¿Cuestionar malas prácticas de empresas mineras afecta el orden público?
Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en los derechos de los pueblos indígenas. Una afirmación a la pregunta del título es lo que parecería sostener el General Jefe de la Policía Nacional en Cuzco en recientes declaraciones públicas. Según este, difundir un vídeo de crítica a la actividad minera significa alentar la protesta y poner en peligro el orden público. Lo dice a propósito de la detención arbitraria –intervenidos según la Policía- de dos activistas y defensores de los derechos humanos extranjeros por difundir un documental criticando las malas prácticas de la explotación de la minera Hudbay[1]. Este discurso no es aislado, también puede ser encontrado