Por Enfoque Derecho,

El jueves 14 de septiembre, el Concejo Provincial de Trujillo tomó la decisión unánime de suspender al alcalde Arturo Fernández Bazán. Tal como los tres peticionarios argumentaron, esta suspensión se subsume en el Artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo inciso 5 establece que el ejercicio del cargo de alcalde se suspende “por sentencia judicial emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad”.

Dicha sentencia surgió a partir de hechos ocurridos en el 2021, año en el que Fernández acudió a la comisaría para realizar una denuncia familiar y fue atendido –según él, insatisfactoriamente– por la teniente de la Policía Nacional del Perú, Nataly Rojas Rojas, a quien acusó de solo “calentar el asiento”. No le bastó con expresarse así de Rojas en la comisaría, sino que extendió sus expresiones difamatorias a su cuenta de Facebook, con frases que se configuran como violencia contra la mujer: “[…] Póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén. Váyanse porque están dañando la imagen del uniforme”.

Los ofensivos comentarios contra Nataly Rojas no constituyen un caso aislado del comportamiento del suspendido alcalde. Pues, Fernández Bazán es conocido como una persona misógina que solía proliferar frases de doble sentido y de connotación sexual. Por ejemplo, ante las preguntas de algunas reporteras con respecto a su orden de colocar un huaco erótico en la Municipalidad Provincial de Trujillo, Fernández sugirió que les gustaba el falo de la escultura.

Como consecuencia, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad lo condenó a un año de prisión suspendida y al pago de 5 mil soles como reparación civil. Posteriormente, esta condena fue ratificada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, la cual estableció el aumento del pago de reparación civil a 25,000 soles, cifra que el suspendido alcalde debía pagar en un plazo de 30 días a Rojas, pero que, hasta el momento, solo ha desembolsado el monto de la primera sentencia. Esta Sala, además, rechazó su pedido de elevar el caso a la Corte Suprema.

En vista de que el hecho se subsume en una causal de suspensión, se convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Provincial. En esta, el acusado prescindió de defensa legal; ya que, a diferencia de lo que pretendía, no podía ser representado por un asesor legal de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Sin perjuicio de ello, el resultado era en gran medida previsible. La sesión concluyó con la decisión unánime de suspenderlo de sus funciones, con lo cual, si Fernández decide no presentar un recurso de consideración, el Jurado Nacional de Elecciones le retirará sus credenciales y le traspasará el cargo al primer regidor Mario Reyna Rodríguez, a quien Fernández acusa como traidor.


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