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¿Lo prometido es deuda o solo una equivocación? Análisis jurídico de la publicidad en el caso Plaza Vea

“[...] la noción de consumidor atañe a un consumidor razonable, el cual no se refiere tanto a un individuo en particular, sino a un nivel de comportamiento establecido por la autoridad como un estándar mínimo: un consumidor diligente que se esfuerza lo suficiente para informarse.”

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Por Vasco Navarro Toledo, estudiante de la Facultad de Derecho PUCP, asociado extraordinario de Themis y asistente de docencia del curso de Sociología y Derecho.

La famosa frase “lo prometido es deuda”, usada en el título del presente ensayo, hace referencia al cumplimiento de un compromiso adquirido por medio de una promesa. Sirve para hacer un recordatorio a aquella persona que ha contraído una obligación, así como para señalar que esta promesa se ha satisfecho.

De esta forma, podemos traer a colación el caso de Plaza Vea, cuando, por un error humano, durante las ventas realizadas en línea en la página oficial de la tienda se efectuaron 5839 compras valorizadas en un total aproximado de S/. 12,000,000.00, las cuales fueron vendidas a S/. 22,000.00 con un descuento aproximado del noventa y nueve por ciento (Comisión de Protección al Consumidor No. 3, 2022).

En ese sentido, han surgido principalmente dos posturas: la primera se enfoca en la protección del consumidor partiendo del principio de información y deber de idoneidad que se encuentran amparados en los artículos 18 y 19 del Código de Consumo y el cumplimiento de la oferta amparado en el artículo 46 del mismo cuerpo normativo. La segunda, la cual es sostenida en el ensayo, plantea la duda razonable como un argumento para comprender si un consumidor puede considerar dicha oferta como incuestionable: la existencia de un desbalance contractual que genera una perdida excesiva en perjuicio del proveedor y que puede ser advertida por los consumidores.

I. Perspectiva del consumidor

El crecimiento de la economía ha demandado maneras más rápidas y eficientes de llevar a cabo transacciones dentro del mercado. En ese sentido, la modernidad ha traído consigo la figura del contrato por adhesión (contratos masivos), en el cual no hay negociación alguna: sólo uno se adhiere a la otra parte; es decir, acepta la propuesta o no. La idea de pactar cláusulas de contratación es por la practicidad, debido a que reduce costos de transacción y permite una interpretación unívoca del contrato.

Sin embargo, hay un problema, ya que cada vez es más estrecha la capacidad de negociar o el contenido contractual. Entonces, ¿Qué debe de hacer el Estado frente a la reducción de la autonomía privada? Los límites de la autonomía privada vienen marcados por: normas imperativas, normas de orden público, normas de buenas costumbres y acuerdos de las partes. En respuesta a ello, el Estado establece normas de protección y defensa de los consumidores a través del Código de Protección y Defensa del Consumidor (CPDC).

En tal extremo, el CPDC desarrolla el deber de idoneidad y el principio de información como dos caras de una misma moneda. Este primer concepto es definido por García y Sosa como la adecuación entre las expectativas razonables de un consumidor en un marco de referenciay lo que realmente obtiene; mientras que el segundo concepto se entiendo como la información pertinente proporcionada por el proveedor en su publicidad establece lo que un consumidor razonable esperaría. La afectación de ambos conceptos se traduce en una clara vulneración a lo señalado en el CPDC (2014, p. 143).

Asimismo, el artículo 8 del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, define a los actos de engaño de la siguiente manera:

“[Los actos de engaño] Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado” (2008).

Conforme a dicho artículo, una empresa que induzca al error a los consumidores al señalar en sus precios un monto menor al real estaría incurriendo en el supuesto de actos de engaño. Sin embargo, lo que realmente importa es cómo el público percibe un anuncio, no importa la intención del anunciante: es posible que el anunciante no haya tenido la intención de ofrecer precios tan bajos, pero lo que cuenta es cómo los consumidores lo interpretan (Maraví, 2015).

En consecuencia, solo se castigan las afirmaciones que los consumidores consideren como objetivas; si una afirmación es percibida como subjetiva, no se puede sancionar, ya que no se puede analizar su veracidad. Además, no es necesario demostrar que un grupo real de consumidores haya sido engañado. Se castiga el potencial del anuncio para engañar, incluso si ningún consumidor fue realmente engañado. Es así que estas afirmaciones objetivas que emanan del proveedor se trasforman hasta convertirse en una expectativa razonables de un consumidor, lo que espera un “consumidor razonable”.

