Por Victor Saco, Profesor Ordinario del Departamento Académico de Derecho de la PUCP, especialista en Derecho Internacional Económico.

Hace ya unos meses, a finales de Julio, la OCDE emitió un estudio sobre la política regulatoria de nuestro país[1]. Este informe es importante debido a que resalta aspectos que Perú tiene que tomar en cuenta si quiere alcanzar en su territorio los estándares de los miembros de esta organización.

Como me comentaba en una conversación personal Pierre Sauvé[2], la OCDE no te obliga mediante normas o tribunales (la organización no tiene uno), sino mediante la competencia. Es decir, Perú entra a “jugar en otra liga” y la competencia para no quedar al fondo de “la tabla de posiciones” entre los miembros lo hará lograr alcanzar mejores estándares. Alguna vez, un amigo chileno me comentó que el ingreso a la OCDE de su país fue algo deprimente en un inicio, pues pasaron de ser el alumno aplicado, el mejor en (la liga de) Latinoamérica, a ser de los últimos (en la liga) de la OCDE.

Un ejemplo de los esfuerzos que puede hacer Perú se reflejan en el mencionado informe. Este documento menciona, en su prólogo, que se referirá a la evaluación de las políticas, instituciones y herramientas empleadas por el Gobierno peruano para diseñar, implementar y lograr el cumplimiento de regulaciones de gran calidad (página 3). Entre las recomendaciones que quiero destacar, se encuentran las siguientes:

  • El Perú debería contar con una única política regulatoria para todo el gobierno, pues carecemos de ella a pesar de los buenos intentos sectoriales impulsados por la PCM o Indecopi (p.17).
  • Contar con un sistema de evaluación ex ante o previo para las propuestas legislativas o modificaciones normativas (p.18), que vaya más allá del trabajo realizado por el Consejo de Coordinación Vice-ministerial.

Para alcanzar esto último, se propone un Análisis de Impacto Regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) para todas las inciativas normativas. Todas las entidades que crean normas tendrían que realizar un RIA previamente a la emisión de nuevas reglas con miras a que este les ayude a la calidad de las últimas. Los RIAs y las nuevas normas tendrían que ser consultadas con el público por un plazo no menor a 30 días. Asimismo, los comentarios deberían ser públicos y las entidades públicas podrían ser fiscalizadas respecto al tratamiento de los comentarios (p.20).

Estas últimas propuestas respecto a la forma de emintir nuevas normas y los RIAs, serían de gran ayuda para evitar conflictos con inversionistas extranjeros protegidos por acuerdos internacionales. Recordemos que la poca transparencia en la emisión de normas puede ser cuestionada por afectar los estándares de expropiación indirecta o trato justo y equitativo, que protegen a los inversionistas extranjeros. Tengamos en cuenta también que estos estándares, en la mayoría de tratados de inversión del Perú, están sujetos a una redacción bastante amplia y por tanto, también sujeta a una amplia interpretación.

De esta forma, contar con procesos más ordenados y transparentes permiten que Perú sea menos susceptible de ser demandado internacionalmente por la vulneración de tratados internacionales de inversión. Piense como ejemplo en el caso Baer Creek, comentado anteriormente en este blog, donde una de las críticas de la empresa estaba relacionada con la emisión de Decretos Supremos que supuestamente fueron emitidos de manera poco transparente y la falta de consulta a las comunidades de la zona[3][4]. El caso Bear Creek ante el CIADI se hubiera podido envitar con una buena y coodinada política regulatoria.

En conclusión, señalamos (nuevamente) que estar en la OCDE nos permitirá superarnos a nosotros mismos; y esa mejora, a su vez, contribuirá a evitar conflictos innecesarios y demandas internacionales. Sin embargo, esta debería ser una meta del Estado (con o sin el ingreso a la OCDE).


[1] https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Pol%C3%ADtica-Regulatoria-en-el-Perú-aspectos-clave.pdf

[2] http://www.wti.org/institute/people/37/sauve-pierre/

[3]http://blog.pucp.edu.pe/blog/mineriagobernanzaderechojlcn/2012/09/24/bear-creek-la-accion-de-amparo-contra-el-d-s-n-032-2011-em-que-deja-sin-efecto-el-petitorio-minero-del-proyecto-minero-santa-ana/

[4] https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC8122_Sp&caseId=C3745

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