8 de febrero de 2015

Tras varios meses de debate, el último miércoles la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de Ley 2959/2013-CGR, presentado por la Contraloría General de la República en el año 2013. Esta propuesta legislativa modifica el artículo 57 del Código Penal y prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena para determinados delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. De esta forma, se genera la obligación en los jueces de dictaminar prisión efectiva en este tipo de delitos y así evitar cualquier escenario de impunidad. Frente a esta situación, el presente editorial analizará esta modificación normativa y cuestionará si realmente resulta un medio eficiente para combatir la corrupción.