Por Mercedes Bueno Barra, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y miembro del consejo editorial de Enfoque Derecho.

El libro tiene por objetivo dar a conocer la importancia que tuvo la dinámica ejercida por parte de  la sociedad civil en el marco de la construcción de memoria y verdad. En este sentido, se enfoca  en destacar las acciones que los ciudadanos, frente al retorno de la democracia, ejercieron antes y  durante el proceso de redacción de las comisiones de la verdad de la región. Por ejemplo, el  acompañamiento social que las organizaciones de víctimas ofrecieron para una documentación más transparente e integral del pasado violento. Asimismo, esta producción pretende tender  puentes entre el proceso de redacción de dichos informes en Latinoamérica y Sudáfrica; de  manera que, destaca la sustancialidad de la intervención civil en ambos escenarios.

La autoría pertenece a la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC),  integrante de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y coordinada por Memoria  Abierta. Esta reúne a los llamados “sitios de memoria” para potenciar el proceso de recomposición  de la memoria colectiva respecto a las situaciones de violación de derechos humanos y las  resistencias acaecidas durante los periodos de violencia sistemática. Así, la RESLAC reúne 44  instituciones de 12 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití,  México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay).

Su visión abarca estudios respecto a los periodos de conflicto armado interno y terrorismo de  Estado con la finalidad de fortalecer la prevalencia de la democracia y el compromiso de no  repetición. Para tal fin, la RESLAC establece -continuamente- alianzas con diversas  organizaciones interesadas en la misma línea temática. De manera que, la RESLAC busca reunir  en conformidad a las experiencias ocurridas en América Latina, para esquematizar los  antecedentes de la historia compartida que explican sus vínculos frente a otras regiones del  mundo. Así, mediante la agrupación de los espacios de memoria -sean monumentos o museos-,  el dictado de cursos con enfoque social y la producción de libros, como el presentado a continuación, pretende fortalecer el pilar de su misión: promover la justicia y la cultura universal  de los derechos humanos y la democracia.

A pesar de que esta obra fue publicada en 2019; originalmente, fue pensada en el marco de las  negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de  Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) ocurrido entre 2016-2017. Proceso en el que, la  RESLAC mantuvo una actitud vigilante y un acompañamiento cercano con organizaciones de la  sociedad civil colombianas. Asimismo, la inclusión de casos referidos al continente africano es  producto del XII Encuentro de la RESLAC realizado en San Pablo, Brasil, en octubre de 2019;  donde fue posible un intercambio con las organizaciones de Sudáfrica y Sierra Leona, también  integrantes de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. De forma que, publicar este  libro en 2019 abrió la posibilidad de encontrar puntos en común respecto a las experiencias en  ambos continentes y unificarlas en torno a una misma producción, enriqueciendo el debate académico respecto al protagonismo del activismo de la sociedad civil como un fenómeno que no  solo incluye a Latinoamérica en el contexto del periodo de violencia y dictaduras.

Existen diversas investigaciones y publicaciones académicas referentes al papel de la sociedad  civil durante el periodo de violencia. Por ejemplo, son destacados los trabajos de Sikkink, quien  destaca el papel de la ciudadanía latinoamericana que, aún con un trasfondo de dictaduras,  posiciona el lenguaje de los derechos humanos a nivel internacional, destacando que este es  “finalmente adoptado por las grandes potencias solo en respuesta a la presión de Estados más  pequeños y de la sociedad civil” (2015: 219). Además, autores como Milton (2007), Allier y  Crenzel (2015), y Stern (2012) también refieren al papel de la sociedad civil como una suerte de  autores de una historia extraoficial y la importancia de su activismo para la inclusión dentro de  las comisiones formales. No obstante, la particularidad de este libro recae en el hecho de que  abarca -específicamente- la dinámica de la intervención de la ciudadanía organizada en el proceso  de ejecución de las comisiones y las consecuencias del impacto que protagonizaron (o que se les  negó). Además, contiene una parte final referida a la experiencia análoga sucedida en Sudáfrica  y Sierra Leona, donde la sociedad civil y organizada también gozó de gran importancia para la  formación y trabajo de las comisiones. No obstante, si bien una de sus limitaciones recae en la  extensión que se destina a cada experiencia de formación de comisiones de verdad, su principal inconveniente es que no enfatiza en la posibilidad de que el acompañamiento social -a la  construcción de memoria y verdad- no solo ha potencializado el ansia de justicia, sino que  también ha suscitado represalias hacia ciertos activistas en ciertos países. Asimismo, no comenta ni incluye las reacciones de la propia sociedad civil que actuaba con un perfil detractor o escéptico; como políticos de corte conservador, extrema derecha o quienes respaldan  incondicionalmente las acciones de las fuerzas armadas.

