Hace casi tres años, Lima fue escogida como sede de los Juegos Panamericanos que tendrán lugar en el año 2019. A pesar de los dos comités organizadores creados para la organización de este evento de gran magnitud, aún no se cuenta con un plan maestro de infraestructura conocido, ni con la ubicación de los lugares donde se llevarían a cabo estos eventos deportivos. Frente a esta situación, congresistas de la oposición han manifestado su voluntad para interpelar al Ministro de Educación. Ello con la finalidad de que este responda por el retraso en la organización de los Juegos Panamericanos. En este sentido, el presente editorial analiza la idoneidad de esta medida, y cuáles podrían ser los intereses detrás de ella.

 La interpelación es una figura de control parlamentario cuya finalidad es evaluar la responsabilidad política sobre un tema específico. De acuerdo con el artículo 131° de nuestra Constitución, “es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos”. Así, el ministro [o Consejo de Ministros] debe responder a un pliego interpelatorio de nuestros legisladores. En caso sus respuestas no sean lo suficientemente satisfactorias, un veinticinco por ciento de los congresistas puede solicitar el voto de censura[1]. En efecto, esta es una herramienta de control para casos límites, en los que efectivamente se busque determinar la responsabilidad política respecto a algún tema.

Una figura, diferente a la interpelación, para rendir cuentas sobre el estado de un tema al Congreso, es la invitación a los Ministros, la cual se encuentra en el artículo 129 de nuestra Constitución. Esta refleja el interés del Parlamento de conocer el estado real de un asunto de interés público, y adoptar las medidas necesarias para su corrección o realización, lejos de efectivizar la responsabilidad política de un Ministro o el Gabinete. Si la verdadera intención de nuestros legisladores es evaluar el avance de la organización de los Juegos Panamericanos, estos pueden utilizar esta institución sin la posible decisión de vacarlo del puesto, como configura la interpelación. “No me quiero ir al extremo de que hay que interpelarlo, censurarlo y sacarlo, porque sí creo que hay otros intereses detrás, y hay que abrir los ojos y aprender a que no hay una intención sana detrás de ese grito”, sustentó Marisa Glave sobre la opción de interpelar al Ministro Saavedra[2].

Ahora bien, ¿cuáles son los intereses detrás de esta interpelación? Un boicot a la nueva Ley Universitaria, señaló el vicepresidente Martín Vizcarra. Efectivamente, resulta curioso que los principales promotores de la salida del ministro Saavedra, se hayan opuesto públicamente a la Ley Universitaria. Veamos: Lucio Ávila, quien irónicamente preside la comisión de Educación del Congreso de la República, fue rector de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, y, en su momento, se opuso a la promulgación de la Ley Universitaria; Guillermo Bocángel Weyder fue rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y, al igual que Ávila, estuvo en contra de la fiscalización de los recursos de las universidades. Asimismo, Miguel Ángel Elías Ávalos, es hermano del fundador de la Universidad San Juan Bautista; Osías Ramírez, hermano de Joaquín Ramirez, es sobrino del rector de la Universidad Alas Peruanas; y Richard Acuña, es hijo del fundador de la Universidad César Vallejo. Finalmente, se han identificado a 20 legisladores más que se desempeñaron como docentes en universidades[3] que se han visto “perjudicados” por la nueva Ley Universitaria.

Más allá de esto, los cuestionamientos frente a la demora de la organización de los Juegos Panamericanos no son del todo infundados. No se contó con un estudio de rentabilidad previo para postular como sede a los Juegos Panamericanos en el 2013. Esto puede demostrarse en el hecho que, hasta hace algunos meses atrás, se haya dicho que la Villa Panamericana, donde vivirán los atletas, estaría en el Callao, para luego en marzo cambiar su ubicación a Villa El Salvador. Asimismo, se dijo que el financiamiento de este evento provendría únicamente del sector privado, para ahora decir que también se utilizarán fondos públicos. En el caso específico de Saavedra, no ha explicado “por qué durante su gestión en el gobierno anterior se decidió no aceptar el primer plan maestro de infraestructura presentado en noviembre del 2014 por el Comité Organizador que presidía Quiñones, y se optó en cambio por crear una segunda Copal en febrero del 2015”[4].

Sin embargo, a pesar de que efectivamente existe un retraso en cuanto a la organización de los Juegos Panamericanos del 2019, la interpelación, lejos de buscar que se efectivice este proceso, aparenta ser una mera excusa para obstaculizar la nueva Ley Universitaria. El Perú no debió aventurarse a un evento de tal magnitud sin haber hecho los estudios previos, pero esto no es culpa completa del actual Ministro de Educación. La presente situación traduce un nuevo caso del que estamos mal acostumbrados: el acaparamiento por los intereses políticos opacando el desarrollo de nuestro país.


[1]http://www4.congreso.gob.pe/dgp/didp/boletines/investidura/imagenes/imagenes/landa_controlparlamentario.pdf

[2] http://www.ideeleradio.org.pe/lo-mas-visto/juegos-panamericanos-2019-glave-afirma-que-saavedra-debe-informar-pero-no-via-interpelacion/

[3] http://larepublica.pe/impresa/politica/809381-que-hay-detras-de-la-interpelacion-al-ministro-jaime-saavedra

[4] http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/prueba-acida-carrera-contra-tiempo-informe-especial-noticia-1937520?flsm=1

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