10 de julio de 2010

Por: Nino Bariola Gonzales Investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental Luego de haber sido observada por el Poder Ejecutivo, la ley de consulta previa –que regula el derecho de consulta de los pueblos indígenas según el Convenio 169 de la OIT–, ha vuelto a las manos de los congresistas de las comisiones de Constitución y Reglamento (CCR), y de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAE) [1]. Los miembros de estas comisiones tienen ahora que dar el siguiente paso: decidir si cabe allanar la ley en concordancia con todo lo sugerido por el Ejecutivo o si, más bien, es menester insistir en que la totalidad o algunas de las propuestas no sean estimadas en la norma. Ese