A partir del restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, Enfoque Derecho entrevista a Farid Kahat, profesor de Relaciones Internacionales de la PUCP, sobre la situación actual del embargo en contra del primero.
Hace más de dos meses, el Tribunal Constitucional (TC) determinó, a través del polémico precedente Huatuco (STC Exp. N° 05057-2013-PA/TC), que solo podrá exigirse la reposición laboral en la Administración Pública por desnaturalización de un “contrato civil” o “contrato temporal” cuando el trabajador despedido demuestre que su ingreso a este sector se realizo mediante concurso público a una plaza presupuestada y la existencia de una vacante de duración indeterminada. No obstante, en estos últimos días recientes resoluciones judiciales se vienen apartando de dicha regla, argumentando que esta no puede ser aplicada en los casos que han examinado debido a las diferencias que se presentan en cada uno. Por ello, en el presente editorial analizaremos si es válido apartarse de un precedente vinculante y si resulta favorable esta situación para la administración de nuestro sistema de justicia.
Recientemente, diversos organismos internacionales han llamado la atención sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas, enfocándose en un problema estructural que tienen que enfrentar los pueblos indígenas desde la Era Colonial. Este es la imposición de proyectos, a manos de terceros, que buscan la explotación de sus territorios y recursos naturales en abierta contradicción a sus formas propias de vida y visiones de desarrollo, y sin que el Estado obtenga su consentimiento de acuerdo a sus formas propias de toma de decisiones. Al igual que en la Era Colonial, los proyectos impuestos en sus territorios no han traído el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Por el contrario, traen su empeoramiento y empobrecimiento, así como una serie de cambios imprevisibles que los pueblos no pueden controlar. En muchos casos, han destruido la cohesión social de los pueblos indígenas, creando divisionismo y fragmentación en su interior. En el peor de los casos, ha puesto en riesgo la supervivencia misma de los pueblos indígenas.
Esta semana las noticias con contenido jurídico más relevante son: 1) Jueces comienzan a apartarse del precedente Huatuco, 2) Tipificarán como delito la invasión de terrenos, 3) Continúa polémica de Daniel Urresti por el caso Bustíos, 4) MML destituye al director del Parque de las Leyendas, 5) CIDH publica el informe “Hacia el cierre de Guantánamo”.
Observar el proceso constitucional tiene dos objetivos centrales: uno, analizar el estado de la protección de los derechos fundamentales, y otro, conocer el estado del control de los excesos del poder. Pero no son dos objetivos independientes, porque, no hay democracia constitucional sin respeto de los derechos humanos, ni derechos humanos sin el control del poder.
La reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Obergefell y otros v. Hodges, Director, Ohio Departament of Health y otros (26 de junio de 2015), constituye un hito importante en la lucha por la igualdad y no discriminación. Comparto su razonamiento. Tiene especial relevancia pues ha sido dictada por uno de los principales tribunales del mundo. Nadie puede dudar del peso con el que cuenta una decisión de un Tribunal Supremo que a lo largo de la historia – reconociendo que han habido excepciones – ha ido aportando al desarrollo de los derechos fundamentales y las instituciones democráticas.
En los últimos días, se ha comentado mucho la posibilidad de aumentar el sueldo mínimo en nuestro país en dos tramos de s/.75. En efecto, se rumoreó que uno de los temas que el presidente Humala iba a mencionar en su mensaje a la nación era el incremento de la remuneración mínima vital[1], pero que finalmente se dio marcha atrás. No obstante, de acuerdo a ciertas declaraciones de algunos ministros –pese a que algunos han señalado que el momento no es propicio – y del mismo Presidente, el tema aún está en discusión y evaluación. En caso no se llegue a un acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo[2], será el Jefe de Gobierno quien tome la decisión de adoptar o no la medida. En ese sentido, se han alzado numerosas voces discutiendo si realmente es oportuno y viable incrementar el sueldo mínimo dado el contexto actual.
