Semana Temática | Interpol y Derecho: Análisis sobre el Proyecto CRIMJUST y el impacto que ha traído consigo en el Derecho

"El proyecto CRIMJUST apoya a doce países en América Latina, el Caribe y África Occidental en su lucha contra la delincuencia organizada en las rutas de tráfico de cocaína. Por ello, se centra primordialmente en las distintas investigaciones penales y la cooperación en materia de justicia penal, a través de tres aspectos distintos que contribuyen a que se desarrolle todo de la manera más óptima posible. Estos aspectos son el desarrollo de capacidades, la cooperación interregional y la integridad institucional".

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Por Dyanella Salas Molero,

estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), miembro del consejo editorial de Enfoque Derecho de la Asociación Civil Themis.

En el presente texto, se busca analizar el Proyecto, mas conocido como CRIMJUST, el cual está enfocado en temas de materia centrada en justicia penal. Este proyecto, ansiado por años, apoya a los países en su lucha contra los delitos en las rutas de tráfico de cocaína. Por ello, posee relevancia considerar las diversas aristas que surgen del mismo y comprender cuál ha sido el impacto que ha tenido en el sistema jurídico en los diferentes ámbitos.

De esta forma, según el portal oficial de Interpol: «El proyecto CRIMJUST apoya a doce países en América Latina, el Caribe y África Occidental en su lucha contra la delincuencia organizada en las rutas de tráfico de cocaína».  En base a ello, se puede evidenciar que el proyecto maneja un eje en específico, el cual inicialmente se centra en un grupo de países, por lo que el crecimiento que se plantea es paulatino.

Asimismo, las distintas investigaciones en materia penal e internacional (cooperación) se centran prioritariamente en aspectos específicos, los cuales buscan una forma idónea de aplicar los distintos principios óptimamente. Estos aspectos, a los que se les denomina como «centro de las investigaciones», son el desarrollo de capacidades, la cooperación interregional y la integridad institucional. Cada uno de ellos, ocupa un lugar fundamental en el desarrollo de las investigaciones y contribuye de manera significativa, en mayor o menor medida.

En este marco establecido, se puede extraer de la información brindada por el portal de Interpol que el proyecto llega a financiarse bajo ciertas plataformas que buscan contribuir materialmente a la proyección y ejecución del objetivo.

Por ello, uno de los primeros programas que ha tenido un papel fundamental en la inversión y financiamiento ha sido el programa «Ruta de la Cocaína de la Unión Europea»; por lo que, Interpol, mediante el programa, no solo se encarga de la ejecución per sé en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la transparencia internacional, sino que busca prevenir y contribuir a la búsqueda de medidas preventivas más sólidas para alcanzar la tan ansiada contribución material.

Asimismo, en el marco de programas se premeditó y organizó una formación centrada en la investigación, lo que emitió el énfasis apoyado en las distintas funciones de fuerzas, centrados en los actos de delincuencia organizada en los distintos países que forman parte, por lo que el apoyo a la investigación puede llegar a otorgar mayor facilidad a la obtención del objetivo, al igual que las distintas actividades de operación ligada al uso de herramientas de los especialistas y conocimientos que imparten.

Y, tras esta explicación, surge la pregunta de, ¿qué países toman parte en el proyecto CRIMJUST?, ya que puede que no sea de conocimiento genérico, por lo que surge un conjunto de obligaciones durante las distintas fases para contrarrestar el propósito correspondiente. En ese sentido, como dato indispensable, según la emisión de Interpol en su última publicación, los países que participan son: por parte de América Latina y el Caribe están presentes Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Perú. Y, por parte de África Occidental se encuentran Cabo Verde, Ghana, Guinea Bissau y Nigeria.

En ese sentido, el Programa CRIMJUST centra su objetivo en el combate directo a los conflictos en materia penal a lo largo de las rutas de tráfico en América Latina, el Caribe y África. Para ello, se busca, de primera mano, mejorar las estrategias e ideas que pueden tener efectos judiciales que motiven la lucha contra el tráfico de drogas con un enfoque diverso y que sustraiga las actividades de interdicción.

Según el Informe Global sobre la Cocaína, «el programa ha brindado información sobre conocimientos estratégicos y prácticos sobre el seguimiento de las drogas» (2020). Ello centrándose en lograr expandir las políticas públicas internacionales que se aplican para la reducción de la amenaza de la cocaína. Para esto, también se tomó en consideración estadísticas emitidas por el Portal de Transparencia donde se establece que «el delito vinculado a la cocaína ha incrementado en un 35% pero que la disponibilidad no ha aumentado proporcionalmente» (2019).

¿Qué quiere decir ello? Pues bien, si bien el delito sigue creciendo exponencialmente, la disponibilidad se ha visto afectada dado que su crecimiento no ha sido el mismo. Interpol y los programas han sido actores principales de esta ejecución, dado que las incautaciones han superado a la producción de la misma, por lo que su producción y limitación en el mercado y la disponibilidad se han visto «perjudicados». Sin embargo, no deja de ser alarmante la disponibilidad vigente que acarrea a consecuencias negativas en la humanidad.

En base a lo expuesto, se evidencia el gran y significativo aporte al sistema legislativo internacional como nacional de cada país vinculado a la Interpol, dado que el brindar cifras alarmantes son la base para empezar un cambio tomando conocimiento, mediante ellas se puede contrastar las cifras que predominan en actos delictivos de este tipo. Por tanto, se proyecta a corto, mediano y largo plazo, un reto para el derecho basado en luchar contra la disminución y eliminación de actos delictivos  de este tipo que abundan alrededor del mundo y que perjudican a personas sin distinción de edad alguna.

En consecuencia, se requiere con urgencia que se planteen medidas restrictivas y sancionatorias significativas; también, un mecanismo de evaluación multilateral eficiente que no solo se centre en la evaluación pertinente para reforzar las capacidades de inteligencia e interdicción sino para contribuir a que las acciones que forman parte de la investigación preliminar del sustento (detectar, investigar y desmantelar) llegue a  tener un impacto significativo en la instalaciones dedicadas a la producción de drogas ilícitas.


Referencias:

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