II. Perspectiva de Plaza Vea

Dentro del marco del Artículo 65 de la Constitución Política del Perú y en un régimen de Economía Social de Mercado, establecido en el Capítulo I del Título III, Del Régimen Económico, de la Constitución Política del Perú, nos encontramos frente a un “sistema mixto” que tiene una perspectiva de “solidaridad”: busca promover, la eficiencia y los mercados a través de la competencia.

La Economía Social de Mercado tiene tres pilares fundamentales: libertad para contratar, propiedad y libre comercio; factores fundamentales para lograr la eficiencia y que las personas logren sus propios objetivos. En línea con lo mencionado, la libertad de contratar permite que cada uno pueda aspirar a llegar a una situación óptima (plano teórico) a través de los contratos.

El Estado tiene la obligación de eliminar prácticas que intenten entorpecer la competencia por medio del rol fiscalizador del Estado (no planificador) para sancionar cualquier tipo de práctica anticompetitiva. Asimismo, es rol del Estado proteger al consumidor por medio de la idoneidad entre información y producto y el principio de información.

No obstante, la noción de consumidor atañe a un consumidor razonable, el cual no se refiere tanto a un individuo en particular, sino a un nivel de comportamiento establecido por la autoridad como un estándar mínimo: un consumidor diligente que se esfuerza lo suficiente para informarse. Esto se especifica en la resolución 001-2001-LIN-CPC/INDECOPI, que establece lo siguiente:

“Este estándar no es el de un consumidor experto o excesivamente exigente y cuidadoso o de uno racional, calculador y frío capaz de analizar cada detalle de las opciones que se le presentan, sino, de una persona que actúa con la diligencia ordinaria que se puede exigirá cualquier persona que realiza una operación de intercambio en el mercado (Comisión de Protección al Consumidor, 2001).»

En tal extremo, sí sería exigible a un consumidor promedio que valore de manera correcta la información que el proveedor le ofrece con respecto al precio al analizar si se rompe el equilibrio contractual. Hay que analizar caso por caso, en función de las obligaciones contenidas en cada contrato.

En otras palabras, ¿no resulta razonable que una persona se pregunte por qué un producto que normalmente cuesta S/. 4,000.00 ahora cuesta menos de S/. 40? Si es así y el consumidor procede con su compra sin detenerse a dudar de esta información, su actuación podría no estar dirigida por la buena fe.

III. Conclusiones

En un mundo sin publicidad, los costos de transacción serían altísimos con información que no sería totalmente idónea. La publicidad es una herramienta de competencia de los agentes económicos en el mercado por medio de la cual se promueve la contratación o la realización de transacciones para satisfacer los intereses empresariales.

Es deber del Estado, desde un rol fiscalizador, promover y preservar el adecuado proceso competitivo por medio del principio de competencia por eficiencia: competir sobre la base de propios méritos. Un acto contrario al principio de competencia por eficiencia es una práctica desleal. Empero, en el caso de Plaza Vea no se evidenció una susceptibilidad de mejorar su posición competitiva como agente que lleva a cabo una práctica desleal.

Es probable que se haya planteado la idea de establecer controles o medidas preventivas para estos casos, pero considero que esto no solo sería ineficiente, sino contraproducente por los siguientes motivos:

      1. Son pocos casos de similar relevancia y estructura que se han presentado durante el desarrollo del comercio electrónico en el Perú.
      2. El estándar del consumidor razonable y la noción de desbalance contractual, así como otros conceptos expuestos, resultan suficientes para que un consumidor pueda identificar cuando está frente a una expectativa razonable.
      3. El Estado debe regular solo los casos en los que el desequilibrio de información es relevante y cuando el mercado no puede resolver estas deficiencias; como se ha expuesto, esto sí puede ser solucionado. No solo es innecesaria, sino que se traduce en un aumento de costos de transacción.

 


Bibliografía:

Comisión de Protección al Consumidor No. 3. Resolución final No. 084-2022/CC3; 26 de septiembre de 2022.

Decreto 1044 de 2008 [con fuerza de ley]. Decreto legislativo que aprueba la ley de represión de la competencia desleal. 26 de junio de 2008. D.O. No. 374792.

Maraví, A. (2015). Breves apuntes sobre la exploración del ambush marketing desde la cláusula general de competencia desleal. Anuario de Investigación del CICAJ 2013-2014, 129-159. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/168208/Alfredo%20Marav%c3%ad%20Contreras.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Resolución 001 de 2001 [Comisión de Protección al Consumidor]. Lineamientos sobre Protección al Consumidor. 07 de junio de 2001.

Rodríguez, G. y Sosa, A. (2014). La publicidad y el sistema de protección al consumidor, Con licencia para anunciar. Un tratado sobre publicidad y su tratamiento legal en el Perú (pp. 35-67). Asociación Civil Themis.

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