Sin embargo, en relación con las demás publicaciones de la RESLAC, esta obra goza de mayor  extensión y especialidad histórica. Por lo general, la RESLAC acostumbra publicar boletines con  artículos, a manera de miscelánea, con corte social, artístico, coyuntural y memoriales. No  obstante, el eje temático se mantiene en todas sus producciones (escritas y audiovisuales) refiriéndose al periodo de violencia contra los derechos humanos y la gestión de los sitios de  memoria.

En general, este texto está escrito de una manera accesible para el público; sobre todo, para  aquellos interesados en el estudio de la memoria social, periodo de violencia y formulación de  sus respectivas comisiones de la verdad. Asimismo, el lenguaje en que está redactado dista de ser  -en exceso- sofisticado o técnico. Así, el libro está estructurado en nueve capítulos, más una  introducción y conclusión breves; de los cuales, siete capítulos están destinados a abordar la  experiencia de las comisiones de memoria en Latinoamérica, y uno respecto a la experiencia  ocurrida en Sudáfrica y Sierra Leona. En lo referente a este punto, se tratan de capítulos ordenados  de forma cronológica ascendente de acuerdo al tiempo de trabajo de cada comisión de verdad  ocurrida en determinadas regiones.

La metodología se sostiene sobre una explicación descriptiva-explicativa referente a la  importancia de la acción de las organizaciones de la sociedad civil frente al propósito de la  redacción de los hechos referentes al pasado de violencia. De manera que, esta producción de la  RESLAC, otorga especial énfasis tanto a las causas y consecuencias de esta dinámica, como al  pormenorizado recuento de los hechos más significativos.

Como primer caso emblemático, el libro destina uno de sus primeros capítulos para abordar el  caso de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos de Bolivia (1982-1983). En esta  sección, se subraya que esta fue la primera comisión de verdad en América que utilizó el grado  de influencia y participación de las organizaciones a nivel nacional como criterio de elección de  sus comisionados. De forma que, fue posible la inclusión de grupos como la Cruz Roja Boliviana  y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Mártires por la Liberación  (ASOFAMD); ambas conformadas por individuos de la sociedad civil, resaltando sus principales  retos y logros sustanciales.

Siguiendo la misma línea temática, se señala el caso de la Comisión Nacional sobre la  Desaparición de Personas de Argentina (1983-1984). En esta sección, se toma como referencia la  experiencia de las organizaciones de derechos humanos argentinas que, desde 1975, habían  recopilado una basta documentación referente a los testimonios de las víctimas civiles durante el  periodo de violencia. En efecto, ocho años después, dichas organizaciones de sociedad civil  solicitaron la conformación de una Comisión Técnica de Recopilación de Datos; situación que  derivara el surgimiento de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

Tal es así que, este libro intenta abordar el ejercicio ocurrido en cada país de América Latina en  el marco del pedido de justicia y verdad por parte de los ciudadanos. En este sentido, también se  ocupa del desarrollo de las Comisiones de verdad de Chile (1991, 2004 y 2010) pero con un  enfoque distinto ya que, se trata de una antítesis a las experiencias anteriores. Es decir, el caso  chileno sirve como un punto de partida para evaluar la experiencia y las dinámicas de una búsqueda de la verdad por parte de una comisión cuya conformación y desempeño no estuvo  articulada con las organizaciones de la sociedad civil. En esta línea, este capítulo examina  interesantes conclusiones respecto a esta carencia de participación civil directa, como el hecho de  que no se hayan ocupado en investigar los “casos de privación de libertad y tortura fuera de  recintos policiales, militares o secretos” (RESLAC 2020: 31). No obstante, el autor destaca que  esta situación no se traduce en el hecho de que las organizaciones de derechos humanos, en  especial aquellas ligadas a la Iglesia Católica, no hayan sido la fuente de mayor importancia de  las comisiones para recopilar los testimonios.

Para continuar con el desarrollo del tema, el autor se aproxima al caso de las Comisiones de  Verdad de Guatemala (1995-1998 y 1997-1999) con el objetivo de dar cuenta acerca del papel  sustancial que protagonizaron las organizaciones de víctimas y familiares, en especial viudas,  para la formación de las comisiones de verdad. Por ejemplo, la presión civil para la suscripción  de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Oslo es un claro ejemplo de los logros de su  intervención frente a las fuerzas de orden, quienes constituían sus principales detractores. Sin  embargo, tanto los intereses y temores ocurridos dentro del gobierno de turno, como la  intervención de los organismos de derechos humanos pertenecientes a la Iglesia Católica sirven  como un punto de quiebre que el texto analiza para destacar los límites impuestos a la sociedad  civil y su pedido de justicia: no logran que se nombran explícitamente a los responsables de  diversos crímenes -es decir, a aquellos incluidos en las fuerzas del orden-; de manera que, no  corresponde la sanción judicial. En consecuencia, se examinan las incidencias de esta experiencia sobre el posterior Informe del REMHI, producto de una comisión ad hoc impulsada por el obispo  Juan José Gerardi, quien sería asesinado.

