Por Elody Malpartida, estudiante de la Facultad de Derecho PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho.

A inicios de la presente semana, el Congreso de la República archivó un proyecto de ley que tenía como objeto despenalizar la práctica del aborto en casos en los cuales el embarazo haya sido producto de una violación. Que se haya propuesto esta medida no debería sorprender a nadie: según un reporte de Infos, el Perú es el país con más denuncias por violación sexual de la región, con una tasa de 22.4% por cada 100,000 habitantes. Asimismo, sigue sin ser novedad el hecho que, según la organización Flora Tristán, el aborto incompleto sea la tercera causa de muerte materna en nuestro país. Es decir, actualmente en el Perú, las mujeres no solo tienen altas probabilidades de ser violadas, sino de morir en el caso que decidan practicar un aborto clandestino ante el embarazo producto de la violación.

Independientemente de cuál sea nuestra postura sobre el aborto y su despenalización, las cifras mencionadas anteriormente denotan varios problemas de fondo que nuestro país no está abordando adecuadamente. Uno de ellos es que el Estado peruano, en el caso que seamos violadas, no nos da ninguna otra opción más que rezar porque no quedemos embarazadas como fruto de ese terrible hecho. Esto se debe a que hoy en día ningún centro público de atención a la salud ofrece el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) – mejor conocido como “la píldora del día siguiente”- a víctimas de violación.

La distribución gratuita del AOE por parte de entidades de salud públicas se encuentra prohibida en nuestro país desde el año 2011. A través de la Resolución 652-2010 del Ministerio de Salud (MINSA), se indicó que, en base a lo indicado por la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en el expediente N°020005-2009-PA/TC, el MINSA debería abstenerse “de desarrollar como política pública la distribución gratuita a nivel nacional de la denominada Píldora del Día Siguiente”. Lo que indicaba el TC era que había una duda razonable sobre el accionar del AOE. Tal como lo denunciaron diversas organizaciones y medios de comunicación, esta sentencia se contradecía con una expedida por el mismo tribunal en el 2006, la cual citaba a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Defensoría del Pueblo para explicar que el AOE no era abortivo, pues los efectos de la AOE consistían en “prevenir la ovulación y espesar el moco cervical para dificultar la migración espermática”, por lo que actuaban en el momento previo a la fecundación.

Cuatro años después, la situación se ha mantenido. Lo preocupante aquí es que quienes se han visto más afectadas por esta medida han sido las víctimas de violación en zonas alejadas y rurales. Según la ENDES del 2010, de las mujeres encuestadas que habían sido agredidas física o sexualmente por parte de su pareja o cónyuge, 36.5% pertenecían al sector rural. Y en tanto el acceso a centros de salud privado es escaso en dichas zonas debido a la lejanía – sin mencionar que la escasez de recursos económicos – resulta casi imposible conseguir un AOE en casos de violación sexual.

Este impedimento generado por el Estado hacia las mujeres víctimas de violación en nuestro país, es una gravísima afectación al derecho a la salud reproductiva (el cual se encuentra dentro del derecho a la salud, reconocido por diversos artículos de la Constitución Política del Perú de 1993). Al prohibir la distribución gratuita de los AOEs, lo que se está impidiendo es que la mujer víctima de una violación sexual – independientemente de su edad y condición socio económica – tenga la capacidad de prevenir un embarazo resultado de una relación sexual no consensuada. De esta manera, estamos quitándole el derecho de decidir cuándo y cómo tener hijos en uno de los contextos más nefastos posibles.

Queda claro que en nuestro país la despenalización del aborto va a ser un tema que causará el rechazo y desaprobación de nuestros legisladores durante bastante tiempo. Pero si se nos va a negar la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos ante la situación de una violación sexual por un par de años más, tenemos que exigir que se nos garantice el derecho a acceder a los AOEs de manera gratuita para prevenir que el aborto tenga que ser una opción a considerar. Mientras esta situación no cambie, lamentablemente, nuestra única opción será rezar.  

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