“Es necesaria la aprobación de una ley de personas desaparecidas” – Entrevista a Rafael Barrantes

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El padre de Roger Santos Cayllahua desapareció cuando este  tenía 7 años. Tras  un juicio y el respectivo perdón del militar que secuestró a su padre, Roger sigue sintiendo un enorme vacío frente a la incertidumbre de no saber donde están sus restos, y la imposibilidad de darle una  sepultura digna. Este es tan solo uno de los miles de casos que viven los familiares de las personas desaparecidas durante la época del conflicto armado interno, quienes tras 30 años esperan ser reconocidos y compensados.

Es en base a esta circunstancia que surge la campaña #Reúne, la cual busca impulsar la creación de un marco legal que ayude a la búsqueda de los sitios de entierro clandestinos y a la identificación de los restos humanos. A propósito de su reciente lanzamiento, y el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Camila Masini, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, entrevista a Rafael Barrantes, responsable del programa “Personas Desaparecidas” Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Bolivia, Ecuador y Perú. 

CM: En la actualidad, ¿cuál es la situación de los familiares de las personas desaparecidas entre 1980 y el 2000?

RB: Hay alrededor, aunque no se sabe con certeza, de 15,000 personas que desaparecieron durante esos años, y para cada una de ellas, familias que siguen esperando saber qué es lo que sucedió con sus seres queridos. Estas 15,000 personas desaparecidas están enterradas en alguno de los 6,400 sitios de entierro que se conocen a nivel nacional.

Desde hace más de treinta años los familiares de todas estas personas siguen sin noticias sobre cuál fue la suerte que corrieron sus seres queridos. Se fueron de sus casas por algún motivo; a algunos se los llevaron, otros nunca regresaron. Asimismo, pueden haber sido personas que estaban desplazándose, huyendo de la violencia, que se separaron de sus familiares debido al caos de esos años, o pueden haber sido soldados peruanos que cayeron en acción durante un enfrentamiento. Por cualquiera de estos motivos, hace más de treinta años las familias de estas 15,000 personas siguen sin saber qué es lo que ocurrió. La experiencia más grave para ellos es la incertidumbre de no tener noticias sobre si sus familiares están vivos o están muertos; esta incertidumbre es profundamente dolorosa y causa de mucho sufrimiento.

CM: ¿Cuáles han sido las medidas tomadas por el Estado peruano en relación a este tema?

RB: En particular, para buscar los restos de las personas desaparecidas, lo que se ha hecho es realizar investigaciones judiciales. Es decir, se ha creado un subsistema especializado de derechos humanos en la fiscalía del Ministerio Público, y se ha creado un equipo forense especializado en el Instituto de Medicina Legal del mismo. A través de estas dos unidades de fiscales y forenses, es que hoy se viene realizando la búsqueda de las personas desaparecidas. Sin embargo, estas son unidades diseñadas para la investigación judicial. Es decir, las medidas que el Estado ha tomado para buscar a las personas desaparecidas están relacionadas a continuar con la práctica habitual de realizar investigaciones judiciales en el marco de las cuales y como parte de la recopilación de evidencias es que se identifica a las personas.

Esta es una solución que no ha dado suficientes resultados. Ello no es algo que diga el Comité Internacional de la Cruz Roja; es algo que dice el mismo Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, las ONG y las organizaciones de familiares. Esto se debe a que en el marco de la investigación judicial, hay mucha información que no se puede recoger. La investigación judicial es un investigación rigurosa que tiene sus propios tiempos, pero esos no son los tiempos de las familias. La búsqueda de los restos tiene que caminar detrás de las actuaciones judiciales, para que los familiares recién puedan obtener respuestas. Es decir, se han tomado soluciones regulares propias de situaciones normales, pero no se han tomado decisiones adecuadas a la excepcionalidad de este problema.

CM: Frente a ello, ¿cuáles son los objetivos de la campaña #Reúne?

