Por Daniel Reyna Vargas, asistente de cátedra del curso de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Piura y Asesor Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.

El 30 de diciembre de 2016, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Administrativa N° 343-2016-CE-PJ, de fecha 26 de diciembre de 2016, mediante la cual el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial creó dos Salas Transitorias en la Corte Suprema de Justicia. La intención, según se desprende del considerando primero de la referida resolución, sería la de contar con una Sala Penal especializada en delitos tributarios, aduaneros, de mercado y ambientales; así como con una Sala Suprema especializada en procesos contencioso administrativos en materia tributaria y aduanera y en temas de regulación y mercado.

Las Salas Supremas Transitorias en la estructura judicial peruana

Desde luego, las Salas Supremas Transitorias no son algo nuevo. Al contrario, forman parte del escenario judicial al que nos hemos acostumbrado, a tal punto que, a pesar de que el T.U.O de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto Supremo N° 017-93-JUS) solamente prevé la existencia de una Sala Suprema por especialidad (Civil, Penal y de Derecho Constitucional y Social), diversas normas procesales hacen referencia a una pluralidad de Salas[1]. Así, lo llamativo de esta resolución es que la Corte Suprema nunca había contado con nueve Salas, lo que implica nada menos que cincuenta Jueces Supremos en actividad.

El artículo 82, inciso 3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que compete al Consejo Ejecutivo la determinación del número de las Salas Supremas Permanentes y, excepcionalmente, Transitorias. El inciso 18 de dicho artículo precisa además que las Salas Transitorias pueden ser conformadas por un plazo no mayor a tres meses.

En ese contexto, el 28 de diciembre de 2000, el Consejo Transitorio del Poder Judicial expidió la Resolución Administrativa N° 028-2000-CT-PJ, por la que propuso a la Sala Plena de la Corte Suprema la creación de una Sala Transitoria de cada especialidad. Esta propuesta fue aprobada[2] mediante Resolución Administrativa N° 011-2000-SP-CS, de la misma fecha, disponiéndose la creación de estas Salas Supremas Transitorias por tres meses.

Desde entonces, cada tres meses, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emite una resolución administrativa por la que prorroga la vigencia de las Salas Transitorias por tres meses más[3]. De esta manera, las Salas Transitorias lo son solamente en el nombre: en la práctica, la Corte Suprema consta de seis Salas, como mínimo. Ha sido común que ese número se eleve a siete por la conformación de una Sala Penal Transitoria adicional e inclusive en el año 2008 se llegó a contar con ocho Salas Supremas al constituirse una Sala Penal Especial de tres magistrados a dedicación exclusiva para el procesamiento del expresidente Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Durante los años 2010 a 2012, el número de Salas Supremas se mantuvo en seis (es decir, una Sala Permanente y una Sala Transitoria por cada especialidad), hasta la creación de una Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria adicional mediante la Resolución Administrativa N° 013-2013-CE-PJ, situación que se mantuvo hasta el Año Judicial 2016. Hoy, al iniciar el Año Judicial 2017, se rompe nuevamente el récord y se contará con nada menos que nueve Salas Supremas: dos Salas Civiles, tres Salas Penales y cuatro Salas de Derecho Constitucional y Social.

Desde luego, la intención del flamante Presidente de la Corte Suprema ha de ser la mejor. Sabido es que la carga procesal que afronta este alto tribunal es sobrecogedora y que más órganos jurisdiccionales en principio implican una mayor producción. Lamentablemente, la solución adoptada no es tan sencilla y genera problemas propios.

Primer problema: necesidad de mayor presupuesto

El primer escollo es el presupuestario. Al implementar dos Salas Supremas adicionales, cuando menos, se eleva el sueldo de diez Jueces Superiores Titulares al de Jueces Supremos Provisionales. Ello sin contar con la necesaria ampliación del gabinete de asesores, la implementación de salas de audiencias adicionales y todas las consideraciones logísticas que demanda la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, por temporales que estos pretendan ser. La Resolución Administrativa N° 343-2016-CE-PJ señala escuetamente que la Gerencia General del Poder Judicial cuenta con los recursos necesarios para acometer esta empresa, lo cual genera más preguntas que respuestas.

