No han pasado ni tres meses de iniciado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y este ya cuenta con su primer remezón político. En efecto, el ex asesor presidencial para temas de salud, Carlos Moreno Chacón, se ha visto envuelto en un escándalo por la publicación de tres audios en los que se revela, como él mismo lo ha denominado, un “negociazo” a costa de la salud de todos los peruanos. En resumidas cuentas, Moreno pretendía sacar provecho de un convenio entre el Seguro Integral de Salud (SIS) y la clínica privada Osteoporosis SAC, avalada por el Arzobispado de Lima.

A pesar de ello, esta no es la única perla de Moreno Chacón. En el 2012, estuvo inmerso en un escándalo por conflicto de intereses debido a que su negocio, Inversiones Versa Care SAC, proveía materiales al sector salud, cuando aún era asesor ministerial de dicha cartera. Él negó tal acusación y mencionó estar desvinculado de esa empresa desde el 2011. Moreno, quien en el audio señaló que “estar al lado del Presidente te abre todas las puertas”, fue asesor de dos ministros de salud en los gobiernos de Fujimori y Humala. Teniendo en cuenta los hechos, en el presente editorial analizaremos el poder que tienen los asesores presidenciales y cómo esta figura puede terminar yendo en contra de los intereses del país.

Los consejeros o asesores presidenciales tienen una participación relevante en las decisiones de gobierno. Sin embargo, la experiencia peruana nos ha demostrado que esta participación no siempre ha sido positiva. Vladimiro Montesinos, otrora asesor presidencial de Alberto Fujimori, es el ejemplo más claro del daño que un cargo como este podría representar para el gobierno peruano. Montesinos es señalado como el responsable de diversos delitos que van desde corrupción y narcotráfico, hasta desapariciones forzadas y matanzas durante el régimen fujimorista. Parte de lo que la actual defensa del ex presidente Alberto Fujimori arguye es que él no estaba al tanto de las actividades que tenía su asesor para organizar la mayoría de los delitos antes mencionados. Ello nos lleva a pensar que los asesores pueden llegar a tener un margen de discrecionalidad muy amplio, y que pueden exceder largamente sus atribuciones. Es decir, podrían actuar en representación del Presidente, aun cuando este no conozca de sus actividades . Es, sin duda, el poder tras el poder.

Es importante observar qué nos dice la regulación sobre este punto. El artículo 23º del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial estipula:

“La Comisión Consultiva del Despacho Presidencial está conformada por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por Resolución Suprema.

El cargo de miembro de la Comisión Consultiva es honorario y de confianza. No inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada (…)” (El resaltado es nuestro).

De la disposición normativa, se desprende que 1) se trata de un cargo que no permite una remuneración por la actividad desempeñada, pues es ‘honoraria’, y 2) no es impedimento para el consejero ejercer cualquier otra función en el ámbito público o privado. Estos dos elementos configuradores del cargo de asesor podrían desembocar, como es el caso de Moreno, en un conflicto de intereses, además de dar carta libre a la comisión de actos de corrupción.

El reglamento también indica lo siguiente: “El cargo de Consejero Presidencial no genera vínculo laboral de ninguna naturaleza con el Despacho Presidencial, ni actúan en relación de subordinación y no se encuentran comprendidos en el régimen laboral del Servicio Civil (…)”. Si bien los asesores no son estrictamente funcionarios públicos, no por ello deberían dejar de estar sujetos a un control permanente por el Sistema de Control Interno, en virtud de la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado (Ley Nº 28716), y en atención del artículo 435 del Código Penal, por cuanto se configuran como “designados, elegidos, o proclamados, por autoridad competente, para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades”.

En ese sentido, la labor del asesor también debe ser regulada con la finalidad de evitar cualquier comisión u omisión de infracción al deber. No se trataría de un reglaje, sino de una forma de supervisar las actividades que realizan los consejeros y que deben ser siempre en pro de los intereses del Estado, mas no de sus intereses particulares. Todo ello para evitar no solo actos de corrupción, sino también argumentos de desconocimiento por parte de los asesorados.

En los últimos días, la figura de los asesores ha sido muy discutida. Congresistas, como Mauricio Mulder, señalaron que es innecesario que el Presidente requiera asesores en distintas carteras, porque esa es la función precisamente de sus Ministros. Del lado del gobierno, señalan que no es perjudicial que se cuenten con asesores ad honorem, debido a que no representa ningún costo para el Estado, sino un aporte de gente especializada para brindar asesoría inmediata al Presidente.

Con lo expuesto, EnfoqueDerecho.com advierte que, si bien estos asesores no tienen un costo inmediato para el Estado, la ausencia de control y excesiva libertad funcional, permiten abrir resquicios por donde se puede colar la corrupción, que a la larga representan un daño mayor al Estado, no solo en la economía, sino en la credibilidad de sus órganos de gobierno, tan disminuida en nuestro país. La regulación de la figura debe ser parte de la discusión de fondo, teniendo en cuenta que ningún cargo público implica ventajas privadas, ni mucho menos supone un infame “negociazo”.

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