Todos contra la SUNEDU: un lamentable proyecto de ley contra la reforma universitaria

Un análisis del Proyecto de Ley N° 469/2016-CR que busca desbaratar por dentro la Ley Universitaria.

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Por Gonzalo J. Monge Morales, Ex Editor General de THĒMIS-Revista de Derecho. Asociado del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International. Adjunto de Docencia del curso “Derecho Procesal Constitucional” del Dr. César Landa Arroyo[1].

La guerra contra la reforma universitaria ha reiniciado. Y esta vez tienen mayoría en el Congreso. Quienes consideramos que la educación universitaria es un derecho fundamental y que el Estado tiene el deber de asegurar mínimos de calidad nos sentimos ganadores con la victoria en estas dos batallas:

1.- La entrada en vigencia de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el 10 de julio de 2014. Hasta el día anterior, quienes se encargaban de supervisar la calidad de la educación superior universitaria eran la Asamblea Nacional de Rectores – ANR (rectores en funciones) y el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades – CONAFU (ex rectores).

Las buenas universidades peruanas se diluían y se hacían invisibles en medio de una gran mayoría de universidades sin exámenes de ingreso y sin biblioteca (o que sólo dictaban clases 2 días a la semana y/o funcionaban en garajes, encima de chifas o junto a casinos). Es decir, la universidad peruana estuvo en crisis. El Estado había renunciado a su deber constitucional de asegurar la calidad de la educación superior universitaria, pues se lo había entregado a las propias universidades, quienes se “auto-regularían” y “auto-supervisarían” a través del auto-gobierno de los Rectores (en funciones o ya retirados). ¿El resultado de la “auto-regulación”? Un fracaso total: aumento del subempleo y casi nula presencia de universidades peruanas en rankings internacionales.

Es por ello que, sobre la base de la Sentencia del TC recaída en el Expediente N° 00017-2008-PI (2010), se decidió crear la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, como autoridad central para supervisar la calidad de la educación superior universitaria. El Estado volvería a asumir su deber (como tiene que ser). Dicha facultad de supervisión deberá respetar, eso sí, la autonomía universitaria, la cual está reconocida no como un “privilegio” sino como una “responsabilidad”: servir a las finalidades que la Constitución establece en su propio artículo 18°.

2.- La Sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de noviembre de 2015, que declaró infundadas las demandas interpuestas contra la Ley Universitaria ratificó su constitucionalidad: Como la Ley Universitaria chocó con muchísimos intereses económicos y políticos (la vinculación entre universidades como financistas de varios partidos políticos es evidente), inmediatamente reaccionaron los enemigos de la reforma universitaria. Olvidando que la autonomía universitaria no es autarquía, que la educación superior universitaria es un servicio de interés general y que por lo tanto exige supervisión estatal, varios demandantes solicitaron que declaren la inconstitucionalidad de la Ley Universitaria.

El TC (5 votos contra 2) declaró infundadas todas las demandas de inconstitucionalidad planteadas (salvo una muy peculiar “interpretación” sobre el plazo de cinco años para que los docentes obtengan los grados de Magíster y/o Doctor), por lo que convalidó la constitucionalidad de todos los artículos impugnados. Fue claro al señalar que la Ley N° 30220 no afectaba la autonomía universitaria y que las funciones de la SUNEDU eran válidas. Se reafirmó el deber del Estado de supervisar la educación superior universitaria.

El 24 de octubre de este año, sin embargo, apareció un nuevo ejército de soldados decididos a acabar de una vez con la reforma universitaria. Un ejército que, como ha sido demostrado con la elección del Defensor del Pueblo y los Directores del BCR, sabe conseguir la mayoría del Congreso 2016-2021. Me refiero al Proyecto de Ley N° 469/2016-CR, presentado por la bancada aprista, con el cual se proponen “restablecer la plena vigencia de la autonomía que la Constitución Política del Estado confiere a las universidades“. Autonomía universitaria que, según el TC, no se vulnera con la actual redacción de la Ley Universitaria.

El proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso pretende volver al pasado. Un lamentable retroceso que debemos evitar. ¿Cuáles serán los resultados que obtendremos si se aprueba este proyecto de ley? Los siguientes:

1.- Un organismo público técnico especializado flotando en la Administración Pública Peruana. Invito a todos (especialmente a los congresistas) a revisar los artículos 28°, 29°, 31.2° y 33° de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N° 29158). Luego de revisarla con cuidado, espero que me indiquen cómo así la SUNEDU (un organismo público técnico especializado) podrá existir sin estar adscrito a un Ministerio.

Más aún, ¿cómo podrá avocarse a la política pública de educación superior universitaria y no integrar el Sector Educación? ¡La adscripción no es sujeción! Así ya lo señaló el TC en la última Sentencia que este proyecto ignora. Además, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo forma parte del bloque de constitucionalidad, por lo que la inconstitucionalidad de esta propuesta es manifiesta. Salvo, claro está, que pretendan modificar la Constitución y hacer que la SUNEDU sea un organismo constitucionalmente autónomo.

2.- Retornar al fracasado sistema de “auto-regulación”. Ni la ANR ni el CONAFU (rectores y ex rectores) cumplieron con el objetivo de supervisar adecuadamente la calidad de la educación superior universitaria. Es más, el TC declaró un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural en la calidad de la educación superior universitaria, el cual sólo se vería remediado con la creación de una entidad como la SUNEDU.

La composición actual de la SUNEDU tiene a 2 de sus miembros nombrados por el Poder Ejecutivo. Los otros 5 accedían por concurso público de méritos (no eran nombrados ni propuestos por universidades) ¿Qué cambio se plantea? Que, al final del día, todos los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU (sí, los 7) sean nombrados por las universidades. Con ello, el proyecto de ley ignora olímpicamente que: “137. […] la supervisión de la calidad de la educación universitaria que este Tribunal Constitucional ordenara en su momento, para que sea eficaz, naturalmente que debe ser externa a las propias casas de estudio a evaluar […]” (subrayado añadido). Es decir, volverá indirectamente la “auto-regulación” que ningún resultado positivo nos trajo.

3.- Impedir que el Perú ingrese a la OCDE. Si uno de los objetivos del gobierno y de todos los peruanos es que el Perú ingrese a la OCDE, la aprobación de esta reforma nos cerrará la puerta de golpe. La OCDE tiene un demoledor informe sobre la educación en el Perú, especialmente en el caso de las universidades. Sub-empleo rampante y casi nula presencia en los rankings internacionales son las características de nuestro sistema universitario. Es más, la OCDE ya ha señalado que: “Los avances para asegurar una mínima de calidad en todas las instituciones [la Ley Universitaria y la SUNEDU] son acertados y podrían complementarse con acciones para promover la mejora institucional[1] (subrayado añadido).

El objetivo de esta ley es claro: controlar la SUNEDU y desbaratarla por dentro. Se retornará al fracasado esquema de “auto-regulación” de la ANR y el CONAFU: serán las propias universidades quienes se supervisen a sí mismas, sin ninguna garantía de una verdadera supervisión. ¿O se imaginan a estos representantes de los rectores sancionando a las universidades que los nombraron?

Pongamos las cartas sobre la mesa: ¿cuáles son los verdaderos intereses de quienes luchan contra la SUNEDU y la reforma universitaria? Así como revelamos que integro un Estudio que entre sus clientes cuenta con diversas  universidades privadas, quienes opinan sobre el tema deberían ser transparentes. De igual manera, los congresistas que participen de la discusión parlamentaria deberán revelar si sus partidos políticos son financiados (directa o indirectamente) por alguna universidad o personas vinculadas a ellas. La sociedad tiene derecho a saberlo.

Si se aprueban estas reformas a la Ley Universitaria, habrán ganado quienes ven a la universidad como un negocio y una forma de financiamiento político. Perdemos todos los demás.


[1]    Agradezco los valiosos comentarios de los Dres. Jorge Danós y Samuel Abad al presente artículo. Se pone en consideración del lector que el autor integra un Estudio que entre sus clientes cuenta con diversas universidades privadas.

[2]    CENTRO DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS. “Avanzando hacia una mejor educación para Perú”. OCDE: 2016.

Ver: https://www.oecd.org/dev/Avanzando-hacia-una-mejor-educacion-en-Peru.pdf (consultado por última vez el 18 de setiembre de 2016 a las 07:51 p.m.)

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