RB: El objetivo de la campaña es promover que se apruebe una ley de búsqueda de personas desaparecidas. En octubre del 2012, la mesa de trabajo sobre búsqueda de personas desaparecidas (que no es más que una mesa técnica conformada por las ONGs que trabajan el tema desde el punto de vista de la salud mental o desde el punto de vista forense), así como las instituciones del Estado relacionadas al tema (nuevamente desde el punto de vista de la salud mental o la investigación forense), promovieron un consenso sobre cuál era la mejor solución a este problema. Este consenso fue logrado, además, con la participación de distintas instituciones del Estado, como la Cancillería, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Aquello en lo que están de acuerdo, es en la creación de una política de Estado que permita priorizar los objetivos humanitarios a los judiciales, sin afectar los objetivos judiciales, y que esta solución conforme una unidad en el Ministerio de Justicia. Todo ello, a través de una ley que te ofrezca el poder suficiente como para poder coordinar con las distintas instituciones del Estado involucradas. Lo que promueve la campaña #Reúne es que se apruebe esta ley. Existe un borrador de la misma, que ha sido trabajado por el Ministerio de Justicia, y que tiene también un amplio consenso entre todos los involucrados. Lo que esta campaña está buscando, es que se apruebe

CM: A la fecha,  ¿cuáles han sido los mayores retos desde la creación de esta campaña?

RB: El único reto importante de la campaña, porque ya tenemos un consenso técnico, es lograr un consenso social y humanitario alrededor de la importancia de este tema. Este debe tener la atención, no solamente de los políticos, sino de la sociedad en general, los medios de prensa, los académicos, etc; quienes se deben comprometer en difundir la necesidad de una solución. El consenso técnico, como he dicho, ya existe. Lo que no existe todavía de manera suficiente, es un consenso humanitario, moral, social y político respecto al tema. Tenemos mucha confianza en que se puede lograr ese consenso. Tras haber recibido gestos de adhesión importante de personas de instituciones y sectores completamente diversos, realmente tenemos la confianza de que, más allá de las posiciones que puedan haber respecto de lo que ocurrió durante el conflicto, se puedan poner todos de acuerdo respecto al derecho que tienen los familiares de las personas desaparecidas de dar un entierro digno a sus seres queridos

CM: Como responsable del programa “Personas desaparecidas” Delegación Regional del Comité I internacional de la Cruz Roja, ¿de qué manera se ha vinculado esta institución con los familiares de las víctimas?

RB: Desde hace muchos años, nosotros venimos apoyando a las instituciones del Estado involucradas en temas de salud mental, instituciones forenses y al Ministerio de Justicia, asesorándolos técnicamente en todo lo relacionado con respuestas adecuadas a los familiares. Asimismo, venimos apoyando a los familiares a que vean atendidas sus necesidades y que sean capaces de expresarlas.

Nuestro involucramiento es viejo con las organizaciones de víctimas. En particular, para esta campaña, lo que hemos recibido es la solicitud de la coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas de la Violencia Política, respecto a una asesoría general sobre cómo es que tendría que desarrollarse esta campaña. Nosotros los hemos asesorado diciéndoles que es importante que la campaña esté específicamente dirigida a priorizar los objetivos humanitarios sobre los judiciales.

CM: De lograrse los objetivos de esta campaña, ¿cuáles serían los impactos de esta, no sólo para los familiares de las víctimas, sino a nivel nacional?

RB: Bueno, como bien tú dices, más allá de los efectos concretos en los familiares, que son evidentes, hay zonas en este país en donde hay un sitio de entierro cada tres kilómetros cuadrados. Estamos hablando a nivel de provincia, por ejemplo, de provincias como La Mar o Huanta. Si hiciéramos ese cálculo a nivel de distritos, seguramente la cifra sería más complicada aún. Hay grandes zonas del territorio peruano donde el paisaje habitual es de desaparecidos;  por donde caminan los niños para ir a las escuelas, hay sitios de entierro. Es el entorno cotidiano. Imagínate que te estás yendo a la universidad todas las mañanas y no pasas por huacas, sino por estos sitios, donde hay personas que no han sido identificadas debido a un conflicto reciente, personas que tú sabes están siendo buscadas por sus seres queridos. Realmente creemos que esta es una importante oportunidad para el Estado peruano de demostrar la forma en que honra los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional y demostrarles a sus ciudadanos que se preocupa por ellos.

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