1. ¿Cuál es la función del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y en qué consiste la fiscalización ambiental?

La fiscalización ambiental, entendida como macro proceso, permite verificar si los administrados cumplen con la normativa ambiental, lo que involucra las normas generales y los instrumentos de gestión ambiental.

El macro proceso de fiscalización incluye las funciones de evaluación, monitoreo, vigilancia, supervisión y sanción. A través de estas funciones, las entidades de fiscalización ambiental determinan si los agentes del mercado cumplen con sus obligaciones ambientales. Dichas entidades –denominadas EFA- forman el Sistema de Fiscalización Ambiental, cuyo ente rector es el OEFA. En cumplimiento de dicho rol el OEFA promueve que las EFAs cumplan adecuadamente con su función de fiscalización ambiental a través de la aprobación de lineamientos y realización de un seguimiento al desempeño de su labor.

Adicionalmente, el OEFA ha venido asumiendo la supervisión directa de diversas actividades, como minería, hidrocarburos, electricidad, gas, algunas actividades industriales, pesquería, etc. El proceso de transferencia de funciones de las entidades de ámbito nacional continuará de manera paulatina.

2. De acuerdo con la agenda del presente gobierno, ¿cuáles son los principales retos y principales metas del OEFA a nivel nacional?

Se  espera que las funciones del OEFA se ejerzan de manera tal que haya una mejora de la calidad ambiental a partir del cumplimiento de la normativa ambiental, y esto presupone un adecuado ejercicio de la función de fiscalización, tanto la que ejerce directamente el OEFA como la fiscalización que está a cargo de las demás entidades públicas.

La actual ministra, Elsa Galarza, en diversas oportunidades ha hecho referencia a una supervisión con enfoque preventivo, y esto se logra cuando la supervisión se desarrolla en función a un análisis de riesgo. Esto significa que el supervisor debe concentrar sus esfuerzos y recursos en verificar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a los componentes de mayor relevancia, esto es, aquellos que de funcionar de forma incorrecta, generarían un alto impacto ambiental. De esta manera, una oportuna identificación de que algo en ellos debe ser corregido evitará que el daño ambiental se produzca.

Por otro lado, un criterio adicional que tiene en adelante el OEFA para determinar qué supervisar, son las zonas en las que la ciudadanía percibe que existe una significativa contaminación en los componentes del ambiente, ya sea agua, suelo o aire, y que esto estaría afectando a su salud y a la flora y fauna de su entorno. En estos casos, muchas veces coexisten diversas actividades que podrían estar contribuyendo con la contaminación, por lo que es muy importante para nosotros abordar de manera territorial la fiscalización ambiental. Esto implica que la fiscalización en cada una de estas zonas, debe realizarse de manera simultánea respecto de cada uno de los agentes económicos que despliegan sus actividades en dicho territorio. La idea es establecer quienes son los responsables y en qué grado contribuyen con la contaminación e imponer las medidas que correspondan.

3. ¿Cómo se están desarrollando las relaciones y coordinaciones entre el OEFA y otras entidades de fiscalización ambiental (EFAs)?

Durante los años precedentes, el OEFA ha establecido el llamado PLANEFA que es el plan de fiscalización que cada una de las entidades –con funciones de fiscalización ambiental– deciden desarrollar, cuyo cumplimiento es periódicamente reportado al OEFA. Asimismo, se levantó información sobre cuáles son las capacidades con las que cuentas las EFAS para realizar su labor de fiscalización. En adelante, lo que se pretende es fortalecer el rol de ente rector del SINEFA y que centrarnos en acciones concretas.

Es decir, la idea es contribuir con estas entidades con funciones de fiscalización ambiental para identificar cuáles podrían ser los temas prioritarios que merecen una atención a través de la fiscalización, y lograr que el impacto ambiental se evite o se reduzca. Por ejemplo, si en algunas de las ciudades –cuya responsabilidad en materia de fiscalización ambiental está en manos del gobierno local– la problemática está asociada al ruido, la idea es construir con ellos un plan de fiscalización que permita identificar cuáles son los agentes contaminantes y realizar las acciones que correspondan para imponer las medidas para que permitan que esto no siga ocurriendo. Para lograr ello, es posible que sea necesario previamente colaborar con la EFA para la construcción de un marco legal adecuado, un régimen sancionador –por ejemplo– o capacitar a sus funcionarios en las labores de supervisión, etc. para que dichas entidades logren un grado real de efectividad en el control de la contaminación ambiental.

4. ¿Cuál es la estrategia que utiliza el OEFA para afrontar incidentes como los últimos derrames de petróleo en la Amazonía?

