La pertinencia textual de un “Estado de derechos”:  el neoconstitucionalismo en el caso ecuatoriano  

"Se introduce la literalidad de “Estado de  derechos”, refiriendo al poder de los “derechos” en tanto su justicia legitima la formulación de reglas hipotéticas a partir de los principios superiores (derechos). Así, resulta paradójico que, en esta comprensión, los derechos someten no solo el poder público y privado, sino también el poder constituyente".

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Por Mercedes Bueno Barra, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y miembro del consejo editorial de Enfoque Derecho.

Históricamente, a raíz de la transición liberal que marcó el abandono del absolutismo desde el siglo XVII; los ordenamientos jurídicos han experimentado cambios que mudaban continuamente la configuración del Estado. Actualmente, esta dinámica continúa en un  progresivo desarrollo y, contrario a lo que se podría suponer, su configuración más reciente, y -acaso- ambiciosa y sofisticada, no se limita a lo que se suele entender por “Estado constitucional de Derecho”. Antes bien, la complejidad de la concepción actual de la democracia parece exigir, en suma, formas más pulidas de  organizar las normas e instituciones jurídicas vigentes. De forma que, en base a los apuntes de Ramiro Ávila, en esta columna se dará cuenta del emblemático caso protagonizado por la Constitución ecuatoriana de 2008, caracterizada por pretender desarrollar un original modelo igualitarista y centrado en la justicia. De forma que, en virtud de la importancia que este modelo concede, rescatando factores como el pluralismo jurídico -para cuyo desarrollo se remitirá a las ideas de Armando Guevara-; no solo se nutre una concepción más integral de democracia, sino que se tiñe con énfasis el modelo del “neoconstitucionalismo”. Finalmente, se referirá brevemente el alcance y la pertinencia de este modelo en una hipotética aplicación a otros contextos latinoamericanos. 

Definido por el Artículo 1 de su Constitución, Ecuador se instala en el mapa global del  Derecho como un “Estado constitucional, de derechos y justicia”; donde resalta una inédita codificación al sintetizarse -en plural- como “Estado de derechos”. Evidentemente, tal  particularidad despierta la curiosidad respecto a qué función cumple esta terminología:  ¿es, acaso, un error nimio tipificar “derechos” en lugar de “derecho”? Si no es así, ¿qué  efectos produce sobre la organización del sistema jurídico y, por ende, del Estado?, ¿usar este término levanta sospechas respecto a su utilidad para determinada ideología política o, en todo caso, beneficia a algún sector poblacional en específico?, ¿las motivaciones que condujeron a su uso son de inspiración democrática?, ¿en qué medida está comprometido con una evolución del constitucionalismo?, ¿se trata de un término exclusivo para el contexto ecuatoriano? Esta y otras tantas cuestiones evidencian, pues, la necesidad esencial de una visión contemporánea del constitucionalismo. Esto es, acaso, una pretensión visionaria por la valoración prioritaria del principio de justicia sobre el principio de legalidad, como exigencia mínima  para reconocer la legitimidad de las decisiones jurisdiccionales. 

No obstante, antes de ingresar -como tal- en el caso colombiano; es necesario realizar algunas observaciones. Principalmente, es necesario apreciar el fenómeno del neoconstitucionalismo como una exaltación que, muchas veces, desvirtúa el entendimiento del fenómeno jurídico que presenta, muy adecuadamente, posturas serenas como el postpositivismo. Probablemente, esto explique por qué el neoconstitucionalismo puede ser entendido como una suerte de “caricaturización” de las posturas que, hoy en día, identifican por ejemplo a Manuel Atienza; quien, desde el postpositivismo, se ha mostrado crítico de esta ambiciosa corriente. En este sentido, como base, se alzan argumentos en pro de la seguridad jurídica, el uso incauto de los principios a nivel argumentativo, y la distribución de poderes en la relación del juez y legislador. De ahí, la desconfianza que genera este particular diseño.

Regresando al hilo conductor de este desarrollo, en principio, es necesario identificar el contexto social colombiano como axiomático para  el entendimiento de la pertinencia del término “derechos”. Concretamente, es  característico del territorio latinoamericano el hecho de estar conformado por diversidad  de comunidades indígenas cuyos contrastes recaen, en gran medida, en su modelo de “Derecho”. No obstante, se tratan de modelos jurídicos que el Derecho occidental no ha  reconocido como válidos o que, en un intento por forzar su inclusión, los ha configurado  bajo el rótulo de “Derecho consuetudinario”, como una suerte de reconocimiento consuelo  frente a la fuente formal. En este sentido, desde una mirada antropológica, los acontecimientos históricos evidencian que el sistema jurídico formal -materializado en el parlamento-, no solo pretendió presumirse  como el único válido, sino que también monopolizó las facultades de iniciativa, producción,  interpretación y derogación de leyes vinculantes (fuentes del derecho). Aunque, por lo que se refiere a este  modelo de Derecho indígena, si bien su estructura ha sido considerada inferior y no válida;  su aplicación continuó efectuándose en los límites de la marginalidad a la que fue sistemáticamente relegada. En razón de que, poseen criterios inmanentes que pueden ser identificados para el reconocimiento legítimo de sus propias autoridades, principios,  normas, procedimientos y sanciones. Así, es este el predominio que posee el derecho de una  comunidad y, tal cual, representa también la forma en la que pueden coexistir tantos derechos como tantas comunidades convivan en un mismo Estado; conformando un “Estado de derechos”. 

