Por Enfoque Derecho

  1. Contexto: Proyecto de Ley N.° 6080

El 5 de octubre el congresista José Luna Gálvez, de la bancada de Podemos Perú, presentó el Proyecto de Ley (PL) N.º 6080, “Ley que establece responsabilidad penal a menores de 18 años en delitos de especial gravedad”. Al día siguiente, el PL ingresó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos[1]; donde a la fecha se espera el dictamen respectivo.

El proyecto de ley propone establecer una responsabilidad penal plena en menores de edad entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años. El ámbito de aplicación de la propuesta legislativa se limita a los casos en los que los menores actúen como integrantes de una organización criminal o que hayan incurrido en delito de violación sexual, homicidio calificado, feminicidio, sicariato, secuestro, robo agravado, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos de “especial gravedad” sancionados con pena privativa de la libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua.

El problema que busca resolver el mencionado proyecto de ley, según el documento presentado, es combatir la “impunidad” de la que vienen beneficiándose los delincuentes juveniles que cometen delitos graves; lo que incrementa los índices de inseguridad ciudadana en el país[2]. En definitiva, mediante la propuesta legislativa se busca combatir la problemática de la delincuencia juvenil en Perú.

Para tal propósito, se propone modificar el numeral 2 del artículo 20 del Código Penal Peruano, sobre inimputabilidad del menor de 18 años; y el artículo 2 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, sobre el ámbito de aplicación del Código. Por un lado, en el Código Penal se modificaría el supuesto de la minoría de edad como supuesto de inimputabilidad penal en los casos de menores de entre 16 a 18 años para los delitos propuestos en el PL. Por otro lado, en cuanto al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, se restringiría su ámbito de aplicación respecto de los menores en el mismo lapso de edad y para los mismos delitos catalogados como de “especial gravedad”.

Descrito el contexto, en Enfoque Derecho nos posicionamos en contra del Proyecto de Ley N.º 6080, ya que las sanciones a menores de edad deben ser analizadas desde una visión socioeducativa que está íntimamente relacionada con el nivel de maduración de los sujetos a partir de una edad determinada. Según la neurociencia, la edad mínima de maduración son los 18 años. Antes de dicha edad los menores no son responsables por sus actos, porque no son plenamente conscientes de los efectos de su accionar. Así, la “consciencia” no va ser adquirida por medidas punitivas severas propias del régimen de responsabilidad penal general, tales como las penas de cárcel.

  1. La inimputabilidad de menores según las etapas de socialización

El PL pretende equiparar a una persona menor de edad, desde los 16 años, con una mayor edad; dígase, mayor de 18 años. De hecho, el proyecto adopta un modelo netamente punitivo en los términos descritos en el análisis costo beneficio presentado en el PL: “El beneficio es para la sociedad, que podrá «separar» a delincuentes juveniles de las calles, evitando mayores actos delictivos, pero por, sobre todo, castigando como a cualquier persona por los graves ilícitos que cometen”. De este modo, según el PL “el derecho será efectivo en tanto se pueda aniquilar a quien no le es funcional” (Palacios, 2010, p.21)[3]. Lo descrito es la síntesis de la teoría Günther Jakobs, del “derecho penal del enemigo”; en el que, a costa de las garantías constitucionales de los ciudadanos, “el Estado no habla con sus ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos” (citado en Palacios, 2010, p. 22).

Si bien este modelo penal puede resultar “atractivo” a primera vista, debemos recordar que ni siquiera dicho modelo es aplicable para los delincuentes mayores de edad en nuestro país. Y es que el Artículo IX del Título Preliminar del Código Penal establece que “La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación”. Por lo tanto, con mayor razón, el derecho penal del enemigo propuesto en el PL no sería aplicable a menores de edad; si se considera que aquellos son sujetos cuyo interés es de especial relevancia para el derecho. En efecto, como menciona el propio Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ha de promoverse la reintegración del adolescente a fin que asuma una función constructiva en la sociedad.

Ahora bien, dicha protección especial de los menores de edad en materia penal se materializa en su inimputabilidad en el sistema de responsabilidad penal ordinario (artículo 20, inciso 2 del Código Penal). Sin embargo, ello no implica una “impunidad” como señala el PL, en tanto que el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes prevé medidas socioeducativas; donde la más grave es el internamiento del menor. Estamos hablando de auténticas sanciones, pero adecuadas a un enfoque educativo apropiado para el sujeto infractor por su condición etaria.

