2 de agosto de 2018

    Abner Francisco Casallo Trauco, estudiante de derecho de la UNMSM y economía en la UNAC, colaborador de Regulación Racional   Actualmente vivimos en un contexto donde cada día la corrupción en los más altos niveles del Estado se va haciendo más evidente. De hecho, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, el Perú se ubica en el puesto 96 con un puntaje de 37[1]. En este contexto, cabe preguntarse ¿cómo afecta un escenario institucional donde prima la corrupción al proceso regulatorio? En las siguientes líneas buscamos responder esta interrogante y proponer algunas salidas. Este problema viene explicado en gran parte por una de las principales fallas de gobierno en el proceso regulatorio: la