22 de octubre de 2020

Retos y verdades: la reactivación de los proyectos de infraestructura pública y el arbitraje

Por María Claudia Castro, asociada del Área de Derecho Administrativo y Regulatorio del Estudio Rubio Leguía La llegada del COVID-19 al Perú no solo ha evidenciado la peor crisis sanitaria de su historia, sino también un gran déficit en lo que respecta a la infraestructura pública y al arbitraje. De acuerdo con el Global Competitiveness Report 2018-2019, el Perú se ubica en el puesto 85 de 140 países en el rubro de infraestructura[1]. La paralización de actividades económicas durante el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio ha generado un retroceso en los rankings de competitividad, acompañado del crecimiento del desempleo. No obstante, debemos responder a este problema con una perspectiva positiva para concretar la reactivación del país, trazando

La exigencia del certificado de incapacidad temporal para trabajar (CITT) a los asegurados confirmados con COVID-19 que carecen de un certificado de descanso medico

Por Luis Chang Rodríguez, abogado PUCP y asociado del área laboral del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Introducción:  La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha obligado a la Administración Pública, sobre la marcha, a implementar medidas que buscan flexibilizar los procedimientos a su cargo. Muestra de ello es el uso de tecnologías de la información para la remisión virtual de documentos, tal como ocurre con los correos electrónicos (mesa de partes) o el uso de “ventanillas virtuales”. También, ha promovido la modificación de determinadas normas o la creación de normas transitorias para adecuarnos a esta nueva realidad. El trabajo remoto, por ejemplo, no es más que la flexibilización de las normas del teletrabajo, dada la dificultad