Pedro Pablo Kuczynski ha jurado el cargo de presidente de la República del Perú, por cinco años, como manda la Constitución. En un régimen presidencial atenuado con instituciones parlamentaristas, le corresponde junto a sus ministros asumir la dirección política del país, en el marco de la Constitución y las leyes. Esto es, con respeto a los derechos fundamentales, la división de poderes y a la economía social de mercado, fundamentalmente.
Para la implementación de su plan, el gobierno requiere promover su identificación con los mejores valores y tradiciones de nuestro Estado Democrático Constitucional, proveniente de la integración pluralista de nuestros pueblos. Solo en ellos reside la soberanía popular, que no se agota en las elecciones políticas, sino que se expresan cotidianamente en las demandas pendientes por mayor seguridad, empleo, educación, salud, justicia y bienestar en general.
De modo que la motivación de la mayoría de la población para adherirse a la política general que implemente el nuevo gobierno, no está centrada en las medidas macroeconómicas de promover la inversión extranjera, reducir progresivamente el IGV, renegociar el contrato de gas, asegurar el desarrollo energético o la expansión del comercio exterior, entre otras. Por el contrario, esta motivación se centra en los beneficios directos y/o inmediatos de las ofertas electorales, tales como la mejora de la seguridad ciudadana, el aumento de las remuneraciones, agua para todos, acceso universal a la salud, educación pública de calidad, protección de los grupos vulnerables, etc.
Para tal efecto, el patriotismo constitucional se apoya en una identificación de carácter reflexiva de la población, no solo por la satisfacción de sus legítimas necesidades y expectativas, sino en la comprensión que para lograr estas se requieren medidas macro y microeconómicas que sean conformes a la Constitución. Esto es, que satisfagan los derechos fundamentales y el principio de soberanía popular. Esta forma de identidad cultural, a través de la democracia constitucional, no es incompatible con sus tradiciones locales y culturales, sino que quedan protegidas por el patriotismo constitucional.
Ahora bien, no basta que los derechos fundamentales se conviertan en profundas convicciones ciudadanas, sino que en su realización surja una solidaridad con los más desprotegidos. Ello se asienta mínimamente en el principio de justicia y de la igualdad de trato y no discriminación. Por eso es tarea del gobierno asegurar la identidad ciudadana con el patriotismo constitucional, mediante el cumplimiento de su plan de gobierno en el marco de los mandatos normativos del mismo.
Propio del patriotismo constitucional es integrar la democracia y la gobernabilidad atendiendo las demandas legítimas del interior del país. Para lo cual es necesario responder: ¿cuánta democracia le falta a la gobernabilidad? De modo que la solución o al menos la canalización de las demandas y conflictos sociales latentes o activos en las distintas regiones del país, será un termómetro del avance o afirmación del patriotismo constitucional. Pero, asimismo, frente a las demandas localistas que desconocen, por ejemplo, que los recursos naturales son también patrimonio de la Nación, es legítimo preguntarse: ¿Cuánto pluralismo puede soportar la democracia?
En cualquier caso, las divergencias que se presenten entre el gobierno y la oposición política, social y/o cultural, tienen cauces institucionales de resolución, propias de nuestra democracia constitucional. Me refiero a la Corte Suprema y en última instancia al Tribunal Constitucional. Motivos por los cuales, el patriotismo constitucional requiere que dichos poderes sean independientes y neutrales, no solo de los poderes políticos, sino también económicos y, sobretodo, de los medios de comunicación.
Más aún, dada la crisis institucional por la cual atraviesan muchas instituciones públicas, no solo las del sistema de justicia -como el Consejo Nacional de la Magistratura-, cabe concluir que, para llevar a cabo las políticas de Estado que postula el gobierno, se debe relanzar nuestra democracia constitucional de camino al Bicentenario; contando para tal efecto con el patriotismo constitucional, en tanto constituye una de las pocas posibilidades sólidas para integrar legítimamente una defensa de los intereses populares y ofrecer una regeneración ética de la política, la economía y del derecho.
Girona, 28 de julio de 2016.
