Marco Gamarra Galindo, alumno de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, entrevista a Santiago Alfaro Rotondo, sociólogo y catedrático PUCP, sobre la importancia y la situación actual de las políticas culturales en nuestro país.
¿Qué función desempeñan las políticas culturales en la gestión pública?
La cultura es un derecho reconocido por el marco jurídico internacional, la Constitución y las leyes peruanas. Los poderes públicos, por lo tanto, están obligados a invertir y ofrecer servicios que mejoren la calidad de vida del ciudadano a través del fomento de la creatividad, el acceso a una amplia diversidad de expresiones culturales, y a garantizar condiciones en que las personas puedan concretar sus proyectos de vida siendo respetadas sus identidades o modos de vida.
¿Cómo se diseña una política cultural eficiente?
En primer lugar, se requiere la conformación de equipos profesionales para desarrollar políticas culturales en la gestión pública. Esto es algo que no se ha logrado por la poca importancia que ha tenido este campo de la vida humana dentro de la estructura del Estado, y por la ausencia de expertos en política cultural. Hemos tenido personas que no necesariamente dominan el tema. En ese sentido, se requiere profesionalizar la gestión cultural. En segundo lugar, como parte de la profesionalización, las decisiones tienen que tomarse en base a la información. Las políticas culturales requieren de un sistema de información: elaboración de encuestas que permitan conocer a los beneficiarios de las políticas, levantamiento de información para reconocer el impacto económico, cultural, etc., de las políticas públicas; sistemas de información que permitan identificar los componentes del sector cultural; es decir, cuántas asociaciones civiles hay, cuántas micro y pequeñas empresas existen en el campo cultural. En fin, se necesita conocer quiénes son los ciudadanos beneficiarios de una política. En tercer lugar, se requieren sistemas de financiamiento.
En el Perú parece que la cultura es vista como un obstáculo para la inversión económica. En los últimos años se ha dictado una serie de medidas que simplifican procedimientos y permisos en desmedro del Patrimonio Cultural.
La intervención en el campo cultural no tiene tanta legitimidad como la minería u otras industrias extractivas. Por eso es que, con el fin de promover el crecimiento económico, muchas veces se sacrifica la protección del patrimonio y otros derechos culturales para facilitar la inversión, cuando son dos cosas que no se oponen. Toda inversión requiere siempre límites y el Estado debe colocarlos: no se puede dañar el medio ambiente ni el Patrimonio Cultural. Se debe garantizar que las próximas generaciones puedan conocer la historia y la manera en la que vivieron los peruanos en otras épocas. Lamentablemente este gobierno, en general en muchas de sus decisiones, se ha ido por el camino de incentivar la inversión privada a través de la erosión de derechos. Lo último ha sido lo del régimen laboral, pero también se ha dado en el caso del Patrimonio por la flexibilización del CIRA (Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos). Lo que se requiere es mayor inversión pública para que los arqueólogos y las direcciones desconcentradas tengan la suficiente capacidad para atender la demanda de CIRAs y ejercer con mayor rapidez esos trámites administrativos. No obstante, esas condiciones que requerían ser mejoradas no fueron el foco de la política, sino la reducción de los plazos que, sin mayor inversión pública, ponía en riesgo la protección del patrimonio.
¿Considera que es fundamental la existencia de un sistema nacional de cultura que permita una mayor coordinación entre el ente rector del sector, el Ministerio de Cultura y los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la sociedad civil y el empresariado?
Junto con la profesionalización, información y financiación, efectivamente es importante que toda política cultural de alcance nacional cuente con un diseño institucional que permita constituir un sistema donde el Ministerio de Cultura cumpla una rectoría, pero sin ser el único en ejecutarla. Se trata de un diseño institucional que permita un mayor vínculo entre el ministerio, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las entidades privadas y la sociedad civil. Ese sistema nacional de cultura fue, por ejemplo, creado en Colombia en 1997. Es un enfoque sistémico que no se tiene en el Perú. El Ministerio de Cultura todavía sigue teniendo mucha precariedad presupuestal y de legitimidad, y no necesariamente tiene alcance nacional. Muchas de sus políticas quedan en San Borja. Son más distritales. Todavía está pendiente transferir las competencias que tiene el ministerio a los gobiernos regionales. Eso se ha ido posponiendo y abandonando, pero por ley están obligados a hacerlo. No deberían existir direcciones desconcentradas, sino áreas de cultura en los gobiernos regionales y locales, pero ello no ha ocurrido.
