28 de mayo de 2019

Por Oscar Alejos, asociado del estudio CMS Grau Perú y especialista en Derecho Administrativo La visión tradicional de la fiscalización consideraba esta actividad como destinada a encontrar hechos ilícitos que ameritaban sancionar. En tal sentido, la fiscalización no era más que una antesala de la sanción. Como consecuencia lógica de ello, los esfuerzos de los fiscalizadores estaban en encontrar el error y asegurarse que posteriormente este sea castigado. Dicha lectura se sustentaba, entre otras razones, por la ausencia de disposiciones específicas sobre dicha actividad en la Ley de Procedimiento Administrativo General (“LPAG”). En ese contexto de vacío normativo, normalmente se producían dos alternativas: (i) cada autoridad regulaba su propio procedimiento de fiscalización, con reglas lesivas para los ciudadanos; o, (ii)