Por Jose Luis Repetto Deville, asociado del Grupo de Arbitraje de Miranda & Amado, y Claudia Arméstar Alzamora, alumna de 8vo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Con la reciente delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado por el término de noventa días[1], el gobierno ha emitido el Decreto Legislativo N° 1231[2], el cual modifica e introduce diversas disposiciones a la Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo N° 1071). ¿La razón? Según los considerandos de la norma, resulta “atendible efectuar algunas modificaciones” con la finalidad de “garantizar la seguridad jurídica, previniendo la comisión de fraudes y la afectación de derechos de terceros a través del uso