Editorial: Más representación, menos interés personal
Esta semana, el Pleno del Congreso aprobó la suspensión por 120 días sin goce de haber de dos de sus congresistas. Con 72 votos a favor, el congresista fujimorista Julio Gagó fue sancionado por el caso Copy Depot, empresa a través de la cual habría infringido la Ley de Contrataciones del Estado que prohíbe a los congresistas venderle al sector público. Los indicios sobre el caso son tales que incluso se habla de la comisión del delito de falsedad genérica, supuesto que provocó la remisión del caso a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Por otro lado, con 60 votos a favor, la congresista oficialista Cenaida Uribe fue sancionada por el caso Punto Visual, empresa publicitaria de propiedad de Alberto Luis de Azambuja, presunta pareja de la parlamentaria, en donde Uribe habría ejercido tráfico de influencias al presionar al director del colegio público Alfonso Ugarte, Lizandro Quispe, para favorecer la contratación de dicha empresa. Pero, ¿qué tienen en común estos dos casos? Al parecer, ambos congresistas habrían utilizado su posición política para satisfacer intereses propios, configurándose así un conflicto de intereses. Dicho ello, el presente editorial estará dedicado al análisis de esta figura.