Segundo problema: jurisprudencia incoherente

Otro gran riesgo, de mayor relevancia jurídica, es el surgimiento de criterios disímiles en la jurisprudencia. Este problema es abordado por el autor catalán Jordi Nieva Fenoll de la manera siguiente, refiriéndose al Tribunal Supremo español: “Como se ve, se ha dividido al Tribunal Supremo en salas, o bien se ha aumentado el número de magistrados. Y nada de ello es eficaz, porque de esa forma se rompe la uniformidad jurisprudencial que debería conservar, por su propia esencia, todo Tribunal Supremo. De ese modo, lo único que se consigue es que cualquier recurrente busque en la jurisprudencia cualquier precedente que le interese, y que lo encuentre, por supuesto. El problema de ello es que los precedentes pueden ser absolutamente contradictorios (…)”[4].

No debe perderse de vista que, en el caso peruano, la Ley Orgánica del Poder Judicial preveía que solo existiera una Sala Suprema de cada especialidad. El que haya más de una Sala Suprema por especialidad inevitablemente llevará a la aplicación de criterios distintos para casos similares, pudiendo llegarse a la situación de que el sentido del caso se decida según sea asignado a la Sala Permanente o a la Sala Transitoria, lo cual se agrava al agregarse una segunda o hasta tercera Sala Transitoria más. Esta amenaza de “jurisprudencia incoherente” solamente mellará la autoridad de la Corte Suprema, al disminuir el nivel de uniformización de la interpretación de la ley y al permitir que surja jurisprudencia que pueda ser usada para sustentar posturas contradictorias[5]

Desde luego, la distribución de materias distintas para cada Sala Suprema de una misma especialidad aminora en cierto grado este riesgo, pero no lo elimina del todo, en especial si la delimitación de materias no es lo suficientemente prolija y obedece a cuestiones coyunturales o intenciones de descarga antes que a criterios de especialización jurídica. Por su parte, esta distribución acarrea el riesgo de que los litigantes procuren que sus controversias sean forzadas en una u otra categoría con el objeto de que sean dirigidas a la Sala que maneje el criterio más favorable.

Tercer problema: incremento de la provisionalidad judicial 

Finalmente, debe repararse en que la creación de Salas Transitorias trae consigo el incremento de la provisionalidad nada menos que en la corte de vértice. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 29 que la Corte Suprema está conformada por veinte Jueces Supremos, de los cuales cinco se dedican a funciones de gobierno[6] y quince ejercen función jurisdiccional, conformando las tres únicas Salas Supremas que la referida norma establece. La creación de Salas Supremas Transitorias conlleva la necesidad de llamar Jueces Supremos Provisionales para llenar estas plazas.

Hoy, con nueve Salas Supremas, el número de Jueces Supremos requerido para ejercer función jurisdiccional es de cuarenta y cinco, haciendo un total de cincuenta Jueces Supremos si se adiciona a los cinco magistrados en funciones de gobierno. Ya que veinte son Jueces Supremos Titulares, los treinta restantes serán Jueces Supremos Provisionales, es decir, Jueces Superiores Titulares que son temporalmente ascendidos para ejercer como Jueces Supremos.

Esta situación genera que Jueces Provisionales carezcan de estabilidad en el cargo que desempeñan, pues pueden ser removidos y reemplazados en cualquier momento por el Presidente de la Corte Suprema al amparo de lo que dispone el artículo 76, inciso 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El problema es que esta potestad ha sido utilizada en el pasado como un mecanismo de control de la judicatura por parte del poder político[7] y atenta frontalmente contra el punto duodécimo de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas[8], el que garantiza la inamovilidad de los jueces.

Adicionalmente, si bien el artículo 66 de la Ley de Carrera Judicial (Ley N° 29277) dispone que debe darse prioridad a los Jueces que ocupen el puesto más alto en el cuadro de méritos para ser designados como provisionales en una plaza superior, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha interpretado a través de la Resolución Administrativa N° 173-2015-CE-PJ que dicho artículo perdió vigencia como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente 00006-2009-PI/TC, aunque la referida sentencia no lo haya declarado inconstitucional expresamente.

