Por: Pedro Tenorio.
Periodista. Conduce el noticiero Hoy por hoy en CPN Noticias. Anteriormente ha sido editor de investigaciones del diario Perú.21 y editor asociado de la revista Caretas.

Suele decirse que el sentido común es el menos común de los sentidos. La frase no pasaría de ser un simple juego de palabras si no fuera porque el Perú es tierra pródiga en emprendimientos que, más allá de atraer cámaras y reflectores, poco aportan al debate de fondo acerca de problemas que afectan directamente a la ciudadanía. El recientemente anunciado ‘Plan Zanahoria’, que las municipalidades distritales de toda Lima podrían aprobar oficialmente a partir del 27 de enero –y que limita la venta de alcohol al público hasta las 11 p.m. y el funcionamiento de bares y discotecas hasta las 3 a.m.- está en esa senda.

La idea, que las autoridades aseguran funcionó estupendamente en Colombia, colisiona con una realidad muy peruana: la incapacidad de las autoridades para fiscalizar el cumplimiento de las normas. No importa que las cámaras de TV y los medios de comunicación reporten su previsible “éxito” durante los primeros días de su puesta en vigencia. Tal como reza el canon nacional, lo más seguro es que la medida no tarde en caer en saco roto convirtiéndose en letra muerta. No es pesimismo. Recuérdense si no las revisiones técnicas –donde más del 60% de propietarios de vehículos obligados a acatarla incumple la ley-, la prohibición para conducir y utilizar teléfonos celulares -en cualquier avenida o calle de Lima puede apreciarse cómo la gente ignora olímpicamente esta medida-, por no citar el tan promocionado ‘código del peatón’ que iba a sancionar a tanto ciudadano imprudente y que cayó en saco roto a los pocos días de su lanzamiento.

Dentro de los estándares peruanos, el ‘Plan Zanahoria’ se parece a esa propuesta que tanto seduce a esa mayoría de padres desesperados por el nulo predicamento que tienen sobre sus hijos: el regreso de la instrucción premilitar en los colegios públicos para neutralizar la proliferación de pandillas juveniles.

Además, el ‘Plan Zanahoria’ no cuenta con un sustento en cifras o indicadores objetivos que avalen –de entrada- su éxito. El alcalde de La Víctoria, Alberto Sánchez Aiscorbe, asegura que la medida puesta en marcha por su comuna desde 2007 ha reducido la criminalidad en su distrito “en 30 por ciento”. Sin embargo, Sánchez no alcanza ningún estudio al respecto. A su vez, Susana Villarán asevera que la medida se fundamenta en que “el alcohol dispara la violencia”. Si es así –como de hecho en muchos casos lo es, pero no siempre-, entonces no faltará quien proponga el despropósito de erradicar su consumo en aras de la paz social. O también valdrá la pena preguntarse ¿Por qué hasta las 3 a.m. como anuncia la ‘Tía regia’ y no solo hasta la medianoche, cual modernas Cenicientas?

Según el ex ministro del Interior Gino Costa, quien ha estudiado el modelo colombiano, el éxito de planes como el que Villarán y los alcaldes distritales proponen pasó, en paralelo, por la puesta en marcha de un esfuerzo esencial para inculcar valores ciudadanos en una población (Bogotá) que era consciente de sus graves problemas de seguridad, convivencia social e imagen. Lamentablemente Lima no parece compartir el deseo de romper con el pasado y dar el salto a la modernidad. Si no, uno no se explicaría el mediocre nivel de muchas de las autoridades elegidas en el proceso electoral del 3 de octubre último.

Iniciativas como las del ‘Plan Zanahoria’ pasan por alto que en una sociedad con una cultura de la libertad las personas deben asumir las responsabilidades que se deriven de sus actos. Los ciudadanos no necesitan de una ‘tutoría’ especial, sino saber que toda falta acarrea una penalidad que deberá ser asumida –multas, servicios sociales o hasta carcelería, de ser el caso-. Ese es el costo que todos debemos asumir y por tanto evitar. Así ocurre en cualquier país desarrollado, pero en el Perú -ya se sabe- se opta por el camino más fácil: las prohibiciones, las mismas que no atacan el problema de fondo. Si hoy en día miles de personas manejan sus vehículos en estado de ebriedad, lo que provoca las decenas de accidentes que vemos a diario, ¿qué los puede incentivar a cumplir el ‘Plan Zanahoria’?

Y más aún si se desconocen las penalidades para aquellos que incumplan la norma. Los locales que se verán perjudicados –bares, discotecas, grifos, bodegas de barrio- estarán interesadas en ‘sacarle la vuelta’ a esta disposición. Si no hay sanciones efectivas, atenderán a puerta cerrada y optarán por ofrecer una coima al funcionario –sea este del Serenazgo o la Policía- encargado de la fiscalización. Una vez más el soborno como pasaporte a la impunidad, lo que ahonda un círculo vicioso actualmente vigente en el Perú.

Lima necesita más ciudadanía, campañas de concientización y sanciones efectivas ante las faltas perpetradas. De no garantizarse este punto el ‘Plan Zanahoria’ será un chiste de mal gusto y quizás el fracaso más sonado de una gestión edil que está en la mira de todos.

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