En esta entrega del blog Bastión Patrimonial, el Dr. Martín Mejorada, Socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano y ex miembro de THEMIS, nos brinda su análisis y comentarios a propósito del VII Pleno Casatorio Civil realizado por la Corte Suprema el pasado viernes 17 de julio.
En el universo de DC Comics, Kal-El o Superman tiene como uno de sus archienemigos a Darkseid. Superman proviene de Krypton y es conocido en nuestro mundo con el alias de “Clark Kent”. Darkseid es gobernante del planeta Apokolips y uno de los más terribles villanos de la DC Comics. En el presente post de The Outlaws se pretende identificar cómo el capítulo “El legado” de Superman: the animated series (1996 – 2000), que es la entrega final de la cuarta temporada y también de la serie, permite plantear una reflexión sobre dos principios del Derecho internacional: el principio de prohibición de la amenaza y uso de la fuerza y el principio de autodeterminación de los pueblos.
Hace unas semanas, la Corte Suprema de Estados Unidos (EEUU) emitió una sentencia histórica declarando que la prohibición del matrimonio homosexual es inconstitucional. Concuerdo plenamente con el fundamento, pues el derecho a la igualdad está expresamente reconocido en la constitución estadounidense en la enmienda 14, al afirmar esta que los Estados no pueden lesionar el derecho a la libertad ni negar a los ciudadanos la condición de igualdad ante las leyes. Sin embargo, luego de leer un artículo de Alfredo Bullard que comenta el fundamento del voto disidente del juez Antonin Scalia, debo admitir que me llamó la atención dicho fundamento, pues el juez no se ampara en sus convicciones personales para votar en contra del matrimonio homosexual.
¿Puede un juez ordenar al Gobierno que asigne presupuesto? Esa es la pregunta de fondo que todos nos hacemos[1], luego que la Dirección del Gobierno Regional de Cusco, ha reconocido que “cumplió” con elaborar el “Plan de Intervención Integral” de atención a las víctimas expuestas a metales pesados en Espinar, pero que dicho plan no se implementó porque el Gobierno central no le proporcionó el presupuesto, a pesar de los reiterados oficios presentados[2]. Dos preguntas resultan inevitables: 1. ¿Es el derecho a la salud un derecho? y 2. ¿Justifica la ausencia de presupuesto el incumplimiento de los derechos fundamentales, que pone en peligro no solo la salud, sino la propia dignidad humana, el derecho a la vida y a la subsistencia?
El pasado 07 y 08 de junio, la Procuradora Pública de Lavado de Activos, Julia Príncipe, declaró ante los medios sobre la investigación en curso a la primera dama Nadine Heredia, por el financiamiento de la campaña del nacionalismo en el año 2006. No obstante, pocas semanas después Príncipe recibió una comunicación del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) señalando que había incurrido en una inconducta funcional sancionable por realizar las declaraciones anteriormente mencionadas sin autorización. Ante esto, se ha despertado una polémica, catalogando al hecho como “amordazamiento”. Por su parte, Gustavo Adrianzen, Ministro de Justicia y presidente del CDJE, señala que la comunicación se ampara en el reglamento del Decreto Legislativo 1068 (DL 1968). En ese sentido, cabe preguntarnos, ¿es legítima la presión ejercida contra Julia Príncipe?
Esta semana las noticias con contenido jurídico más relevantes son: 1) Surgen cuestionamientos en contra del director del Parque de las Leyendas, 2) Continúan las polémicas por la declaraciones de la procuradora Julia Príncipe. 3) La Corte Suprema definirá el debate de la propiedad vs. embargo en Séptimo Pleno Casatorio, 4) INDECOPI plantea propuesta para modificar la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, 5) Se firma acuerdo nuclear con Irán.
