11 de junio de 2015

Toda persona que ejerce un cargo público, directa o indirectamente, debe estar sujeta al escrutinio público. No solo eso; si existen dudas sobre la licitud de su conducta debe ser investigada. Cuando el asunto es de interés público el Congreso puede designar una Comisión Investigadora y, si hay indicios de delito, el Ministerio Público debe intervenir. Se trata de investigar, no sancionan ni condenan a nadie. Se limitan a investigar y, en su momento, cuando haya convicción, a denunciar. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos viendo cómo se acude a los procesos de amparo y de hábeas corpus para impedir investigaciones en marcha o pretender archivarlas. ¿Una judicialización de la política? ¿Una interferencia judicial?