ED: ¿Cuál es la situación actual del Perú respecto a violencia contra las mujeres?

EV: En Perú, hay algunos rasgos de violencia más graves en comparación con la región. Podemos identificar dos aspectos importantes. El primero es la fuerte naturalización de la violencia. Es decir, hay una alta tolerancia de la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones: violencia psicológica, física, sexual, acoso, acoso político de mujeres autoridades. No hay reacción de las autoridades frente a estas conductas, o las autoridades lo toman como un asunto privado, entre la agraviada y el agresor, no como una materia que merezca una política de Estado. El segundo aspecto es que hay bastante impunidad por parte de la administración de justicia y sus operadores. Prueba de ello son los diferentes casos que han tenido la atención mediática. El mensaje que se está enviando a las mujeres que son agredidas es que es inútil denunciar la violencia porque al final el resultado es una revictimización sin encontrar justicia.

En términos de cifras, el Perú es el segundo país en América Latina con el mayor número de denuncias por violación sexual; lo cual no significa que seamos un país con el mayor número de violaciones, sino que solamente estamos hablando de denuncias de data oficial. Significa que más personas han denunciado el caso, que como sabemos, por la naturaleza misma de estos crímenes, la mujeres no suelen denunciar. Si tomamos en cuenta esto la realidad puede ser aún más grave de lo que expresan las cifras.

ED: Tomando en cuenta el cambio de gobierno, ¿qué retos se plantearían al presidente Pedro Pablo Kuczynski en torno a los temas de violencia contra la mujer?

EV: Sobre el Presidente, tenemos muy buenas señales y gestos que nos permiten ser optimistas en cuanto a la forma que van a ser llevadas las políticas públicas desde el Ministerio de la Mujer. Eso lo digo en función a cómo ha reaccionado la nueva Ministra frente a las declaraciones realmente ofensivas del cardenal Cipriani, respecto a las niñas que son embarazadas y que, según dijo, provocan esa situación al colocarse en un escaparate. La respuesta de la ministra Romero ha sido tan contundente y clara que nos hacen, tener esperanza en que realmente se va a tener una política firme de protección a los derechos de las mujeres en ese terreno.

El tema de preocupación, para quienes trabajamos en políticas públicas, es que conjuntamente con esas declaraciones de la Ministra se adjunten presupuestos necesarios que nos permitan implementar. Por ejemplo, el Plan Nacional de Violencia contra la Mujer o la ley de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, ambas recientemente aprobadas. Uno de los retos más grande en el Perú es tener una coherencia entre las declaraciones de las autoridades y los presupuestos que manejan para implementar las normas.

ED: Respecto a los convenios de las Naciones Unidas que han sido suscritos por el Perú, ¿qué queda por hacer para alcanzar los objetivos planteados por ellos?

EV: De acuerdo a los compromisos asumidos por el Estado, en julio último, se cumplía dos años en que el Perú tiene que rendir cuentas sobre las recomendaciones que hizo la Comité de la para la Eliminación de toda formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Entiendo que ya hay un reporte que se presentará ante el Comité, una instancia importante para los derechos de las mujeres. Este comité se nutre de diversas fuentes de información y de la sociedad civil. Por ello, tiene muchas herramientas para juzgar en qué medida se han cumplido los compromisos.

Hay dos elementos importantes en el cumplimiento de los compromisos. Primero, los objetivos de desarrollo sostenible que son 17 establecidos hasta el 2030, de ellos el 5° está vincula a igualdad de género. El otro es el intento de entrar a la OCDE, el cual exige estándares en DDHH que obligan al Estado a profundizar la protección de los derechos humano de las mujeres. A nivel interno, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO) que establece que se debe luchar contra cualquier tipo de violencia contra la mujer. puede propiciar el cumplimiento de compromisos.

ED: Y más allá de las normas, ¿en qué sentido tienen que crearse un cambio de mentalidad en la población peruana para abandonar las ideas machistas?

EV: Es cierto que podemos tener buenas normas, marcos jurídicos nacionales e internacional, pero no siempre se cumplen en la realidad. Tenemos una sociedad civil muy dinámica; por ejemplo, la marcha del 13 de agosto es una manifestación clara contra la violencia, motivada por los jóvenes. Por ello, hay intentos como este que buscan cambiar la idea de que la violencia contra la mujer es algo contra la natural o de poca importancia. Un evento masivo, y enviará un mensaje al Estado sobre su obligación de hacer cambios − y que la sociedad civil tiene la disposición a cambiar las cosas−. Sin embargo, en algunos espacios hay mucha resistencia en tomar la agenda de la igualdad de género con seriedad. Se habla mucho de cifras macroeconómicas, pero la población sigue adoptando estereotipos ofensivos contra la mujer. Es tiempo de discutir en el Perú sobre la importancia de ciertos sectores para el desarrollo del país, en que no solamente es importante la economía para el desarrollo el respeto a los derechos.

ED: Hay sectores que opinan que con estas leyes se brinda demasiada ventaja a las mujeres, incentivando la desigualdad. ¿Está de acuerdo?

EV: Mucha gente que no está familiarizada con el tema, opina desde su propio sentido común, por ello se oponen a las medidas de discriminación positiva. Lo cierto es que sin esas medidas nos llevaría el triple o cuádruple de años llegar a la paridad. Por ejemplo, con la Ley de cuotas en el Perú, el número de mujeres subió casi tres veces en el Parlamento. Entonces tiene un impacto en la representatividad de las mujeres en los espacios de toma de decisión política. La ley de cuotas ya tuvo 2 o tres décadas de implementación en la región, pero hemos llegado a un techo, en el que las mujeres no pasamos del 22% o 24% en el Parlamento. Entonces lo que hay a nivel de la región es que ya no se discute la ley de cuotas. De hecho en el ParLatino, parlamento a nivel de la región andina, se está discutiendo la democracia paritaria; es decir, si las mujeres somos la mitad de la población tenemos derecho a la mitad de las decisiones.

Lo que se plantea en agenda es que queremos ser el 50 % porque somos el 50% de la población. Eso ya se está dando en la región. Tal es el caso de Bolivia que ha aprobado la democracia paritaria. La cantidad de hombres y mujeres en candidaturas al parlamento está dividido en 50% para cada uno. También queremos hablar de democracia paritaria en el Perú, como está sucediendo en México o Colombia, que ya están discutiendo esto en sus parlamentos. El próximo objetivo es, entonces, ir por la democracia paritaria.

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