15 de mayo de 2017

Por César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La mayoría parlamentaria del fujimorismo y sus aliados han derogaron el artículo 1 del Decreto Legislativo N. 1323, dejando sin efecto las sanciones penales agravadas para los crímenes de odio contra la minoría LGTBI, así como para los delitos de feminicidio y de violencia de género. El argumento esgrimido ha sido que el Congreso le había delegado al Poder Ejecutivo la potestad de legislar en materia de seguridad ciudadana pero no para lo realizado. Sin perjuicio de descartar de validez constitucional, sobre la fraudulenta reducción del concepto de seguridad ciudadana, en base a una ideología populista y conservadora, para evitar

Esta semana se ha producido un nuevo intento de liberar al ex presidente Alberto Fujimori. Sin embargo, este nuevo intento de liberación ha ido un poco más allá: no solo se han usado argumentos jurídicos o humanitarios, sino que se ha recurrido a la presión política. Como se sabe, la semana pasada se presentó, en la comisión de Justicia del Congreso y por iniciativa de Roberto Vieira, un proyecto de ley que pretendía dar beneficios penitenciarios a adultos mayores de 75 años y que cumplan con ciertas características. Para muchos, este fue prácticamente un proyecto de ley que tenía nombre propio: Alberto Fujimori. Finalmente, este proyecto fue desaprobado. Lo curioso es que horas después de que se desestimara esta iniciativa,