Por Luis Cerro, estudiante de Economía de la Universidad del Pacífico y practicante del área de Estudios Económicos de Apoyo Consultoría.

En el preludio de una profunda recesión económica, el 2015 no se muestra prometedor para Rusia. La caída internacional del precio del petróleo amenaza al sector de hidrocarburos, mientras que el rublo se ha devaluado en más de 60% con respecto al dólar durante el 2014. El 29 de diciembre, el Ministerio de Economía anunció que el PBI había caído 0.5% interanual en noviembre, la primera contracción desde el 2009. Frente a esta situación, Vladimir Putin y su gobierno han decidido culpar a las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, es la irresponsable gestión de las empresas estatales – sobre todo las del sector petrolero y gasífero – la que ha puesto a Rusia al borde del precipicio, y Putin parece dispuesto a empujarla.

Las sanciones internacionales son una herramienta política utilizada por países u organizaciones internacionales para ejercer presión y cambiar el comportamiento de un Estado o grupo de individuos. Al respecto, el artículo 41 del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas autoriza al Consejo de Seguridad a “decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones”.

Desde marzo del 2014, los Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto una serie de sanciones económicas y restricciones al comercio para empresas rusas, además de prohibiciones de viaje y el congelamiento de los activos de las personas cercanas a Putin. El conflicto en la península de Crimea, su posterior anexión a la Federación Rusa y el derribo de un avión de Malaysia Airlines motivaron esta decisión. De esta forma, los Estados Unidos y la Unión Europea buscan presionar a Putin para que renuncie a sus pretensiones sobre Ucrania y deje de apoyar a los separatistas pro-rusos de Donetsk y Luhansk. Las consecuencias de estas sanciones implican una reducción de la oferta de deuda de largo plazo para los bancos estatales rusos. Además, la Unión Europea ha suspendido el comercio de armas y la transferencia de tecnología que pueda tener un uso militar, mientras que Estados Unidos ha limitado la exportación de tecnología y servicios para la industria petrolera.

Sin embargo, las sanciones internacionales son solo uno de los factores que han dado origen a esta crisis. En el 2013, el 68% de las exportaciones rusas correspondieron al sector de hidrocarburos. Esta cifra demuestra el alto grado de dependencia de la economía rusa en la industria de petróleo y gas, donde las empresas estatales Rosneft y Gazprom dominan. El miércoles 13 de enero, el crudo Brent se cotizaba a US$48.52 por barril, el precio más bajo desde el 2009. Esta caída de 56% entre julio y enero ha significado una reducción significativa del flujo de dólares hacia Rusia y ha empujado el rublo hacia la devaluación.

La solución impulsada desde el Kremlin solo empeoraría la crisis y demostraría que no tiene la capacidad o la voluntad de trazar una política que promueva la recuperación de la economía. Por el contrario, el gobierno estaría dispuesto a destinar cada vez más fondos para mantener a las empresas estatales a flote. Desde diciembre, se estaría obligando a que cinco grandes empresas exportadoras gasten sus dólares para dotar con moneda extranjera al mercado de divisas y mantener estable al rublo. Lejos de ser una solución, esta medida será un fracaso y agravará aún más la crisis si es que el precio del barril de petróleo no sube a tiempo para permitir a las compañías abastecerse de dólares y honrar sus deudas en esa moneda.

Tal es el caso de la estatal Rosneft, mayor productora de petróleo en Rusia, que tuvo dificultades en diciembre para hacer un pago de US$7,000 millones como parte de una deuda contraída por US$12,700 millones en el 2013 para la compra de su competidora TNK-BP. Frente a esta situación, Rosneft realizó una emisión local de bonos por 625,000 millones de rublos (US$10,250 millones). Aunque la empresa asegura que la emisión no se realizó con el fin de asegurar el pago de su deuda extranjera, la firma fue acusada de haber convertido el monto obtenido a dólares, lo que habría agravado aún más la depreciación del rublo. Sin embargo, los fondos recaudados en el mercado financiero no serían suficientes y la empresa estaría aprovechando sus conexiones con el gobierno – Ígor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, pertenece al círculo cercano de Putin – para obtener financiamiento por US$44,070 millones del Fondo Nacional del Bienestar. De concretarse esta transacción, el Kremlin estaría transgrediendo la finalidad con la que fue creada este fondo: el desarrollo de las industrias no vinculadas al sector de hidrocarburos y  el pago de las pensiones.

Las decisiones del gobierno parecen encaminadas a mantener a flote a las empresas estatales a toda costa, antes que a lograr la recuperación de la economía rusa. Lo cierto es que el Estado ruso no puede sostener en el largo plazo el costo de esta crisis por sí solo. Aunque Rusia mantiene reservas por un equivalente a US$370,000 millones, su deuda en moneda extranjera supera los US$600,000 millones, de los cuales US$150,000 millones vencen antes del fin del 2015. La solución sería que Putin renuncie a sus pretensiones sobre Ucrania, se levanten las sanciones internacionales, se erradique la corrupción de las empresas estatales y se diversifique la economía fuera del sector de hidrocarburos. Desafortunadamente, ninguna de estas soluciones está a la vista y, al igual que la devaluación del rublo, esta crisis sólo se hará más grande.

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