Sobre la inimputabilidad del menor de edad en el fuero ordinario, la Corte Suprema se ha pronunciado en los siguientes términos:

“La minoría de edad constituye una causa de inimputabilidad criminal, cuya importancia normativa supone la presunción legal, que no admite prueba en contrario, que incide en una dimensión biológica de la persona, por lo que bastará la sola constatación de que el sujeto no ha alcanzado la mayoría de edad para fundar la exclusión de la responsabilidad penal. Según Villavicencio Terreros la evolución del tratamiento jurídico penal de los menores de edad muestra una progresiva restricción en la aplicación del Derecho Penal, ello por razones de seguridad jurídica”. (Recurso de Nulidad N.º 526-2017-Junín).

En efecto, el menor de edad se caracteriza porque su proceso de socialización aún se encuentra en curso; dígase, aún no tiene una identidad completamente definida, sino que precisamente el menor se encuentra aún en un proceso de aprendizaje de los modelos socioculturales de su entorno (Silva, 2007, p. 14)[4]. En tal contexto, el adolescente aún no cuenta con una madurez emocional completa y es pasible de influencias de todo tipo por parte de las relaciones que propiamente va desarrollando. En parte, estas consideraciones son tomadas en cuenta por la doctrina de la “protección integral” del menor que rige la mayoría de ordenamientos jurídicos en el mundo.

Entonces, debido a la condición especial del menor de edad, es que se ha regulado a la minoría de edad como un supuesto de inimputabilidad en el sistema de responsabilidad penal.

  1. Los fines socioeducativos del Derecho Penal aplicable a menores de edad

El Derecho penal en Estados Constitucionales como el peruano, tiene como finalidad la resocialización, toda vez que, previene la comisión de delitos a través de cambios positivos en el delincuente. Los referidos cambios “positivos” en el sujeto, implican que la pena privativa de la libertad esté acompañada de mecanismos que hagan posible que la persona encuentre alternativas al comportamiento delincuencial. Siendo ello así, la resocialización es considerada, como la respuesta automática o facultad punitiva del Estado, ante el sujeto que realiza comportamientos prohibidos en el Código Penal.

Estos principios tienen matices distintos cuando se trata de la responsabilidad penal del menor de edad.  En primer lugar, el Derecho Penal no sanciona a los menores con las denominadas “penas” que sí corresponden al sistema penal de adultos, por el contrario, a los menores que cometen ilícitos penales se le sancionan con “medidas correctivas”, así denominadas por el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA). Las medidas correctivas o socioeducativas tienen un fin resocializador más intenso, toda vez que se busca reinsertar al menor en la sociedad, para evitar la comisión de los mismos comportamientos. No obstante, las medidas socioeducativas no se reducen al internamiento carcelario, existen medidas menos severas. Según Ramírez[5], el legislador peruano ha decidido establecer en el CRPA una serie de criterios a tener en cuenta en la fase de determinación, para que dentro del gran abanico de posibilidades que existen como sanción, se escoja la más idónea, necesaria y proporcional en el caso concreto.

Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿por qué se insiste en tratar en el ámbito penal de manera distinta a los menores de edad? Pues bien, nos encontramos ante sujetos con una condición distinta a la de cualquier adulto, y no solo por la incapacidad jurídica, como bien menciona Barletta[6], el menor es un sujeto en crecimiento, en formación y en desarrollo, de ahí, que poseen garantías propias de su condición, no solo en el ámbito penal, sino en la vida en sociedad. Sin embargo, según se ha establecido en el PL N° 6080 los menores que poseen entre 16 y 18 años de edad deben ser responsables por los delitos, tal como lo haría una persona “consciente de sus actos, pero con unos años más de edad”. No obstante, el PL no considera que esos años de diferencia, no son insignificantes. Basta con acudir a la neurociencia, para conocer que entre los 16 y 18 años los adolescentes sufren grandes cambios hormonales, ello se debe a que, en ese rango de edades, el lóbulo frontal, encargado de tomar decisiones, controlar impulsos, entre otros, no está lo suficientemente maduro. Por lo tanto, los adolescentes entre ese rango de edad podrían identificar entre la diferencia de lo bueno y malo, pero no, sobre las consecuencias de realizar una u otra conducta.