En cuanto al caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú (2001-2003), el  autor realiza un singular detalle respecto a las normativas que la CVR formuló para posicionar a  las organizaciones de la sociedad civil, redes pastorales y ONG dedicadas a la defensa de DD.HH.  como las principales impulsoras y aliadas en la búsqueda de información. En otras palabras,  resalta que estas organizaciones sirvieron de nexo con los denunciantes, con el propósito de  posicionarlos en calidad de víctimas.

En tanto a la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay (2004-2008), se realiza una revisión  somera, pero no por ello trivial. Por el contrario, se enfatiza que la iniciativa de la sociedad civil  fue la principal impulsora para la condena de la represión de la dictadura stronista. Su persistencia  logró la formación de la comisión 14 años después de lo ocurrido, sin importar que esta situación  no había despertado ningún interés en gobiernos inmediatamente posteriores. De acuerdo a ello,  un caso análogo sucede con la observación de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de Brasil  (2014-2015). Donde remarca que, si bien ocurrió 27 años después de terminada la dictadura, el  autor insiste en la postura persistente de la sociedad civil que no sólo promovió la CNV, sino que  también generó diversas “comisiones de la verdad estatales, municipales, universitarias,  sindicales y de asociaciones” (RESLAC 2020: 51). Al respecto, se realiza un examen respecto a  la cooperación técnica por parte de la sociedad civil frente al pasado ensombrecido por Vargas.

Como parte final, este libro presenta el apartado titulado “Diálogos Sur-Sur: comisiones de  Sudáfrica y Sierra Leona”, sección basada en el XII Encuentro de la RESLAC. Se trata de una  indagación que tiende puentes respecto a la búsqueda de la verdad y la defensa democrática como  acciones protagonizadas e impulsadas por la sociedad civil, tanto en países de América del Sur  como de África. “Amantla Ngawechu” es la frase que reúne, prácticamente, la esencia de la  temática abordada no sólo en este capítulo, sino también en todo el libro. Esta se traduce en “el  poder del pueblo” y es así como inicia un testimonio narrando la violencia sufrida durante el  Apartheid y que, recién en 1995, encontraría la manera de ser documentada mediante la  “Comisión Sudafricana para la Verdad y la Reconciliación”. Así, el texto refiere a las zonas  comunes en cuanto a la experiencia latinoamericana, destacando que en África el trabajo de la  Comisión también era visto como un importante instrumento de transición hacia la democracia,  dirigida por Nelson Mandela.

Asimismo, una interesante observación ocurre cuando señala que las víctimas declaran no sentirse  cómodas al ofrecer un testimonio desde su individualidad, pues insisten que la situación  democrática no habría sido alcanzada desde una actuación particular. Por el contrario, refieren a  la necesidad de ser tomados en cuenta como un grupo amplio y agrupado en organizaciones, que  esperan no solo una reparación individual, sino una reparación comunitaria y simbólica.

Así, el libro señala más puntos en común con ciertas experiencias en países latinoamericanos. Por  un lado, frente a la cláusula de Amnistía que había retirado el derecho de litigar contra los  victimarios y la tardanza de las reparaciones individuales, la sociedad civil se agrupa en el  movimiento Khulumani que, recién en 2003, paga las reparaciones individuales y comunitarias.

Por otro lado, en cuanto a Sierra Leona, destaca que la sociedad civil abogó por la instauración  de una comisión para la búsqueda de la verdad y reconciliación, con ayuda de la comunidad  internacional, que también actuó como pilar para las negociaciones de paz entre el gobierno y los  rebeldes. Así, y a manera de síntesis final, destaca el rol del activismo social como un conjunto  de ciudadanos agrupados de manera sistemática con el objetivo de forjar una gruesa línea de  defensa que pueda cuidar del nuevo periodo democrático.

Personalmente, esta producción despertó gran interés puesto que examina de forma bastante  concreta la potencialidad de la capacidad activa de la sociedad civil organizada frente al nuevo  periodo democrático. Asimismo, porque confirma el hecho de que la ciudadanía activa y la  responsabilidad social es sustancial para la búsqueda y reclamo de justicia, sin importar la  postura que tome el gobierno de turno. En este sentido, es verdad que el texto equilibra los  episodios referidos a cada país, pero -en especial- resulta atractivo por destacar la acción “desde  abajo” por parte de la sociedad civil organizada que, eventualmente, se había mantenido como  titular de un discurso extraoficial y excluido de la formalidad de las comisiones. Situación que,  no solo se limita a las fronteras de los países latinoamericanos, sino que encuentra un correlato  en la experiencia de países africanos como Sierra Leona y Sudáfrica.


Bibliografía

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