2 de septiembre de 2020

¡Que no te quiten tu propiedad!

INFOGRAFÍA elaborada por el Grupo Sayawar compuesto por Vanessa Vargas, Sebastián Rojas, Sebastián Leyva, Bryan Zapata y Fanny Ramírez para el curso Instituciones del Derecho Privado 2 a cargo del profesor José Carlos Fernández Salas y del asistente de docencia David Enrique Cox Cruz. Las actividades de la red de Rodolfo Orellana hicieron perder su propiedad a muchas familias en nuestro país a través de métodos ilegales que hacían uso de instituciones jurídicas como la fe pública registral, figura que fue materia de una demanda de inconstitucionalidad resuelta recientemente por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 0018-2015-PI/TC. La red Orellana ya no se encuentra en operación, muchos procesos relativos a ese caso aún se encuentran en curso, pero el

Reapertura de restaurantes y COVID-19: ¿Cómo conciliamos una economía de mercado y la nueva política preventiva de salud pública?

Por Alvaro Gonzales De La Cotera Chamochumbi, asociado del Área de Inmobiliario y Saneamiento de Tierras del estudio Rubio Leguía Normand, bachiller en Derecho por la UPC. Hace un mes se permitió la reapertura de los negocios de restaurantes para consumo en salón (20 de julio); ello a pesar de que -al escribir este artículo- los casos de contagio por COVID-19, confirmados por el Gobierno, ascienden a 549,321[1]. En esa línea, desde el gobierno, las medidas de prevención deben ser extremadas, a efectos de que la reapertura de los restaurantes no sea contraproducente para la contención del virus. Para ponernos en contexto, antes del 20 de julio, a pesar de que los restaurantes sí podían atender al público a través

A cinco meses del D.U. N° 026-2020: ¿es aplicable el trabajo remoto en el Perú?

Por Andreé Castro, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y asociado ordinario de THEMIS; y Sol Guevara, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y asociada ordinaria de THEMIS. El pasado 15 de marzo se publicó en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano el Decreto de Urgencia 026-2020[1], en el cual se señalan diversas medidas con la finalidad de evitar la propagación del contagio del nuevo coronavirus en el territorio peruano. Dentro de dichas medidas, se encontraba una en particular que generó debate y preocupación para los trabajadores y los empleadores, tanto del sector público y privado, quienes -tras la disposición del Ejecutivo- se vieron obligados a mutar la manera en cómo venían desarrollando