Alberto Ventura, Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Asociado Senior del estudio Miranda & Amado. 

Enfoque Derecho: Hace algún tiempo se planteó la idea de construir centrales hidroeléctricas en la amazonía peruana; asimismo, hoy en día varias están ubicadas en zonas de abundante riqueza natural. En base a ello, ¿qué medidas se toman actualmente para asegurar que la construcción y operación de estas centrales mitiguen sus impactos?

Alberto Ventura: Hace algunos años, entre el año 2009 y 2010, se planteó la construcción de centrales hidroeléctricas de gran envergadura en la Amazonía entre ellas las centrales de Inambari y Pakitzapango. La construcción de estas centrales generó bastante polémica pues implicaba el desboque o desforestación de importantes áreas en la amazonía. Esto sumado a ciertos conflictos sociales que se presentaron con las comunidades y actores involucrados de la zona, además de la coyuntura del momento donde todavía no se contaba con una Ley de Consulta Previa aprobada ni reglamentada, hizo que se desistiera de la construcción de estas centrales.

No obstante, actualmente en la Amazonía existen algunas centrales hidroeléctricas que ya han sido construidas y operan, otras en construcción. Hoy, a diferencia de lo que ocurrió con los proyectos que no fueron implementados, la valla y el estándar del contenido de los instrumentos de gestión ambiental para la construcción de estas centrales se ha elevado. En el año 2013 se aprobaron nuevos Términos de Referencia para la elaboración de los EIAs de estos proyectos. Estos nuevos Términos de Referencia son más exigentes y minuciosos, reflejando un estándar mucho más elevado. En segundo lugar, desde finales del 2015 SENACE asumió de manera efectiva las competencias para aprobar los estudios de impacto ambiental detallados de proyectos de gran envergadura, incluyendo aquellos del subsector eléctrico. En ese contexto, hay que recordar que la creación de este organismo nace como consecuencia de la desconfianza que tenía la población en relación a que sea el mismo Ministerio de Energía y Minas, en el caso eléctrico, el que apruebe los instrumentos ambientales de los proyectos cuya inversión promueve. La idea detrás es que el Ministerio de Energía y Minas no podía ser juez y parte. Había mucha desconfianza por ese lado. Hoy día contamos con SENACE, un organismo autónomo que no pertenece al Ministerio de Energía y Minas que está adscrito al Ministerio del Ambiente encargado de manera independiente de aprobar estos instrumentos.

En resumen, podríamos decir que hoy contamos con un marco regulatorio que ha elevado el estándar del contenido de los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos del subsector eléctrico, procurando que los inversionistas incluyan medidas de mitigación y compensación, según resulte aplicable, para la construcción y futura operación de este tipo de proyectos.

ED: ¿Cómo se podría calificar la actuación del organismo de fiscalización ambiental en relación con estos proyectos? ¿Es positiva o se podrían plantear algunas críticas?

AV: Hoy día muchos organismos de distintos sectores tienen competencias ambientales para supervisar determinados aspectos. En el caso concreto de proyectos del subsector eléctrico el que viene teniendo un papel más protagónico es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El OEFA es competente para supervisar y fiscalizar a los proyectos eléctricos desde el año 2011 y supervisa principalmente los compromisos asumidos por los inversionistas en los instrumentos ambientales aprobados de sus proyectos, así como el cumplimiento de la legislación ambiental relacionada.

Del año 2011 a la fecha este organismo ha aprobado y publicado una serie de reglamentos y de normas que regulan su actuación para la supervisión de empresas energéticas y para instruir procedimientos administrativos sancionadores. Haciendo un balance, si bien ha sido un aspecto positivo que este organismo tenga hoy día – en comparación de lo que ocurría hace 10 o 15 años – un papel mucho más activo y presente como órgano fiscalizador ambiental, tal vez la crítica sería que ha cometido el error de sobrerregular sus funciones tratando de emitir el reglamento del reglamento, a tal punto que tratando de establecer reglas objetivas ha caído en el terreno de la subjetividad al momento de evaluar e interpretar las disposiciones ambientales que supervisa.

ED: ¿Cuál es el impacto de la instalación de líneas de transmisión en el medio ambiente? ¿Existe regulación sobre el tema?

AV: En el subsector eléctrico tienen lugar actividades de generación principalmente de las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, que generan electricidad; la actividad de transmisión que se da a través del tendido de líneas de transmisión que se conectan al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional; y, la actividad de distribución. Todas estas actividades están reguladas – en el tema ambiental- por el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo No. 29-94-EM, el mismo que está un poco desfasado, pero se espera que se apruebe uno nuevo pronto, Ya existe u proyecto en consulta. Ahora bien, en el caso de las líneas de transmisión estas tienen una regulación particular porque el sector ha aprobado términos de referencia específicos para la elaboración de instrumentos de gestión ambiental para este tipo de infraestructura.

Así las cosas, el escenario se repite como comentaba en el caso de la generación eléctrica pues desde el año 2013 la valla o estándar respecto a la elaboración y contenido de los instrumentos ambientales se ha elevado.

ED: Con respecto al uso del servicio eléctrico, ¿existe alguna regulación que promueva su uso sostenible con el medio ambiente?

Alberto Ventura: Entiendo que su pregunta está más relacionada con la energía eléctrica como servicio público, es decir la energía que llega a nuestras casas, centros de estudios, etc. Sobre el consumo de energía eléctrica eficiente hay un tema que vale la pena resaltar y comentar. Hace ya algunos años, en el año 2000 específicamente, se aprobó la Ley 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. Este dispositivo declaró de interés nacional el uso eficiente de la energía y dispuso que se implemente el etiquetado de eficiencia energética en los aparatos y equipos energéticos. Esto se tradujo en que en el año 2015 el Ministerio de Energía y Minas publicara una serie de proyectos de reglamentos técnicos para regular este etiquetado para el uso eficiente. Estos reglamentos todavía no se aprueban pero sabemos que el subsector eléctrico está impulsando este tema y ha convocado a algunas empresas para que presenten propuestas y analicen cuál sería el impacto regulatorio de aprobar esta reglamentación. Creo que esto va a ser muy útil y novedoso.

El etiquetado de eficiencia energética se podría comparar al rotulado y etiquetado de los alimentos con la información nutricional. Lo que se debe fomentar es el uso razonable de la energía y una compra informada de los consumidores de estos aparatos (lámparas, focos, lavadoras, etc.). Se espera que estos equipos puedan contar con un etiquetado que le dé información a los consumidores acerca de cuánta energía consume el equipo que van a comprar y si pueden optar por otro con similares características que consuma menos energía. Así como ocurre cuando uno está comprando un producto más saludable o con menos grasa, de lo que se trata aquí es de saber qué producto es más eficiente energéticamente hablando. Esto se traduce en un menor consumo de energía, generando un impacto positivo no solamente en nuestro recibo de luz sino en el medioambiente.

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