¿Qué tienen en común un consumidor de marihuana medicinal y un esclavo fugitivo?

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La historia de Jesse Teplicki. Florida, 2014.

Jesse Teplicki tiene 50 años y vive en Florida con su esposa. Desde los 9 sufre de una forma severa de anorexia que hace que comer le produzca náuseas insoportables y pérdida de apetito. Su condición le impedía comer normalmente y le causó graves problemas de nutrición. De niño fue medicado con esteroides anabólicos, que funcionaron por un tiempo. Luego estos empezaron a causarle quistes, daño permanente al hígado y otros efectos secundarios.

Entonces Teplicki optó por consumir marihuana como alternativa. La droga le sirvió para estimular su apetito, comer adecuadamente y llevar una vida normal.

El problema con la historia de Teplicki está en que en Florida, la manufactura, posesión y venta de marihuana es ilegal. En el 2013 agentes de la policía recibieron una pista anónima y la siguieron hasta su casa, donde encontraron 46 plantas de cannabis.

Fue arrestado. Los cargos que se le imputaban podían ponerlo detrás de rejas por hasta 5 años. La fiscalía le ofreció un acuerdo bajo el cual, si se declaraba culpable, sería puesto en régimen de libertad condicional.

Teplicki rechazó el acuerdo. Él, mantuvo, es un hombre de familia y no un criminal. Enfrentaría los cargos, iría a juicio y pondría en riesgo su libertad por los próximos 5 años de su vida.

La historia de Jesse Teplicki suena cruel, pero la ley de Florida es clara. La manufactura y tenencia de drogas como marihuana es ilegal. Además, según argumentaría la fiscalía, la cantidad de droga que se encontró en su casa era desproporcionada. Tampoco tuvo un diagnóstico médico, no tenía una receta médica ni había buscado medicinas alternativas que fueran legales. Teplicki violó la ley y lo admitió frente al juez y a jurado. Dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley.

El sistema de jurados en Estados Unidos

Una de las diferencias más notorias entre el sistema de Derecho romano-germánico, como el peruano, y el sistema anglosajón, como el estadounidense, es la existencia de jurados. En resumidas cuentas, en los juicios en Estados Unidos hay un juez, quien preside juicio, resuelve cuestiones que sean puramente legales y dirige los procedimientos. A la vez, hay un jurado, compuesto por un número (que varía de estado a estado) de ciudadanos elegidos al azar. El jurado decide si los hechos están probados o no. En procesos penales, es el jurado quien delibera al final y decide si el acusado es culpable o no.

Los jurados tienen dos opciones: si creen que el acusado cometió el delito, lo declaran culpable, mientras que si creen que no lo cometió, lo declaran inocente. Eso es, al menos, lo que se le dice a los jurados. En muchos estados de EEUU está prohibido informarle a los jurados que tienen, en realidad, una tercera opción. Pueden también decidir inaplicar la ley.

La historia de Edward Bushell. Inglaterra, 1670.

Edward Bushell vivía en Inglaterra cuando fue llamado a actuar como jurado en un juicio contra dos quakers llamados William Penn y William Mead. Penn y Mead habían sido arrestados por dar sermones ilegalmente y acusados de llevar a cabo una asamblea ilegal: la ley llamada Conventicle Act prohibía las reuniones religiosas de más de 5 personas exceptuando a la Iglesia Anglicana.

Cuando el jurado fue llamado a dar el veredicto, los jurados declararon que Penn y Mead eran culpables “de hablar en la calle Gracechurch” y se negaron a agregar “a una asamblea ilegal”. El juez estaba enfurecido y ordenó que el jurado no sería relevado hasta que retornaran con una sentencia “que la corte estuviera dispuesta a aceptar”.

El jurado modificó su sentencia a “culpable de hablar en la calle Gracechurch a una asamblea”. El juez ordenó que los jurados fueran encerrados sin agua, comida o calefacción. William Penn protestó, y el juez ordenó que fuera atado y amordazado.

Tras dos días de ayuna, el jurado se presentó y dio un veredicto de no culpable. El juez declaró a los jurados en desacato de la corte por dar un veredicto contrario a los hechos demostrados y ordenó su encarcelamiento hasta que pagaran una multa.

Edward Bushell se rehusó a pagar la multa y presentó un hábeas corpus. El juez supremo de la Court of Common Pleas, Sir John Vaughan, resolvió dándole libertad a Bushell y estableció el precedente de que los jurados no podían ser castigados por su decisión de veredicto. Fue un precedente que cambió por completo la forma en la que funcionaron los jurados en el Derecho anglosajón.

El caso del jurado del que formó parte Edward Bushell marcó un hito histórico que daría pie a que apareciera la tercera opción de los jurados, que hoy se conoce como anulación juratorial, o anulación por el jurado. Ello ocurre cuando los jurados tienen completa certeza de que el acusado ha cometido los hechos de los que se le acusa y que ha cometido el crimen, pero creen también que no debería ser condenado, y por ende lo absuelven declarándolo no culpable. Es decir, el jurado tiene el poder de inaplicar una ley si considera ello justo.

La historia de Shadrach Minkins. Boston, 1851.

Shadrach Minkins nació en Norfolk, Virginia, alrededor de 1814. Era negro y vivió por los primeros 35 años de su vida como un esclavo. En 1850 se dio a la fuga y llegó a Boston, Massachusetts. Mientras que en el sur de Estados Unidos la esclavitud era aún prevalente, en muchos estados del norte, incluyendo Massachusetts, la esclavitud había sido abolida. Minkins empezó una vida como mesero.

