y, ¿por qué se viene a quejar la ciudadanía? Básicamente, por la falta de transparencia. Cuando un ciudadano se acerca a un Municipio a pedir información sobre un proyecto de inversión, sobre una obra inconclusa, sobre un cobro indebido o una licencia; muchas veces lo que reciben no es una respuesta oportuna o una información clara. Incluso hay casos en los que no se le brinda la información. Por ello, la transparencia es vital para luchar contra la corrupción y para que el ciudadano tenga una herramienta de fiscalización y vigilancia frente a estas instituciones.

ED: Sabemos que la Defensoría planteó como Proyecto de Ley la creación de un órgano autónomo de transparencia, ¿cuál es la importancia de este tipo de órgano? ¿Qué facultades le daba el proyecto de ley? ¿En qué estado se encuentra este proyecto de ley?

EV: Efectivamente, necesitamos fortalecer los niveles de transparencia en el país. Y cuando un ciudadano siente que no accede a la información que pide a un gobierno local o una entidad pública, no tiene a donde recurrir para quejarse de esta situación. Básicamente, en el actual marco normativo, lo único que le queda es recurrir a un habeas data. Nosotros creemos que antes que un habeas data, necesitamos una autoridad administrativa fuerte e independiente, que pueda resolver estos casos en los que no se cumple la Ley de Acceso a la Información. Hemos planteado esta idea al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República. Hay un retraso en darle de alguna manera una mayor importancia a la creación de esta autoridad.

A nosotros se nos ha planteado argumentos de índole económica, pero creemos que la creación de esta autoridad tendría mucho más beneficios para la lucha contra la corrupción. Por eso, hemos pedido retomar este proyecto, y entendemos que existe el compromiso de Ana Jara para aumentar la transparencia de este gobierno. La idea es que la autoridad tenga tres características principales: primero, ser un órgano rector de la transparencia, segundo, ser un órgano que sancione los incumplimientos a la Ley de Transparencia y tercero, que sea un órgano de capacitación; necesitamos que las autoridades conozcan esta norma y que haya un mejor desempeño de la transparencia.

ED: Recientemente, se exhibieron las prendas de las víctimas de los Cabitos en la sede principal de la Defensoría. Sin duda, fue un acierto, pues al final de la exhibición 6 familiares identificaron prendas. ¿Qué reflexiones saca de este tema? ¿Qué otras acciones ha tomado la Defensoría para con los víctimas del conflicto armado interno?

EV: La primera reflexión es que hay una deuda del Estado peruano con las víctimas de la violencia, que se traduce en la necesidad de que los procesos judiciales sean más rápidos, y requiere una voluntad de que las violaciones a los derechos humanos no queden impunes. La muestra de las prendas de 54 personas halladas en los Cabitos ayuda a decirle al país que este es un tema importante en la agenda de derechos humanos. Lo segundo es que hablamos de familias que han venido pidiendo durante 20 o 30 años la recuperación de los restos de sus familiares. En esta muestra de prendas, ha habido como 6 familias que han reconocido alguna de estas prendas. Eso nos dará pistas sobre lo que ocurrió y nos ayudará a identificar a estas personas. En tercer lugar, esto pone en agenda el tema pendiente de las reparaciones. El actual Estado ha avanzado en un 72% respecto en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos todavía no se ve el impacto en las familias. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para que estas familias se vean verdaderamente reparadas. Finalmente, se tiene que establecer una política de búsquedas a personas desaparecidas, ya existe un proyecto de ley que plantea esta medida, pero debe ser implementado.

ED: Recientemente, la Defensoría denunció amenazas contra pueblos indígenas en aislamiento, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles son los derechos de estos pueblos?

EV: Llegó información a nosotros de que se están estableciendo tours para conocer a estos grupos de indígenas en aislamiento voluntario. Sin duda, son poblaciones que viven en un estado de extrema vulnerabilidad que requieren protección especial del Estado. El pedido es que haya una mayor fiscalización a estas empresas. En primer lugar, quisiera exhortar a que estas prácticas ya no se lleven a cabo, y en segundo lugar, que se establezca una regulación más fuerte para evitar que estas poblaciones se vean vulneradas.

ED: ¿Qué nos puede comentar sobre el asesinato de los líderes ashaninkas ocurrido la semana pasada? ¿Qué rol juega la Defensoría del Pueblo en este tipo de situaciones?

