enero 2017

Entrevista a Alberto de Belaunde sobre la comisión que investigaría el caso Sodalicio

Hace unos días se anunció la propuesta de la creación de una comisión que investigaría el caso del Sodalicio desde el Congreso. El proyecto tuvo el apoyo de varios congresistas de diferentes bancadas. En torno a ese tema, Enfoque Derecho conversó con Alberto de Belaunde, Congresista de la bancada Peruanos por el Cambio (PPK). Enfoque Derecho: ¿Por qué resulta necesaria esta comisión? ¿De qué se encargaría en específico? Alberto De Belaunde: En principio, debemos señalar que se trata de un pedido multipartidario. Congresistas de todas las bancadas se siguen sumando porque hay mucho interés de parte de la sociedad y del Congreso. La moción señala dos temas específicos referidos al caso Sodalicio. El primero es investigar y conocer la verdad de

Imputación de Actos de Corrupción en la Contratación Pública y su implicancia en el Arbitraje de Contrataciones con el Estado – Parte I

Por Danny Quiroga Anticona, abogado por la universidad de San Martín de Porres, con estudios de maestría en Derecho Internacional Privado en la Universidad Johannes Gutenberg en Mainz, Alemania. Socio en arbitrajes del Estudio Paitan & Abogados, y especializado en temas de arbitraje internacional tanto en materia comercial como de inversiones.  1. Introducción. En un informe publicado en el diario El Comercio el año 2015, se indicaba lo siguiente: “La sensación de que se puede encontrar el germen de la corrupción detrás de cada licitación, licencia, trámite burocrático, concesión privada y funcionario público es cada vez más extendida”. El Informe además daba una cifra bastante preocupante. Según la Procuraduría Anticorrupción, el 92% de los alcaldes del país estaban siendo investigados por presuntos

¿Estamos preparados para afrontar un accidente de trabajo?

Por: Brian Avalos, abogado por la PUCP y asociado del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados En los últimos meses hemos visto como un incendio en un cine ocasionó la muerte de sus trabajadores y el cierre de un centro comercial por varias semanas (incluso tiendas que no tenían relación con la empresa y que evidentemente solicitarán una reparación económica por los daños sufridos). A raiz del lamentable suceso para los deudos, debemos preguntarnos si nuestra Empresa está preparada para evitar y enfrentar un accidente de trabajo. Una pregunta relevante que surge es: ¿qué puede hacer la entidad empleadora – y como contrapartida qué debe exigir el trabajador – para evitar un accidente de trabajo y sus consecuencias? El objetivo

Entrevista a la Dra. Cristina Blanco sobre el cumplimiento de la sentencia condenatoria al ex presidente Francisco Morales Bermudez

Enfoque Derecho conversó con Cristina Blanco, coordinadora académica y de investigaciones del IDEHPUCP y profesora de la facultad de Derecho de la PUCP, sobre la sentencia emitida por la justicia italiana contra el ex presidente Morales Bermúdez. Enfoque Derecho: Tratándose de una sentencia emitida por una Corte Penal extranjera, ¿cuál es el procedimiento a desarrollarse en Perú para hacerla efectiva? Cristina Blanco: Lo primero a considerar es que estamos ante una sentencia de primera instancia, que muy probablemente va a ser apelada por los condenados y también por la parte civil. Por el momento, más de uno de los implicados en el caso ha anunciado que presentará recursos de apelación contra este fallo, incluyendo la defensa de Morales Bermúdez. En

Editorial | Destruyendo lo avanzado

La última elección presidencial de Estados Unidos fue una de las más polémicas y tuvo como protagonista al candidato republicano Donald Trump. Esto último se debió, sobre todo, a sus controversiales propuestas. El pasado 20 de enero, el republicano asumió la presidencia de Estados Unidos y, en solo diez días de gobierno, ha impulsado una serie de medidas relacionadas con el aborto, la protección del medio ambiente, las políticas migratorias, etc. Además, ha hecho declaraciones polémicas en cuanto a la relación que tiene Estados Unidos con la Organización de las Naciones Unidas. A partir de los acontecimientos mencionados, Enfoque Derecho analiza las medidas que ha adoptado Donald Trump en sus primeros días como Presidente de los Estados Unidos y cómo

