1. Fotografías demuestran vínculo entre Julia Príncipe y dirigente aprista

Luego de la publicación de fotografías en las que se ve a Julia Príncipe, Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), junto a Moisés Tambini, Presidente del Tribunal Nacional Electoral del Partido Aprista, además de ex abogado y amigo cercano de Alan García, se ha generado un corriente de opinión desacreditando la imparcialidad de Príncipe en el contexto de las investigaciones por el caso “Lava Jato”.

La cercanía con Tambini demostraría, de forma indirecta, vínculos con la cúpula del APRA y, específicamente, con García. Las suspicacias se centran en la elección de Príncipe como procuradora en abril de 2009, durante el segundo gobierno aprista, cargo que ocupó hasta el 2015 tras sostener una discusión mediática con Nadine Heredia y la contratación Emma Tambini Monge, nieta de Moises Tambini, en la Procuraduría de Lavado de Activos durante la época señalada. Entretanto, la titular de la defensa del Estado tuvo que rectificarse mediante carta pública luego de haber negado alguna relación amical con el dirigente aprista.
Es preciso señalar que el CDJE es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyas funciones principales son dirigir y supervisar la defensa de los intereses del Estado peruano a través de los procuradores públicos. Por ello, se ha conformado la Procuraduría Ad Hoc frente al caso “Lava Jato”. Lo que se teme, al fin y al cabo, es el posible conflicto de intereses que surgiría por el vínculo amical entre Príncipe y Tambini en la incorporación de Alan García en las pesquisas. Al respecto, la Presidenta del CDJE afirmó que esto deviene en imposible por la autonomía funcional de la Procuraduría correspondiente a este caso.

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2. Presidente Pedro Pablo Kuczynski en visita oficial a la Casa Blanca

Ante la invitación de Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América, la Comisión Permanente del Congreso de la República, el 16 del presente mes, autorizó el viaje de Pedro Pablo Kuczynski a EEUU, con la finalidad de reforzar los lazos comerciales con dicho país, explicarle las ventajas del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por ambos países e invitar a su homólogo estadounidense a la Cumbre de las Américas, la cual se llevará a cabo del 23 al 25 de marzo del 2018 en nuestro país. A la par, se proyectó una conferencia en Princeton sobre los retos y oportunidades del Perú.
El encuentro, finalmente, ocurrió el viernes 24 de febrero. La agenda se basó en el diálogo sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en la región. Sobre el último punto, trascendió que el Perú busca adquirir vehículos militares, los cuales serán destinados a la zona del VRAEM. Por otro lado, Donald Trump aceptó participar en la Cumbre de las Américas. Otro aspecto importante del encuentro fue el diálogo acerca de las políticas migratorias de la actual gestión. Sobre el particular, el Presidente del Perú expresó que los peruanos en el EE.UU. suman aproximadamente 700,000 y que solo 70 están encarcelados, por lo que no es correcto afirmar que somos “exportadores de criminales”.
Al margen de ser la primera visita de un Presidente latinoamericano a la Casa Blanca, esta ha sido la oportunidad de estrechar lazos con la primera potencia mundial. Las razones de convergencia son muchas. Por ejemplo, desde la economía, las exportaciones peruanas crecieron en 24,25% en 2016 con respecto al 2015, y EE.UU, por esta causa, tiene un superávit en relación con el Perú.

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3. Heredia y Graña y Montero relacionados con Odebrecht

Esta semana, Jorge Barata hizo algunas declaraciones antes los fiscales peruanos con respecto a montos de dinero que entregó a Nadine Heredia, así como las negociaciones que tenía con las empresas Graña y Montenero, y JJC Contratistas Generales. A continuación, desarrollaremos estos dos temas y, en el segundo caso, nos enfocaremos en la participación de Graña Montero.

Con respecto a Nadine Heredia, Jorge Barata declaró ante el fiscal Hamilton Castro que le hizo entrega de US$3 millones para la campaña del Partido Nacionalista Peruano en las elecciones presidenciales del año 2011. Esto, a solicitud de Marceo Odebrecht, ex director ejecutivo de la compañía, y del Partido de los Trabajadores de Brasil, cuyo líder es Luiz Ignacio Lula da Silva. Asimismo, aseveró que fueron entre tres y cuatro entregas, cuyo objetivo fue el financiamiento de la campaña del 2011.
Ante esto, Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama, afirmó que su representada no recibió dinero de la compañía y, además, anunció que no podían denunciarla por lavado de activos, ya que para que esto suceda la parte que recibe tiene que tener conocimiento de que el fondo es ilícito, lo cual no se conocía hasta estos últimos meses.

Las declaraciones hechas por Barata guardarían relación con los datos (fechas, montos y nombres) encontrados en las agendas de Nadine. Asimismo, se pueden vincular con los aportes fantasmas del nacionalismo en el año 2011 que superan los s/4 millones.

Con respecto a estas denuncias, Nadine Heredia y Ollanta Humanala serían denunciados por lavado de activos y no por soborno. Esto debido a que, a diferencia de Alejandro Toledo, no recibieron el dinero cuando eran funcionarios públicos y tampoco este tenía como fin directo la realización de una obra local.

Con respecto a Graña y Montero, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, aseguró que esta empresa, junto con JJC Contratistas Generales, tenían conocimiento de los pagos millonarios que se entregaron irregularmente al ex presidente Alejandro Toledo. Esto con la finalidad de adjudicarse los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica en el año 2005.

Frente a esto, el 24 de febrero la empresa Graña y Montero emitió un comunicado en el que niega las afirmaciones hechas por Barata. Ese mismo día, después de las declaraciones, las acciones de la empresa en mención sufrieron una caída histórica en la bolsa de Nueva York, ya que cayeron en un 34,97% y 33,33%.
Cabe destacar que a inicios de febrero, Mario Alvarado Pflucker, gerente general de Graña y Montero, indicó ante la Comisión ‘Lava Jato’ del Congreso que la empresa no tenía conocimiento sobre los pagos ilícitos realizados por Odebrecht al expresidente Toledo.

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4. Keiko Fujimori investigada por lavado de activos

La fiscal Sara Vidal de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos ordenó una investigación preliminar a Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos. Esto en base a tres hechos.

En primer lugar, se observó la compra sospechosa de dos inmuebles por parte de Joaquín Ramírez, ex secretario de Fuera Popular y financista de su última campaña. Estas propiedades están valorizadas en dos millones de dólares. Una de ellas sirvió como local de campaña de Keiko Fujimori y otra como sede de su ONG Oportunidades. En este sentido, la fiscal Vidal indicó que Joaquín Ramírez tiene un millonario desbalance patrimonial.

En segundo lugar, se consideraron las declaraciones que hizo el piloto peruano Jesús Vásquez a Univisión y al programa Cuarto Poder en las que afirmó que grabó una conversación con Joaquín Ramírez en una operación encubierta de la Drug Enforcement Administration (DEA) en el año 2013. En esta, Ramírez habría señalado que Fujimori le entregó 15 millones de dólares para lavarlos a través de una cadena de grifos que administraba Osías Ramírez, actual congresista fujimorista y hermano de Joaquín Ramírez. El destino de este dinero habría sido el financiamiento de la campaña electoral de Fujimori del año 2011.

En tercer lugar, se analizó la relación de Keiko Fujimori con su padre el ex Presidente Alberto Fujimori, quien cumple una sentencia de 25 años en el penal de la Diroes. Es importante recordar que este último está sancionado por corrupción de funcionarios; por ello, no se descarta que parte de ese dinero este siendo utilizado por la investigada y sus empresas para darle una apariencia de legalidad según afirma la fiscalía.

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