EV: Estos dirigentes vienen luchando durante muchísimos años contra la tala de árboles en su comunidad y, lamentablemente, el Estado no les ha prestado atención. Recién la Defensoría ha podido juntar a distintas autoridades – de la PCM, del Ministerio de Cultura, etc.-  junto con los dirigentes para abordar la temática de la tala ilegal y para pedirles tres cosas muy puntuales: la titulación de las tierras de las comunidades indígenas, para que así los taladores ilegales no puedan ingresar a sus tierras, lo segundo es una mayor fiscalización de aquellas zonas que están concesionadas para la tala y en tercer lugar, está la protección de los dirigentes y las comunidades indígenas. Lo que hemos visto es que es después de las denuncias realizadas por Edwin Chota es que estos criminales han decidido asesinarlos.

No han sido hechos aislados, ya que también se producen en otras zonas de Ucayali, de acuerdo a Washington Bolívar, quien relató una experiencia similar en la cual las investigaciones en el Ministerio Público sobre tala ilegal fueron archivadas. Entonces, la agenda plantea este problema requiere, en primer lugar, la titulación para los pueblos indígenas. En segundo lugar, requiere una mayor fiscalización a aquellas concesiones legales para que efectivamente cumplan con sus deberes y no se cometan este tipo de tala ilegal. Y, en tercer lugar, una mayor protección a los dirigentes y a las comunidades indígenas  que realmente viven en una situación de abandono frente al Estado.

ED: La Defensoría cuenta con un boletín de conflictos sociales que sale periódicamente, ¿cómo surgió este proyecto y cuál es la importancia de ese instrumento?

EV: Desde el año 2004, cuando la Defensoría tuvo conocimiento de los primeros conflictos, se decidió llevar adelante un monitoreo sobre la conflictividad social en el país, aquella que se origina donde la población ve, por un lado, el crecimiento económico, pero por otro, ve afectada su situación, su forma de vida, su medio ambiente. Esto ha llevado a que en muchas regiones del país se produzca conflictividad social en torno a lo que llamamos temas socio-ambientales, en la que hay una controversia frente a la inversión y su afectación o beneficio a las poblaciones indígenas. El reporte es muy serio y  objetivo, busca poner en conocimiento del Estado, de las comunidades y de las empresas aquellos problemas que pueden prevenirse con un buen diálogo y con mayor transparencia de cómo se llevan adelante estos procesos.

Actualmente, la Defensoría reporta un promedio de 208 conflictos según el último reporte; lo cual es buen indicador ya que cuando se inició este gobierno se empezó con aproximadamente 250 conflictos. Esta disminución sostenida se atribuye a un cambio de estrategia, en la cual hay que abordar a través del diálogo, que se está empleando con mayor frecuencia y está reduciendo los  niveles de conflictividad en el país. Asimismo, todas las entidades públicas están teniendo oficinas que atienden este tema, están ayudando a mejorar la manera de intervención preventiva frente a los conflictos sociales.

ED: Este año se cumplieron cinco años de los sucesos ocurridos en Bagua, se sabe que este boletín anticipó la magnitud de estos procesos sociales. A partir de estos hechos, ¿cree que se ha comenzado a utilizar en mayor medida este tipo de boletines, causando que las autoridades los tengan más en cuenta?

EV: El objetivo del reporte mensual de los conflictos sociales es alertar a las autoridades, las empresas y la ciudadanía de cómo actuar frente a una situación que ya está planteada. El fin es entonces conducir ese conflicto hacia los cauces legales, el diálogo y una solución pacífica. En el caso de Bagua, ello estaba avisado con cerca de dieciocho meses de anticipación, pero no se le prestó la atención debida. En caso de haberlo hecho, no hubiesen ocurrido dichas tragedias que aún marcan la relación con las poblaciones indígenas.

Este gobierno publicó en septiembre de 2011 la Ley de Consulta Previa, un instrumento que reconoce el derecho de las poblaciones indígenas  a ser consultadas frente a aquellas medidas que puedan afectar sus derechos, a partir de la suscripción del Perú al Convenio 169. Somos uno de los pocos países que ha seguido esta vía normativa de reconocimiento de derecho y ya hubieron algunos procesos de consulta que se han desarrollado que han tenido que ver con la conformación de reservas forestales y sitios con mayor resguardo. Lo que está pendiente es la implementación de consultas previas en actividades extractivas, tanto en la Amazonía como en la zona andina.

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