Enfoque semanal: del 22 al 28 de enero

1. La Coordinadora de Género, Mili Palacios y la transfobia en la PUCP El domingo 22 de enero, la Federación de Estudiantes de la PUCP (Fepuc) presentó a toda la Mesa Directiva a través de su fanpage de Facebook. Fue también el momento preciso para dar a conocer la nueva Coordinación de Género, liderada por Mili Palacios, quien se presentó con un vestido, de acuerdo a la identidad de género que la representa. Esta acción derivó en un sinnúmero de adjetivos peyorativos hacia su persona, y la muestra patente de transfobia y discriminación. Las muestras de apoyo hacia Mili y las denuncias públicas no se hicieron notar. Sobre el particular, resaltó la carta abierta de profesores de la citada universidad contra

Algunos alcances a tomar en cuenta en la convocatoria a Junta de Propietarios

Por Gilberto Mendoza del Maestro, abogado y docente de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Existe en nuestro medio cierta confusión sobre todo lo vinculado a la convocatoria a junta de propietarios, por lo que el presente post tiene la intención de brindar una explicación a partir de los dispositivos normativos y las resoluciones del Tribunal Registral. Empezamos señalando que la convocatoria para sesión de Junta de Propietarios puede ser judicial o extrajudicial. En el caso judicial, es el juez que ordena que se lleve a cabo la sesión de propietarios, en caso no se designe mediante mandato judicial a la persona que presidirá la sesión de Junta de Propietarios convocada judicialmente, dicha Junta está en libertad

Trata de Personas: ¿El delito invisible o la invisibilidad del Estado?

Por: Wendy León, alumna de la facultad de Derecho de la PUCP y miembro de Khuska, el programa de desarrollo de Themis. El 28 de enero del año pasado, una sentencia trajo nuevamente a la vista el tan delicado asunto de la situación de la trata de personas en nuestro país. Esta vez la protagonista fue la  Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein. La sentencia absuelve a Elsa Cjuno, acusada de trata de personas, pues determina que el delito de trata de menores de edad se configura solo si la explotación sexual o laboral fueron los motivos directos de la captación. En otras palabras, sólo existe si se le dice a la víctima desde

La exoneración del CIRA en el procedimiento de formalización de la minería ilegal: ¿un atentado al patrimonio cultural?

Por Pedro Chirinos Terrones[1], abogado por la Universidad de Piura y analista en la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi. En el marco de las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo, el 6 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 1336, que establece disposiciones para el proceso de formalización minera integral. Dicha norma contiene medidas complementarias a las previstas en el Decreto Legislativo 1105[2]. De todas las medidas dispuestas, llama la atención el revuelo que ha causado en la comunidad arqueológica el numeral 2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1336, el cual señala textualmente lo siguiente: “Artículo 3.- Requisitos para la culminación de la Formalización minera integral

¿Quién debería pagar un proceso? Notas desde la economía y la psicología

Por Eduardo Iñiguez, alumno de Derecho de la PUCP, ex Director de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil THĒMIS y practicante del área de Litigio de Bullard Falla Ezcurra +. Se ha preguntado alguna vez el lector, ¿quién paga un proceso judicial? Sabemos que un proceso tiene carácter público y es administrado por el Estado, por lo que la respuesta parece simple: el Estado, que no es otra cosa que todos nosotros (o quienes contribuimos al sistema tributario, al menos). Sin embargo, y sin menospreciar la verdad de lo anterior, tampoco puede ser desconocido que un proceso (pensemos en uno civil) cuenta con partes: un demandante y un demandado. Ambos intervienen en el proceso e incurren (al hacerlo)