La función que realiza el OEFA cuando toma conocimiento de estas situaciones es supervisar en campo lo que ha ocurrido para poder determinar si hay responsabilidad de la empresa y si ha cumplido con implementar el plan de contingencia, que tiene por objeto mitigar al máximo el impacto. En simultáneo, es objeto de supervisión la labor de limpieza, de comunicación a las comunidades que están involucrada o cercanas a lugar de los hechos, y la labor de remediación.

Ahora bien, la problemática social que afecta esta zona del país trasciende lo ambiental, es por ello que el Gobierno viene desarrollando un diálogo que no solo pretende brindar una solución a ese aspecto puntual, sino también atender las demandas que plantea la población en la medida de lo posible.

5. ¿Cuáles serán las medidas políticas y legislativas en cuanto a acciones preventivas a fin de fortalecer la presencia del Estado para disuadir incumplimientos que generan impactos ambientales negativos?

Como ya hemos señalado, en lo que corresponde a la fiscalización, la clave está en que la supervisión tenga enfoque preventivo. La prevención debería evitar que ocurran problemas de contaminación significativa derivados de una operación inadecuada de la actividad.

Cuando nosotros supervisamos una unidad fiscalizable debemos de identificar, dentro de ella, cuáles son los componentes de mayor riesgo. Es decir, aquellos que podrían generar un gran impacto en caso fallaran.

Tanto el marco normativo general como los instrumentos ambientales contienen muchas obligaciones que son desde formales hasta sustantivas. En ese sentido, debemos ser muy estratégicos, y el enfoque de supervisión por riesgo es el que orienta al supervisor para que se concentre en lo relevante. Esta supervisión con enfoque de riesgo debería ser la que se utilice tanto por el OEFA como por todas las entidades con funciones de fiscalización ambiental.

6. El próximo año concluirá la vigencia de la Ley N° 30230 (conocida como “paquetazo ambiental”), la cual restringió la potestad sancionadora del OEFA al privilegiar las medidas correctivas y limitar las sanciones al 50% de las multas establecidas. Al respecto, ¿cuál es la estrategia para medir el impacto que ha tenido esta norma en los administrados? ¿Considera que se consiguió el objetivo de impulsar la economía? ¿Sería recomendable prorrogar su vigencia?

Lo que la Ley 30230 establece en materia de la potestad sancionadora del OEFA es que ocurrido el hecho infractor, la consecuencia ya no sea una sanción, sino solamente una medida correctiva. En consecuencia, solo en el caso que la medida correctiva sea incumplida, se aplicaría una multa del 50%. Como resulta evidente, en los términos establecidos no es posible considerar que el objeto de la norma, que es “privilegiar la prevención”, se haya cumplido, dado que la medida no está vinculada a la etapa previa a la comisión de la infracción.

Es decir, si hablamos en términos de incentivos, los administrados no recibirán un castigo por sus conductas infractoras, porque este desaparece. Solo asumirán el costo derivado de la medida correctiva, en caso corresponda. A la fecha, es menos costoso infringir de lo que era con anterioridad a la Ley 30230.

En cuanto al impulso de la economía, a partir de esta Ley debemos señalar que no se ha acreditado si el hecho de no ser sancionado por las infracciones de índole ambiental, haya generado mayor inversión. La consecuencia directa de esta Ley es dejar impune muchas situaciones como la afectación a componentes del ambiente y recursos naturales que no son reconocidos en las excepciones de la Ley 30230.

Es decir, esta norma en principio protege fundamentalmente a la vida humana y la salud, dado que solamente la afectación muy grave a la vida humana y a la salud es lo que podría permitir a la fecha que se imponga una sanción. En consecuencia, una afectación derivada de una remediación indebida o el daño que un derrame genera a la flora o a la fauna, a la fecha, quedaría impune.

En cuanto a la prórroga de dicha limitación, el sector no está de acuerdo; sin embargo, somos conscientes que el enfoque con el que vino trabajando el OEFA antes de la dación de la Ley 30230 debe cambiar. Se destinaban muchos recursos a la supervisión de actividades de poco impacto. Adicionalmente, eran muchas las sanciones que se imponían por temas poco relevantes. En ocasiones, las empresas eran supervisadas más de una vez al año, sin que eso esté justificado, etc. A modo de ejemplo, una empresa nos demostró que durante un período de 7 meses había recibido a más de 100 supervisores. Esto es ineficiente tanto para el administrado como para el Estado.

Teniendo en cuenta ello, nuestro compromiso es brindar una  protección efectiva del ambiente a partir del ejercicio razonable de la función supervisora y de la potestad sancionadora, pero no por ello menos firme.

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