Por Enfoque Derecho

1. Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra Sada Goray, Mauricio Fernandini y otros dos investigados por el caso Fondo Mivivienda.

El 3 de agosto el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 30 meses de prisión preventiva en contra de la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini por el caso Fondo Mivivienda. La medida sería efectiva hasta el 7 de enero de 2026 y también alcanza a los exfuncionarios del Fondo Mivivienda, Pedro Arroyo y Roger Gavidia. De este modo, el juez Raúl Justiniano determinó que concurrieron los presupuestos de la prisión preventiva: graves elementos de convicción de la comisión del delito; posible sanción mayor a cuatro años de cárcel; y peligro procesal por fuga u obstaculización de la investigación. 

En el caso de Mauricio Fernandini, se concluyó que no tiene arraigo domiciliario ni labora, y que podría “destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar documentos de prueba respecto a los bienes con los que cuenta o contaba”. Por otro lado, en el caso de Sada Goray, el juez concluyó que “no tendría arraigo domiciliario, familiar, de negocios, tendría facilidades para escapar del país, existe gravedad de la posible sanción que se le pueda imponer y podría influenciar para que sus coinvestigados puedan declarar en forma distinta”.

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2. Indecopi sanciona a Rappi por inducir pagos automáticos de propina por la prestación del servicio

En primera instancia, Indecopi (Resolución Final 043-2023/CC3) multó con S/6.435 (1,3 UIT) a Rappi, plataforma de servicio de delivery, por “obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. La Comisión indicó que la empresa habría desnaturalizado el concepto de propina, que consiste en el pago voluntario luego de la prestación de un buen servicio; por lo que el usuario no podría obligarse a su pago antes de la prestación del servicio, tal y como pretendía Rappi. 

Además, Indecopi impuso a la multinacional colombiana la medida correctiva de modificar la plataforma para que la opción de entrega de propina aparezca al consumidor luego de haber recibido su producto, no antes de hacer el pedido. Así, la opción predeterminada del monto de propina dejará de ser de S/5.00 o más, como se mostraba en el aplicativo móvil. 

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3. Perú recibió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. 

El martes 1 de agosto, la canciller Ana Cecilia Gervasi recibió la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico en una ceremonia celebrada en Chile, a la cual acudieron autoridades de los países parte: Colombia, México, Chile y Perú. 

Cabe recordar que, Perú debió recibir la Presidencia de la Alianza del Pacífico a fines del año pasado; sin embargo, el mandatario mexicano, Manuel López Obrador, se negó a entregar el cargo a Perú debido a discrepancias políticas. Por ello, tras un acuerdo entre las naciones miembros de la alianza, la ministra de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, había entregado el mando a su par chileno, Alberto van Klaveren, en junio del presente año. 

En aquella ocasión el canciller chileno detalló: “Nosotros siempre hemos reconocido el derecho que le corresponde al Perú para ejercer la presidencia pro tempore y es en ese espíritu en el que decidimos actuar como intermediarios para poder resolver esta situación”. Finalmente, Perú asumió la presidencia del bloque económico regional. 

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4. Congreso de Colombia investiga a Gustavo Petro por presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial.

La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, que es el único órgano competente para comenzar un proceso de destitución contra un presidente, inició una investigación contra Gustavo Petro por los hechos revelados por la Fiscalía en el caso de su hijo, Nicolás Petro.

A Nicolás Petro, hijo mayor del presidente colombiano, se le investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Tras un acuerdo para colaborar con la Fiscalía por parte de los imputados, se reveló la existencia de una financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022. 

Asimismo, el mandatario negó que su campaña se haya financiado con dinero recibido del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el ‘Hombre Marlboro’, y de un hijo del controvertido empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca. Petro afirma que la acusación se trata de un plan político de sus opositores. 

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