En esta entrega de Histeria Bélica, Michelle Reyes, Profesora de Derecho Internacional en la PUCP, explica las implicancias que tuvieron en el Derecho Internacional los conflictos en la ex Yugoslavia y Ruanda.
En algunos días se debatirá en el Congreso el Proyecto de Ley No. 4505/2014-PCR[1]. De aprobarse dicha norma, se generará un daño gravísimo al arbitraje como un mecanismo efectivo de solución de controversias. El Proyecto de Ley surge frente a lo sucedido con Rodolfo Orellana y tiene como objeto darle mayor seguridad al arbitraje. Sin embargo, para tales fines, propone -entre otros- la creación de una segunda instancia arbitral. Sobre eso es que trata el presente artículo.
Cuando uno piensa en el desalojo lo primero que tiene que evaluar es por qué quiere que se desaloje a alguien respecto de un inmueble; lo cual implica que se tiene que ver la condición en la que se encuentra esta persona. El primer supuesto es si esta persona se encuentra en posesión del bien porque se lo autoricé bajo un contrato de arrendamiento. Una vez que este contrato vence, o que no se paga la renta, se pide la devolución del bien. El segundo supuesto se da cuando un tercero ocupa el bien sin autorización o vínculo jurídico entre quien tenía derecho de poseer la casa y quienes la están poseyendo actualmente. Si no se devuelve el bien voluntariamente, se dispone el desalojo. Esto implica remover todos los bienes de quien se desaloja del inmueble, sacar a quien se busca desalojar, y a quienes se encuentren alrededor de él.
En un reciente artículo publicado en El Comercio titulado “Con ayudita no vale”, Yesenia Álvarez critica la implementación de la alternancia como mecanismo que complemente y potencie a la cuota electoral de género (en adelante, la cuota de género) con la finalidad de hacer efectiva la participación de las mujeres en los órganos conformados por elección popular.
El pasado 19 de mayo, cientos de invasores fueron desalojados de Tablada de Lurín, una zona arqueológica prehispánica ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo. Este penoso acontecimiento ha puesto en evidencia, una vez más, la crítica situación que enfrenta nuestro Patrimonio Cultural. En efecto, en el 2013, se determinó que el 60% de sitios arqueológicos ubicados en Lima Metropolitana corría peligro de ser invadido. A su vez, apenas el 12% de estos se encontraba debidamente inscrito en Registros Públicos, lo cual facilitaría su venta por terceros. Ante estas preocupante cifra, el presente editorial analizará si la protección brindada a estas áreas resulta efectiva.
Esta semana las noticias con contenido jurídico más relevantes son: 1) Pleno del Congreso aprueba la exoneración permanente de descuentos a las gratificaciones, 2) Se piden 18 meses de prisión preventiva para Gerald Oropeza, 3) CIDH pide resguardar la integridad de Gregorio Santos, 4) Zonas arqueológicas vulnerables de invasión por no encontrarse en Registros Públicos, 5) Pepe Julio Gutiérrez habría pagado a jueza para no ser encarcelado, 6) Ejecutivo declara estado de emergencia en Islay por 60 días.
