Por Enfoque Derecho

  1. El partido político de Javier Milei contempla proyecto de ley que busca penalizar el aborto a través de penas privativas de la libertad de hasta 10 años 

    La asociación política  “Partido Libertario”, cuyo principal representante es Javier Milei, presidente de Argentina, ha propuesto un proyecto de ley que tiene como fin la penalización del aborto.  Esta iniciativa contempla una pena privativa de la libertad de hasta tres años para mujeres que se causen a sí mismas la interrupción de su embarazo o que permitan que alguien más se lo provoque. Asimismo, la nueva ley propone penas para los profesionales que cooperen con la interrupción del embarazo. Es así que, por un lado, a aquellos que realicen esta práctica, con el consentimiento de la mujer, se les otorgará una pena de entre uno a cuatro años de prisión; mientras que, por otro lado, la pena para aquellos que realicen el procedimiento, sin consentimiento, aumentaría a entre tres y diez años. 

    Es importante destacar que la presente iniciativa no ha surgido por parte del Poder Ejecutivo, sino más bien de los diputados del Partido Libertario. En cuanto a los motivos que originan la derogación de la ley que permite el aborto han sido comunicados por Rocío Bonacci, legisladora que dio la iniciativa del proyecto, quien ha mencionado que este es una iniciativa personal y alegó lo siguiente: “Defiendo la vida. Ni más, ni menos”. 

    Es relevante recordar que el aborto fue despenalizado en Argentina en el mes de diciembre del año 2020 durante el mandato del presidente Alberto Fernandez. Aquello conllevó a que se promueva el aborto seguro, legal y gratuito, lo que le otorgó el acceso a este procedimiento a toda mujer que necesite llevarlo a cabo.

    Sin embargo, con el nuevo proyecto de ley, la situación se complica incluso más que aquella dispuesta en el Código Penal que rigió desde 1921 hasta finales de 2020. Esto se debe a que aquel permitía el aborto para mujeres en caso de que el embarazo sea producto de una violación. Por el contrario, para los diputados de Milei, este supuesto sería penalizado, debido a que este suceso lo visualizan como una “mera justificación”.

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    1. Eduardo Pachas renuncia a formar parte de la defensa legal del ex presidente Pedro Castillo 

    “Los barcos para ser dirigidos no tienen dos capitanes, solo uno”. Así expresó Eduardo Pachas, a través de sus redes sociales, después de tomar la decisión de dejar de ser parte de la defensa técnica del ex presidente Pedro Castillo. Cabe recalcar que estas declaraciones se dieron después de que Castillo designará y diera a conocer como su nuevo representante legal a Luis Walter Medrano Girón ante el Poder Judicial.  Asu vez, el ex mandatario exigió que su nuevo representante sea notificado no solo por la acusación por el golpe de Estado, sino  también por todas las notificaciones que el juzgado emita.

    Ahora bien, Eduardo Pachas fue el principal defensor de Castillo por el autogolpe de Estado que este realizó el 7 de diciembre del año 2022. En su defensa, Pachas alegó que su detención fue completamente arbitraria y que no se respetaron sus derechos. Así también, comentó que de continuar siendo su abogado, la estrategia defensora a utilizar se iba a basar en llevar el caso hasta la CIDH para apelar que los altos mandatarios del Perú vulneraron su derecho al debido proceso y que, en realidad, todo se trataba de artimañas y conspiraciones en contra del ex presidente. Ante ello, el ex defensor de Castillo sostuvo que, hasta ese momento, él siempre había mostrado lealtad a Pedro Castillo.

    Como se ha dicho, el ex presidente posee un nuevo defensor legal quien es Luis Walter Medrano Girón. Aquel vendría a ser el vigésimo quinto abogado al que recurre Castillo desde que fue detenido por el autogolpe de Estado. No obstante, esta nueva defensa ha generado controversia, debido a que Medrano ha sido, constantemente, relacionado con diversas organizaciones criminales.

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    1. El congreso propone reaperturar el penal El Frontón para recluir a presos de alta peligrosidad 

    El congresista Alejandro Muñante, miembro del partido político Renovación Popular, presentó un proyecto de ley mediante el cual propone reconstruir y poner en funcionamiento el penal de alta seguridad “El Frontón” , que se encuentra en una isla de mismo nombre a poca distancia del Callao, para almacenar a delincuentes de alta peligrosidad para la nación.

    Los motivos que generan la presente iniciativa son dos:  la incontrolable ola de delincuencia e inseguridad por la que se encuentra atravesando el país; y disminuir el hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles. Cabe mencionar que, el congresista afirma que reactivar El Frontón generará mantener mayor control sobre los penitenciarios y , en efecto, le pondrá un alto a los actos delictivos que se realizan en las cárceles.

    Es necesario tener en cuenta el pasado histórico que rodea a este polémico penal y el motivo por el que, en su momento, dejó de funcionar. En este sentido, esta prisión recluyó, desde inicios del siglo pasado hasta finales de los ochenta, a los delincuentes más peligrosos del Perú. Sin embargo, el 13 de julio de 1985 se produjo un motín provocado por los prisioneros, en el cual perdieron la vida más de 100 reclusos. Es así que, desde aquel entonces, fue clausurado.

    La iniciativa legal ha generado respuestas divergentes por parte de la población. Como resultado un sector se encuentra a favor, debido a los motivos previamente expuestos. En cambio, otro sector de la nación se encuentra en desacuerdo, puesto que reabrir este penal es inconstitucional y conlleva gastos económicos que el país no puede afrontar. 

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    1. Keiko Fujimori habría confabulado junto a Patricia Benavides, ex fiscal de la nación, para la remoción de la JNJ, de acuerdo a las declaraciones de Jaime Villanueva

    El 30 de enero, se produjo un interrogatorio entre Jaime Villanueva, asesor legal de la ex fiscal de la nación, Patricia Benavides, y Delia Espinoza Valenzuela, fiscal suprema especializada en delitos de altos funcionarios. En aquella interpelación, se produjeron diversas revelaciones acerca de personajes políticos de gran relevancia a nivel nacional tales como Rafael Vela, José Domingo Pérez y el fallecido expresidente de la república Alan García. Sin embargo, dentro de las declaraciones que realizó captó gran atención la mención de Keiko Fujimori, a la cual acusó de haber confabulado con Patricia Benavides para la remoción de la Junta Nacional de Justicia.

    Asimismo, Villanueva afirmó que Benavides sostenía una intrínseca relación con la alta dirección del partido Fuerza Popular. Es así que, sostiene que ella coordinó con Keiko Fujimori para que le ordene a su bancada respaldar la destitución de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia en noviembre del año pasado ante el congreso. Ante ello, Fuerza Popular accedió con la condición de que se investigue a los jueces que exigieron suspender la remoción de la JNJ. Sin embargo, de acuerdo con Villanueva, la bancada de Fujimori no cumplió con su parte del acuerdo, lo que generó molestia por parte de Benavides quien se sintió engañada. 

    Debido a las recientes afirmaciones expuestas, la líder de Fuerza Popular ha expresado su desacuerdo con lo sostenido por Villanueva y , en efecto, también negó haber participado en algún tipo de artimaña junto a Benavides para la remoción de la JNJ. En ese sentido, expresó lo siguiente: “Yo no la conozco, nunca he recibido una comunicación de parte de ella ni yo he enviado a ella alguna comunicación”. Asimismo, rechazó la existencia de cualquier tipo de vínculo entre la exfiscal de la Nación y la bancada de Fuerza Popular.

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