En otras palabras, actualmente el Presidente de la Corte Suprema tiene plena discrecionalidad para decidir qué Jueces Superiores Titulares serán designados como Jueces Supremos Provisionales y hasta cuando se desempeñarán como tales, siendo el único límite el que los magistrados designados cumplan con los requisitos especiales para ser Juez Supremo que contiene el artículo 6 de la Ley de Carrera Judicial. Al encargarse unilateralmente de la designación de tres quintas partes de la Corte Suprema, será el Presidente del Poder Judicial –y no el Consejo Nacional de la Magistratura– quien determinará el perfil del Juez Supremo peruano. Sin que se pretenda echar dudas sobre la corrección y transparencia del actual Presidente de la Corte Suprema ni de ninguno de sus predecesores, es innegable que se trata de una elevadísima cuota de poder discrecional concentrada en una sola persona, el que no está sujeto a control alguno.

A modo de conclusión

Con gran acierto, el jurista argentino Roberto Berizonce refiere que las soluciones propuestas para disminuir la carga procesal de las altas cortes suelen atacar los efectos del problema antes que las causas, manteniéndose los problemas de sobrecarga en los juzgados de primera instancia, que se encuentran tan o más atiborrados de causas pendientes: “En este contexto, parece irrefutable que el descongestionamiento de las causas debe erigirse en objetivo de todo el sistema de Justicia, no sólo como respuesta para el agobio de los Tribunales Superiores. (…) Sintéticamente: si funciona de modo adecuado la primera instancia, automáticamente se alivia la carga de los Tribunales Superiores”[9].

En suma, y sin pretender sobresimplificar una situación tan compleja y con tantas aristas como es la sobrecarga procesal, es imperativo reconocer que la creación de Salas Supremas Transitorias no es sino un parche diminuto a una problemática estructural, parche que no viene libre de sus propias complicaciones.


[1] Por ejemplo, el artículo 400 del Código Procesal Civil, luego de la modificación operada por la Ley N° 29364, habla del “pleno de magistrados supremos civiles”, convocado por la Sala Suprema Civil, entendiéndose que deben incorporarse magistrados que no pertenecen a la Sala que convoca; el artículo  433 del Código Procesal Penal de 2004 establece que el Pleno Casatorio de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema será convocado de advertirse que “otra Sala Penal Suprema” sostuviera criterios distintos; y, finalmente, el artículo 40 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo dispone que la Sala Constitucional y Social puede convocar al pleno de los jueces supremos que conformen otras salas de la misma materia, si las hubiere, a fin de emitir un precedente judicial.

[2] Cabe precisar que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley N° 27367, las decisiones del Consejo Transitorio del Poder Judicial relativas a la estructura de los órganos jurisdiccionales requerían aprobación de la Sala Plena de la Corte Suprema.

[3] La última ocasión en que ello ocurrió fue con las Resoluciones Administrativas N° 259-2016-CE-PJ y N° 334-2016-CE-PJ, de fechas 5 de octubre y 21 de diciembre de 2016, respectivamente.

[4] Nieva Fenoll, Jordi. “El modelo anglosajón en las Cortes Supremas: ¿Solución o elusión del problema de la casación?”. En: Oteiza, Eduardo, coord. Cortes Supremas. Funciones y recursos extraordinarios. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2011. p. 83.

[5] Cfr. Taruffo, Michele. “La Corte de Casación entre legitimidad y mérito”. En su: El vértice ambiguo. Ensayos sobre la casación civil. Lima: Palestra Editores, 2006. p. 149.

[6] Estos incluyen al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, a los dos Jueces Supremos que integran el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, todas labores a dedicación exclusiva; y al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que goza de licencia para desempeñar tal cargo.

[7] Vid. Pásara, Luis. “Jueces, Justicia y Poder en el Perú”. En su: Tres claves de la Justicia en el Perú. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010. p. 178; Gonzales Mantilla, Gorki. Los jueces. Carrera judicial y cultura jurídica. Lima: Palestra Editores, 2009. pp. 405-407.

[8] Los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura fueron adoptados en el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Milán, 1985) y confirmados por la Asamblea General mediante las Resoluciones N° 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y N° 40/146 de 13 de diciembre de 1985.

[9] Berizonce, Roberto Omar. “Sobrecarga, misión institucional de los Tribunales Superiores y desahogo del sistema judicial”. En su: El proceso civil en transformación. La Plata: Librería Editora Platense, 2008. p. 152.

 

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