  1. Análisis del Proyecto de Ley N.° 6080

Las propuestas legislativas como el Proyecto de Ley N.° 6080, deben ser seriamente cuestionadas, porque evidencian un desconocimiento de la normativa internacional dirigida a la protección de derechos del menor, tal como la Convención sobre Derechos del Niño. Pero, sobre todo, porque tal parece ser, que no se termina de entender la problemática que generaría otorgar responsabilidad penal al menor.

En la actualidad, según el CRPA, la medida socioeducativa de última ratio es el internamiento de menores en centros juveniles exclusivos para adolescentes. La exclusividad de este espacio se debe a que los menores tienen un proceso de resocialización más intenso y con necesidades distintas a la de adultos. Sin embargo, de aplicarse la responsabilidad penal al menor según se dispone en el presente Proyecto de Ley, se tendría como resultado, que menores sean internados en centros penitenciarios, que no están orientados a la resocialización. Según menciona Chang, [7]las estadísticas evidencian que buen número de bandas organizadas se dirigen dentro de los mismos centros penitenciarios, así mismo, la Defensoría del Pueblo ya ha informado, que existe sobrepoblación en los penales y que la situación es insostenible. Por lo tanto, las penas severas que insertan a menores de edad en ambientes en los que tengan que convivir cara a cara con la criminalidad, no son el medio más adecuado ni proporcional para lograr reducir los índices de criminalidad en el Perú.

Siendo esta la situación de los menores de edad es necesario cuestionarnos si esta medida legislativa es verdaderamente, una solución directa a la reducción de niveles de criminalidad en el país, o si se busca proteger a los menores edad y lograr su resocialización. Para tener una respuesta certera, se debe tomar en cuenta que existen tratados internacionales ratificados por el Perú que impiden reducir la edad en la que los menores pueden asumir responsabilidad penal, entre están la Convención sobre Derechos del Niño, “Las Reglas de Beijing” que son reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia, entre otros. Asimismo, tomando como referencia la unidad del ordenamiento jurídico, de establecerse la responsabilidad penal plena para menores de edad conforme al PL N.° 6080, también se deberá permitir que los menores puedan decidir respecto a otros ámbitos de su vida, porque no sería lógico que el Estado exija más deberes, y otorgue menos derechos. O que en el ámbito civil los menores tengan un trato distinto al ámbito penal. Por todo lo mencionado, el PL N.° 6080 no es una medida eficaz para reducir el nivel de delincuencia en el Perú, en todo caso, es una medida que aborda una problemática real de manera burda y con fines distintos al interés público. O como bien menciona García, este tipo de propuestas legislativas están basadas en la alarma social y solo buscan satisfacer la opinión pública para lograr ventajas políticas. [8]

Editorial escrito por Dayana Martínez y César Loyola


Fuentes: 

[1] https://comunicaciones.congreso.gob.pe/wpuploads/2023/10/Justicia-5SO-11.10.2023.pdf

[2] Según se precisa en el proyecto de ley, el 26.9% de la población de 15 y más años a nivel urbano ha sido víctima de algún delito en el lapso de enero a junio de 2023. Este porcentaje aumentó respecto del mismo semestre en los años 2021 y 2022 (INEI y MEF).

[3] https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27290.pdf

[4] https://www.injuve.es/observatorio/familia-pareja-e-igualdad-de-genero/la-adolescencia-y-su-interrelacion-con-el-entorno

[5] Ramírez, M. (2021) El fin de la pena en el Derecho penal de adolescentes peruano.

Estudios sobre la función y fines de las “medidas socioeducativas”.

[6] Peña Jumpa, A., Chang Kcomt, R., & Barletta, M. C. (2012). ¿Responsabilidad Penal de los menores de edad? Derecho & Sociedad, (39), 159-165.

[7] Peña Jumpa, A., Chang Kcomt, R., & Barletta, M. C. (2012). ¿Responsabilidad Penal de los menores de edad? Derecho & Sociedad, (39), 159-165.

[8] García Huayama, J. (2013) Reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores de edad: ¿juzgar y sentenciar a los adolescentes como adultos? Gaceta Penal, (53), 303-340.

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