¿Cómo fomentamos la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones?
La cultura la realizan los ciudadanos, no los funcionarios públicos. Eso es parte del ejercicio de las libertades fundamentales, el de hacer y ser lo que uno valora en la vida. Especialmente en el campo cultural es importante que se incluya a los ciudadanos en la toma de decisiones. Eso aparte de que toda política pública, como su nombre lo dice, no es privada ni del sueño de unos funcionarios, sino que debe formar parte de todas las corporaciones que conforman una sociedad. La dimensión participativa es fundamental, pero no se toma en cuenta. Además, en términos pragmáticos, permite mayor legitimidad de las decisiones tomadas. A veces se impulsan iniciativas, pero al no tener conexión con organizaciones que son las que normalmente ofrecen servicios culturales, no prosperan.
¿Qué rol puede desempeñar la empresa privada?
La empresa privada es parte del universo de corporaciones que componen una sociedad. Es importante que ellos tengan mayores vínculos con el entorno y con aquellos a los que ofrecen servicios. Una manera de devolver los beneficios económicos que le da la sociedad es aportar al desarrollo del ciudadano mediante el fomento de la cultura. Por ello, es importante que se consoliden los enfoques de responsabilidad social empresarial, incluyendo la variable cultural; que haya mayor apuesta por el marketing cultural; es decir, que las empresas ofrezcan sus servicios a los consumidores por medio de la cultura, y también que desempeñen apoyo sin fines de lucro, que es lo menos común.
¿Se puede valorar el Patrimonio si entre los mismos ciudadanos no hay confianza o respeto?
Sí se puede. Más bien la cultura contribuye a que los vecinos tengan la oportunidad de aprovechar espacios donde se construya esa confianza: espacios públicos donde se puedan encontrar y se reduzca la delincuencia. Una plaza usada siempre es más segura. Además el patrimonio, y la inversión en este, hace que todas las propiedades aumenten su valor. Las casas antes se hacían a espaldas de la huaca, pero si se recupera ésta, más bien al contrario, la mejor vista está hacia ese lado. Eso demuestra el impacto multidimensional que puede tener la inversión en la cultura: puede mejorar la calidad de vida de la gente, le da un impacto económico al valorizar propiedades, eliminar la delincuencia, y así podemos seguir.
Lima ha carecido de una visión de ciudad compartida, lo que significa que no hemos establecido lineamientos básicos para planificar el crecimiento ordenado de nuestra urbe. Recién en el 2012 se dio un gran paso con la elaboración y aprobación del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025. ¿Por qué hemos tenido que esperar tanto?
En general en la administración pública no se planifica. Abundan los cálculos políticos. Se toman las decisiones en función de los votos que vayan a generar. En verdad planificar y hacer grandes reformas tiene un impacto electoral, como ha pasado en la gestión pasada, pero es clave para poder tener un Estado moderno y a largo plazo beneficiar al ciudadano.
¿Castañeda continuará la política cultural establecida por la gestión de Susana Villarán?
Todos los indicadores apuntan a que eso no va a ser así, por lo menos ha desmantelado al equipo existente. El Estado peruano debe ser uno moderno y, por lo tanto, todos los ciudadanos deberíamos exigir que ese Estado genere carreras públicas, y más allá de los cambios naturales que hay en las direcciones, se mantengan los funcionarios para que pueda haber política de Estado y cierta continuidad. Eso no ha ocurrido en este caso: se ha despedido a la mayoría de gestores, incluso técnicos, del área de cultura. La nueva gestión ha manifestado que habrá otras prioridades. El interés principal de Castañeda es realizar obras de infraestructura y de construcción de Hospitales de la Solidaridad, y por eso ha sacado a 3000 personas para reducir costos laborales, lo que lleva a eliminar ciertos servicios, entre ellos los culturales, y a reasignar su presupuesto para obras de infraestructura. En otras palabras, la cultura va a tener menos presupuesto.
