3 de septiembre de 2021

Participación en el Incremento de Valor en la Ley 31313

Reales e Imaginarios 3 septiembre, 2021 18:07

Karen Mercedes Sotomayor Vargas, abogada por la PUCP, especialista en Derecho Tributario y José Carlos Fernández Salas, abogado por la misma casa de estudios, especialista en Derecho Civil y Derecho Urbanístico. Introducción El domingo 25 de julio de este año 2021 se publicó la Ley 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Esta norma establece una serie de novedades para mejorar la gestión de las ciudades como la introducción del derecho a la ciudad, la reformulación de la definición de vivienda de interés social, la introducción del fideicomiso comunitario de tierras, la eliminación de los cambios específicos de zonificación, etc. Son alrededor de 30 innovaciones importantes que trae esta ley, además de una sección más conceptual y de principios. Sin embargo,

MINJUS debe proporcionar abogado de oficio a las comunidades afectadas en sus derechos en procesos de amparo

IDL en THEMIS 3 septiembre, 2021 16:11

  Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en los derechos de los pueblos indígenas. Una de las novedades del artículo 4 del Nuevo Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 31307, es cuando establece la obligación del Estado, y de manera especial del Ministerio de Justicia, de proporcionar abogado de oficio (defensa pública), es decir abogado gratuito, a los grupos en estado de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, para la defensa de sus derechos en procesos constitucionales (amparo, hábeas corpus, cumplimiento, etc.). ¿Qué propone la Ley No 31307? Hasta ahora los abogados de oficio del MINJUS estaban fundamentalmente destinados a patrocinar en materia penal. Asimismo, en materia

Notas sobre el acuerdo del Tribunal Constitucional de agosto de 2021 sobre el artículo 24 del Nuevo Código Procesal Constitucional

Cuestión Fundamental 3 septiembre, 2021 12:09

Por  Jonatan Marcés Everness, abogado por la PUCP y miembro de Perspectiva Constitucional. El año 2014, el Tribunal Constitucional creó vía precedente las sentencias interlocutorias denegatorias.[1] Más allá de que estas resoluciones son cuestionables por su nombre (no son ni sentencias ni son resoluciones interlocutorias), la forma en las que se crearon (el uso del precedente es incorrecto), su contenido (son una figura de dudosa legitimidad constitucional y convencional) y su utilidad (no es claro que hayan contribuido sustancialmente a optimizar la labor del Tribunal Constitucional), lo cierto es que desde su creación la mayor producción del Tribunal Constitucional se concentra en estas resoluciones.[2] Esto gatilló un cambio en el recientemente aprobado Nuevo Código Procesal Constitucional sobre el que el

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