En setiembre de 1850, el congreso de Estados Unidos aprobó la Fugitive Slave Act (Ley de Esclavos Fugitivos), la cual autorizaba a agentes federales a capturar a esclavos fugitivos que vivieran en ‘estados libres’ y devolverlos a sus dueños. En la época, las tensiones entre los estados del norte y los del sur estaban en incremento en gran parte debido a la disparidad en torno a la legalidad de la esclavitud. Había una presión política enorme para aplicar la ley y conseguir arrestos, y esta incluso llegaba desde la presidencia y la Secretaría de Estado.

En febrero de 1851, Shadrach Minkins fue encontrado y apresado, y llevado a una audiencia en una corte federal de Boston. La historia de Minkins, sin embargo, no terminó en tragedia. Un grupo de abolicionistas, tanto blancos como negros, miembros de una organización llamada el Comité de Vigilancia de Boston, entró a la corte y rescató a Minkins por la fuerza. En los días siguientes, ocultaron a Minkins y lo ayudaron a que fugara a Canadá. Minkins se asentó en Montreal y vivió el resto de su vida como un hombre libre. Robert Morris y Lewis Hayden fueron llevados a juicio por colaborar con la escapatoria de un fugitivo, pero fueron declarados no culpables, incluso cuando fueron parte del grupo de personas que entró a la corte a liberar a Minkins por la fuerza.

El caso de Shadrach Minkins fue uno de los casos más importantes de anulación juratorial, y mostró cómo, cuando en una sociedad determinada hay un fuerte rechazo por una ley, los ciudadanos que son llamados como jurado pueden enfrentarse a la ley y dejarla sin efecto.

¿Control ciudadano de la justicia, o anarquía contra la ley?

Muchos consideran que la anulación juratorial es un mecanismo que sirve como un ‘último recurso’ de control que asegura que las leyes penales del Estado no sean injustas. Significa que un grupo de ciudadanos, elegidos al azar, decida por unanimidad que, sin importar cuán claro sea que el acusado de un crimen haya cometido los hechos, es injusto que sea sentenciado como criminal. Es fácil, entonces, imaginar la anulación juratorial como una especie de jaque final contra la posibilidad de un Estado persecutor y opresor. Ahí están las historias de Edward Bushell y Shadrach Minkins para mostrar cómo pueden ser los ciudadanos quienes acaban salvando la libertad de personas justas acusadas de crímenes injustos.

Pero del otro lado de la discusión están quienes plantean que la anulación juratorial es una confrontación inaceptable contra el orden legal. Al fin y al cabo, en una democracia los ciudadanos votan para decidir quién los gobierna, luego es el Estado quien establece las leyes a través del poder legislativo. Qué es ley y qué no, no puede caer sobre la voluntad popular. Y de la misma forma en que se dieron los casos de Bushell y Minkins, hay otra cara de la moneda. Muchos jurados en estados del sur en el pasado declararon inocentes a personas que participaron en turbas de linchamiento contra personas de raza negra porque el racismo estaba ampliamente difundido. Además, los jurados también pueden declarar a alguien culpable cuando en realidad su culpabilidad podría no estar demostrada. En tales casos, su decisión sí es revisable, con lo cual es una forma ‘débil’ de anulación juratorial. Sin embargo, las posibles consecuencias son de igual forma sumamente graves.

Es un hecho que, aunque en muchos sitios esté prohibido siquiera discutir la existencia de la anulación juratorial, esta existe y tiene un efecto muy importante sobre el aparato de justicia. El que ocurra, sobre todo si es de forma reiterada, puede ser señal de que la legislación no obedece a las creencias morales o las costumbres de una sociedad. En muchos casos ello será señal de que es momento de un cambio en las leyes.

La anulación juratorial es algo completamente alienígena al Derecho peruano. El que sea un grupo de personas ordinarias quienes tengan que decidir la culpabilidad de un acusado no tiene paralelo en nuestro sistema jurídico. Tal vinculación directa entre el aparato de justicia y la ciudadanía a través del jurado es algo que permite el sistema judicial anglosajón pero que es imposible en el nuestro, de tradición romano-germánica. Eso, al menos, es una ventaja que no puede tener el Derecho peruano. Si la anulación juratorial es un último resguardo frente a las posibles injusticias del Estado, o un socavamiento del orden democrático, o está ubicada en un área gris intermedia, es una discusión imposible de agotar.

El final de la historia de Jesse Teplicki

Jesse Teplicki fue absuelto de todos sus cargos luego de que el jurado deliberara por solo 30 minutos. Después del juicio, los jurados afirmaron que su decisión se basó en buena cuenta en la compasión que sintieron por un hombre que había sufrido desde niño por una condición médica. Teplicki fue puesto en libertad y declaró, frente a las cámaras, que “iría a su casa a comer con su esposa, pero antes se fumaría un porro”.

Quizá la historia de Teplicki sea una señal a los legisladores estadounidenses de que es hora de revisar las leyes que prohíben tajantemente la tenencia de drogas para uso personal. Después de todo, hay un sinnúmero de historias no contadas tal y como la de Teplicki. Y mientras los legisladores sigan obstinándose en perseguir como un crimen conductas que la sociedad en buena cuenta considera como justas, los jurados seguirán dando veredictos en directa rebeldía contra tales leyes.

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