Por: Talia Hormaeche, asociada del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano.

Este gobierno inició el año con 212 conflictos sociales[1]. No obstante, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo[2], al cierre de mayo únicamente se registran 177. Si bien ello suena como una mejora, la realidad indica que en su mayoría se trata de una consecuencia directa de la reducción de inversión y la desaparición de uno de los actores participantes en la situación de conflicto: el inversionista. Ello debido a las variables internacionales que afectan la demanda mínima requerida para el desarrollo de proyectos, la oposición de la comunidad receptora que afecta su rentabilidad, situaciones de emergencia que afectan la seguridad de los actores, entre otras. De las variables antes mencionadas, es posible afirmar que las dos últimas podrían evitarse con un cambio de percepción, el cual requiere del trabajo conjunto por parte del Estado y de los inversionistas.

En esta entrega haremos referencia a la importancia de la participación del Estado, así como a la necesidad de contar con el respaldo de las autoridades locales y medios de comunicación, con el fin de exponer al país los diversos impactos positivos que podría tener un proyecto de inversión (ya sea de iniciativa estatal o privada) en una población y/o en su economía, a fin de asegurar la viabilidad de la inversión.

Actualmente existen mecanismos como la consulta previa, la participación ciudadana y las mesas de diálogo para involucrar a las comunidades ubicadas dentro del radio de influencia de un proyecto. Sin embargo, el gran problema sigue siendo la percepción de la población sobre el impacto del proyecto en su comunidad. Para cambiar esta percepción, además de las herramientas que ya existen, es necesario trabajar de cerca con los inversionistas para que desde el inicio, el proyecto sea visto por los pobladores como una oportunidad, y no como una amenaza.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el conflicto social se genera cuando la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorias. Si bien el conflicto de ideas es inevitable, que ello escale a una situación de conflicto social, no lo es.

Desde hace ya algún tiempo se ve con gran preocupación cómo la desinformación sobre los efectos positivos de la inversión perjudica la armonía y el desarrollo de una población; más aún cuando las ideas tienen origen en autoridades o referentes de la comunidad que influyen en la opinión de la población en cuestión. Es a raíz de estos sucesos que toma vital importancia el hecho de que el Estado –desde el nivel de gobierno que mas cercanía tenga con la población en cuestión- presente los alcances de la rentabilidad social esperada para el área de influencia, entendida como el valor que el proyecto aporta a la sociedad, una vez que se ejecute y se ponga en marcha.

Esta tarea cobra particular importancia cuando el Estado planifica un proyecto y entrega sus riendas a un tercero percibido como extraño por la población. Todos conocemos la desconfianza inicial que los agentes ubicados en el área de influencia de un proyecto tienen hacia el inversionista. Esta desconfianza empeora cuando sus autoridades o representantes no solo antagonizan el proyecto, sino que generan desinformación en la población, causan situaciones que entorpecen su desarrollo, e impiden el crecimiento económico y acceso a mejores condiciones de vida.

Por ejemplo el Estado, a través de las autoridades locales, podría comunicar a la población que será beneficiada por un proyecto de masificación del uso de gas natural, que el desarrollo de esta iniciativa traería consigo muchos beneficios como inversión al país, puestos de trabajo en la zona, mejoras en la calidad de vida de las personas que a la fecha utilizan combustibles contaminantes, generación de ingresos que permiten el acceso a servicios básicos, mejoras en la educación y desarrollo de infraestructura, creación de programas de apoyo social, generación de condiciones que permiten el emprendimiento de micro y pequeños empresarios, entre muchos otros. Este tipo de colaboración dotaría al proyecto de una imagen diferente y reduciría el común (y en muchos casos injustificado) antagonismo al inversionista.

Lo que se busca con esta tarea es evitar las declaraciones sin sustento y promover –desde una autoridad referente para la comunidad- la difusión de la rentabilidad social del proyecto, a fin de dar a conocer el impacto positivo que tendrá en la comunidad, materializado en el acceso a servicios básicos, creación de puestos de trabajo, desarrollo social, crecimiento económico de la zona, entre otros beneficios.

Los conflictos sociales son costosos para todos, pues crean una mala imagen para el país, y reducen nuestra competitividad y atractivo frente a la inversión. Es por esta razón que debemos considerar que la desinformación y persecución de intereses particulares, en el contexto que comentamos, debe ser severamente sancionada. Más aún si el actor antagónico se vale de su posición en la comunidad para lograr sus objetivos, o en su llegada y alcance como medio de comunicación, aprovechándose del grupo humano que busca en ellos protección.

Es claro que en nuestro país, el cumplimiento del ordenamiento legal no basta para desarrollar un proyecto, y se requiere del respaldo del Estado para dar a conocer situaciones de éxito en las cuales un proyecto ha generado progreso y crecimiento para una población. Dos ejemplos cercanos son el caso de la minería en Chumbivilcas localizada en Cusco y el de la ejecución del Proyecto Camisea. El desarrollo del primer proyecto ha contribuido con la reducción del índice de pobreza, y ha permitido que la población acceda a servicios básicos de saneamiento y educación. De esta forma, se mejoró la calidad de vida de las sociedades que se encuentran en el radio de influencia del proyecto. El segundo modificó en gran medida la matriz energética del país, y generó desarrollo de diferentes sectores de la industria y mejoras directas e indirectas en la calidad de vida de la población.

En conclusión, el Estado debe poner mayor énfasis en la gestión social preventiva, a fin de generar confianza en las actividades de inversión que se llevarán a cabo, e identificarlas como factores positivos de cambio a mediano y largo plazo.


[1] Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 154 – Diciembre 2016, elaborado por la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.

[2] http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php, Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 160 – Junio 2017.

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