30 de agosto de 2015

Editorial: Educación inclusiva y la comunidad LGTBI

Cuando Sergio Urrego Reyes, estudiante colombiano de 16 años, le dio un beso a su pareja en la escuela bogotana Gimnasio Castillo Campestre, se le acusó de haber vulnerado las normas del Manual de Convivencia Escolar implementado en su colegio, por haber incurrido en “manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares”. Tanto él como su pareja fueron enviados al psicólogo escolar. Los padres del joven fueron citados a la escuela, pero como solamente asistió la madre, el colegio se rehusó a dictar clases al joven hasta que ambos padres asistieran a la reunión. Cuando finalmente lo hicieron, se les informó que los padres de la pareja de Sergio presentarían una denuncia por acoso sexual, respaldados por el colegio, a pesar de que ambos adolescentes aseguraban tener una relación de forma voluntaria. Cuando la madre optó por retirarlo del colegio, la carga discriminatoria ya había generado severos daños, y Sergio Urrego Reyes terminó con su propia vida, dejando prueba escrita de que nunca había ocurrido acoso alguno. Esta situación generó que se interpusiera una acción de tutela en contra de las autoridades del colegio por la madre de Sergio. Así, hace pocos días, la Corte Constitucional de Colombia emitió sentencia sobre este caso y declaró que el colegio había vulnerado los derechos fundamentales del joven. Ante esta situación, el presente editorial busca analizar dicha resolución y enfatizar la importancia de implementar políticas en los servicios educativos para promover el respeto hacia la diversidad sexual.

Enfoque de la Semana: del 24 al 30 de agosto

Esta semana, las noticias con contenido jurídico más relevantes son: 1) Continúa el debate sobre Petro Perú y el Lote 192, 2) Presentan iniciativa ciudadana a favor de protección de animales, 3) Se promulga nueva Ley de expropiación, 4) La Corte Constitucional de Colombia se pronuncia sobre diversidad sexual en colegios, 5) Encuentran a 71 refugiados muertos en un camión en Austria.

"Es necesaria la aprobación de una ley de personas desaparecidas" – Entrevista a Rafael Barrantes

El padre de Roger Santos Cayllahua desapareció cuando este tenía 7 años. Tras un juicio y el respectivo perdón del militar que secuestró a su padre, Roger sigue sintiendo un enorme vacío frente a la incertidumbre de no saber donde están sus restos, y la imposibilidad de darle una sepultura digna. Este es tan solo uno de los miles de casos que viven los familiares de las personas desaparecidas durante la época del conflicto armado interno, quienes tras 30 años esperan ser reconocidos y compensados.

Es en base a esta circunstancia que surge la campaña #Reúne, la cual busca impulsar la creación de un marco legal que ayude a la búsqueda de los sitios de entierro clandestinos y a la identificación de los restos humanos. A propósito de su reciente lanzamiento, y el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Camila Masini, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, entrevista a Rafael Barrantes, responsable del programa «Personas Desaparecidas» Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Bolivia, Ecuador y Perú.