Sin embargo, aún no se incluye una tipificación escrita en el texto jurídico de un “Estado  de Derechos”. En este punto, para examinar la evolución e importancia de concebir tal  textualización constitucional es necesario examinar algunos episodios histórico-jurídicos.  En el Estado de Derecho, como su nombre señala, el poder se somete al Derecho. En un  primer momento, en virtud de su inspiración liberal, se entiende a la ley como única fuente de este “Derecho”. Así, conforma un “principio de formalidad” donde recae toda la seguridad  jurídica; no obstante, se trata de un círculo vicioso donde el parlamento somete al Estado mediante las leyes que ellos mismos están únicamente facultados para expedir, degenerando en un Estado de Legislación. En un segundo momento y frente a la necesidad de ampliar el alcance del Derecho sin descuidar un sistema jurídico formal, se introducen los principios explícitos en el texto. Entonces, el Derecho es entendido como Constitución: un medio apropiado para someter a todos los poderes a un único poder constituyente. De forma que, si bien la comprensión de la ley cambia, es pertinente que mantenga cierta importancia para el sistema jurídico, situación que la constitución le reconoce. Aunque, por gracia de esta última, también se reconocen los derechos consuetudinarios como “auxiliares”, en tanto son funcionales para explicar la fidelidad del contenido de la ley formal; de lo contrario, se eliminan del debate. 

Pero, es precisamente en este punto donde se introduce la literalidad de “Estado de  derechos”, refiriendo al poder de los “derechos” en tanto su justicia legitima la formulación  de reglas hipotéticas a partir de los principios superiores (derechos). Así, resulta paradójico que, en esta comprensión, los derechos someten no solo el poder público y privado, sino también el poder constituyente. Esto último, a la luz de las reflexiones de Ramiro Ávila, quien se posiciona desde el Estado de Derechos, es una conclusión coherente. De esta  manera, se presencia textualmente la multiplicidad de ordenamientos jurídicos que  conviven al interior de Ecuador, de forma que se podría evidenciar lo que, aludiendo a  Griffiths, Guevara llama un “pluralismo legal fuerte”, pues el derecho estatal no estaría  administrado sólo por un conjunto específico de instituciones formales, ni tampoco los  demás modelos de Derecho estarían delimitados por alguna característica particular y  común de sus integrantes. Sin embargo, este concepto no se agota en las concepciones de  Derecho del interior de Ecuador, sino que también instala en el Derecho nacional aquellos  principios reconocidos a nivel internacional en Convenciones que Ecuador suscribe.  

En síntesis, la pluralidad jurídica se inscribe allí donde el Estado constitucional de Derecho  evoluciona superando las limitaciones del principio de legalidad que retiraba del debate las  concepciones no hegemónicas de Derecho, sean locales o internacionales. Dicha superación consiste, pues, en el principio de constitucionalidad en tanto configura la justicia como guía de un nuevo constitucionalismo incluyente y más coherente con el modelo democrático. Entender la esencia de la democracia consiste, por un lado, en el reconocimiento de la  interculturalidad y la pluralidad de las naciones contenidas en un mismo Estado. Por otro  lado, dicha concepción remite a la justicia de los derechos como producto de un proceso crítico respecto de los impuestos históricos y las reivindicaciones anexas. En esta misma  línea, la valoración positiva de la evolución del constitucionalismo resulta, necesariamente,  de la evidencia de una evolución progresista en defensa de la articulación de todos los  grupos, sin menosprecio de las formas jurídicas de alguno de ellos. De forma que, la  democracia actual, acaso compleja, debe poder materializarse en políticas públicas  progresistas. 

Finalmente, es posible afirmar  que la definición de “Estado de  derechos” para Ecuador, por las facilidades que brinda a nivel explicativo, puede considerarse en otros contextos, en virtud de que muchas regiones latinoamericanas mantienen no solo una estructura y composición social análogas; sino que, se inscriben el marco de las epistemologías del sur, aquellas no hegemónicas. No obstante, es necesario internalizar las deficiencias del extremo neoconstitucionalista en la práctica, a nivel de la dinámica sociopolítica. En este punto, sin desmedro de estas aclaraciones, es importante reconocer que la pretensión liberal que anunciaba la conformación del “Estado-Nación” se posiciona, más bien, como un paradigma que, al negar el contexto plurinacional donde se inscribe la democracia, no es pertinente introducirlo en el debate neoconstitucional. Sin olvidar que, también se torna insuficiente e inadecuado frente al  hecho de la “interlegalidad”, aunque este constituye un tema para reseñar en otra ocasión. 


BIBLIOGRAFÍA: 

ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro 

2009 “Del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derechos y justicia”. Anuario  de Derecho Constitucional Latinoamericano. Montevideo, Ano XV, pp. 775-793.  

https://studylib.es/doc/5928717/del-estado-legal-de-derecho-al-estado constitucional-de-d… 

GUEVARA GIL, Armando 

2009 “Apuntes sobre el pluralismo legal”. Diversidad y complejidad legal.A proximaciones  a la Antropología e Historia del Derecho. Lima: Fondo Editorial PUCP, pp. 29-59.



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