Por Enfoque Derecho

Hace dos días, en horas de la mañana, Telefónica del Perú S.A.A informó que fue inhabilitada por el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), por lo que se encuentra restringida de  tener acuerdos con el Estado por un periodo de 36 meses, acción que fue denominada como “totalmente desproporcionada”. A raíz de ello, la compañía anunció que accionará judicialmente en contra de la resolución emitida por OSCE. En esa misma línea, Telefónica se pronunció de la siguiente manera: “Cumplimos con brindar de manera satisfactoria el servicio de conectividad requerido por el Ministerio de Trabajo y con todas las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con dicha institución, por lo que el servicio no causó ningún perjuicio para el Estado peruano”.

Asimismo, se especificó que el monto contratado con esta institución fue de 100 mil soles. De tal manera que, con lo expuesto, la compañía aseguró que tomará las acciones necesarias ante el Poder Judicial para revertir esta sanción por ser totalmente contraria a lo proporcional. Según el diario El Comercio se afirma, mediante  fuentes cercanas, que la compañía presentó una acción de amparo que pide una medida cautelar con el fin de revertir la desproporcionada medida del OSCE.

Pero, ¿cómo surge la sanción a Telefónica tras el servicio al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? Esta sanción ocurrió porque luego de que la empresa brindara un servicio de conectividad al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) del monto mencionado (S/. 100 mil soles, y en la lista de personas involucradas en el proyecto, se encontraba el trabajador Jorge Luis Quispe Cruz, quien luego fue presentado como bachiller en Ingeniería Electrónica, no se encontraba consignado por la Universidad Nacional del Callao, menos como ingresante de esta universidad ni de la carrera.

Una vez conocidos los hechos, el involucrado fue despedido de la empresa y denunciado penalmente. Posterior a ello, esta información fue remitida al Organismo de Supervisión de Contrataciones con el Estado (OSCE), órgano que impuso la sanción. En base a ello, Telefónica decidió pronunciarse, por lo que mencionó lo siguiente: “El servicio de Telefónica al Ministerio del Trabajo se cumplió en su totalidad y el Ministerio dio conformidad de ello en su oportunidad; es decir, no se ejecutó ninguna afectación al Estado”.

Sin embargo, de acuerdo a la resolución Nro. 3330-2023-TC del 17 de agosto del 2023, la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a Telefónica del Perú por los siguientes motivos: presentación de documentación falsa e información inexacta ante el MTPE en el marco de la adjudicación simplificada Nro. 16-2020 MTPE-2- Segunda convocatoria para la contratación.  Específicamente, se hace referencia al documento emitido como “Diploma de Bachiller en Ingeniería Electrónica de fecha 27.10.1995 supuestamente emitida por la Universidad Nacional del Callao a favor del señor Jorge Luis Quispe Cruz”. Según las investigaciones del OSCE, se confirmó que no se ha encontrado ningún diploma a nombre de Jorge Luis Quispe Cruz en los libros de grados académicos de bachilleres del año 1995, en esa unidad, lo que sería caligrafiado y falsificado.


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