2014

Violencia por garantías

Un bombazo en el metro de Santiago, y una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reabierto en Chile el debate acerca de la aplicación de leyes antiterroristas para controlar conflictos sociales. Al punto de llevar a la interpelación a su Ministro del Interior. La colocación de explosivos, la afectación de la propiedad privada y pública, el enfrentamiento con agentes estatales, y todo lo que ocurre en las protestas del Pueblo Indígena Mapuche para recuperar sus territorios ancestrales, son situaciones que reclaman una reacción del Estado. Y no queda claro qué hacer ni donde están los límites cuando hay violencia. Tampoco en el Perú.

Alberto Martorell: "El primer reto del Ministerio de Cultura es encontrarse a sí mismo"

AM: Lamentablemente el primer reto del Ministerio de Cultura (MINCU) es encontrarse a sí mismo. Es un Ministerio que no ha cuajado. No ha logrado definir políticas en cultura, en patrimonio cultural. No ha logrado insertar la cultura en los esquemas de desarrollo. Necesita tener la suficiente madurez para revertir esta situación.

Alonso Gurmendi: "El objetivo de Hamas es que no exista un Estado judío en Palestina"

Ahí ya tenemos que entrar a un tema de política interna israelí. Israel, como cualquier país, es una suma de pequeños grupos de poder. Sí hay gente que está en contra de la existencia de un estado palestino, sobre todo las poblaciones ultraortodoxas y algunos partidos políticos. Incluso la posición israelí es variable, dependiendo de qué partido esté en el poder. Actualmente se encuentra la derecha conservadora, entonces no hay mucha apertura ahí. Pero en el conflicto armado que hay ahorita en Gaza, las partes son el Estado de Israel y Hamas. La autoridad nacional palestina no responde por Hamas. Entonces decir que el conflicto es entre Israel y Palestina, en el fondo, es una sobresimplificación tanto por el lado de que existe Al Fatah en Cisjordania y Hamas en Gaza, como porque actualmente hay un debate en Israel mismo sobre cuál debería ser la política israelí, el cual se puede ver en los periódicos israelíes.

¿Un derecho constitucional a portar armas de fuego en el Perú?

Hace pocas semanas, Lucía Dammert ‒destacada especialista en temas de seguridad y crimen‒ nos recordaba que la regulación y fiscalización de las armas de fuego debería estar en el centro de las políticas públicas de seguridad ciudadana, puesto que comprar un arma potenciaba el ciclo productor de más inseguridad y más violencia[1]. Alertaba también sobre cómo las armas cortas ingresaban al mercado por vías legales (permisos de importación, licencias de uso y porte, etc.) para luego terminar en manos de la delincuencia, haciendo de América Latina una de las regiones con mayor proliferación de armas de fuego y, como consecuencia, una región sumamente violenta.

Entrevista a Agustín Grandez, profesor de la Clínica Jurídica de Derecho a la Identidad

Desde hace algún tiempo, las Clínicas Jurídicas se han convertido en una herramienta de aprendizaje sumamente interesante para los alumnos de Derecho, pues nos permiten por un momento “estar en la cancha” y poner al servicio de quienes más necesitan todo el conocimiento que a lo largo de los años hemos adquirido en la universidad.

Lo que el legislador no sabe…es que el inquilino ¡no va a salir!

Semanas atrás publiqué un primer post sobre la ley No. 30201 [ver aquí]. En él comenté cómo es que el registro de deudores morosos que se incorporaba a través de dicha ley era fundamentalmente un mecanismo dirigido a desterrar los procedimientos concursales por mandato judicial que derivaban del artículo 692-A del Código Procesal Civil. Por ello la ley No. 30201 disponía la modificatoria de ese artículo así como otros pertenecientes a la Ley del Sistema Concursal.

Editorial: El eterno debate sobre la ley de imprescriptibilidad

Las temáticas abordadas durante el mensaje presidencial durante las ceremonias oficiales por la fiesta de la patria fueron tildadas de populistas, vacías y poco claras. No obstante, hubo una que llamó nuestra atención: las reformas políticas que el Presidente Humala pidió al Congreso que considerara dentro de su agenda para ser debatidas, siendo una de ellas la implementación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Al llamado del Jefe de Estado se han sumado distintas personalidades públicas, incluyendo el procurador Christian Salas y su predecesor Julio Arbizu. Sin embargo, el silencio de los parlamentarios respecto de este tema ha causado que la sociedad civil se pregunte el por qué del miedo a debatir la imprescriptibilidad como reforma. Pero más importante aún, nos ha tocado preguntarnos si es que esta es, efectivamente, necesaria para combatir la corrupción en el país. Por eso, en el presente editorial analizaremos el fenómeno de la corrupción a fin de dilucidar la importancia de la ley que declare imprescriptible los delitos de esta naturaleza.

La falacia del cero y el análisis costo-beneficio de las regulaciones

¿Cuánta delincuencia deberíamos tolerar? ¿Cuánta discriminación por razón de sexo? ¿Cuántos accidentes vehiculares? Las respuestas parecen obvias ya que, ¿quién desearía tener algo de delincuencia, algo de discriminación y algunos accidentes? Sin embargo, aunque parezca contrario a nuestra intuición, la respuesta correcta es que sí estamos dispuestos a aceptar cierto nivel de delincuencia, de discriminación o de accidentes vehiculares.

Daniel Ulloa: "(…) Sí considero justificado analizar de manera diferenciada cómo se ejercita este derecho en el sector público y privado"

La naturaleza de establecer una remuneración minima puede ser cuestionada por un pensamiento llamémosle “económico” que entiende, en resumen, que debe ser el mercado y cada persona los que puedan negociar un elemento tan importante del contrato como es la remuneración y efectivamente en algunos casos esa idea puede resultar. Efectivamente, el Estado no necesariamente tiene la sabiduría o la capacidad para poder decidir cuánto vale una hora de trabajo de cada persona. Pero el gran problema en Perú es que muchas personas somos casi “bienes fungibles”; esto es, intercambiables, y, por lo tanto, nuestro poder negocial o contractual para poder pactar una remuneración pertinente resulta muy limitado o inexistente.

Desterrada y eficaz colaboración

Ya se han escrito varios artículos sobre el estupendo libro “Caiga quien caiga” de José Ugaz, una palpitante crónica que sumerge al lector en los adentros de la labor del ex procurador en desarticular la red de corrupción que ensambló la dupla Fujimori-Montesinos. El libro sorprende de principio a fin y para quienes lo han leído, no me dejarán mentir sobre cuán difícil es despegarse e interrumpir la ilación de los hechos. Sin embargo, más allá de extender los elogios, quisiera rescatar de la lectura una de las tantas interrogantes que esta produce, especialmente hoy en medio de tantos casos de corrupción a nivel regional: ¿qué pasó con el sistema de colaboración eficaz? Y es que me da la impresión que este mecanismo que resultó de gran importancia para desmontar el caso de corrupción más álgido en la historia del Perú, hubiese caído en desuso. Veamos más a fondo los alcances de un sistema que en contextos como los de hoy en día, urge mayor visibilidad.