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¿Puede el CIADI darle la razón a Odebrecht?

El pasado 4 de febrero de 2020, Odebrecht interpuso una demanda contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), argumentando que, el 24 de enero de 2017, se canceló de “manera arbitraria” el contrato del Gasoducto Sur Peruano, por lo que exige una indemnización de 1.200 millones de dólares. Al respecto, es necesario precisar que el Estado peruano ha ratificado tratados internacionales, mediante los que ha asumido obligaciones de promoción y protección de las inversiones extranjera, que, según el artículo 55° de la Constitución Política del Perú, forman parte del Derecho interno. Estos tratados tienen como finalidad que los inversionistas y las inversiones extranjeras gocen en el Perú -en tanto este último

Prisión preventiva contra 14 árbitros en el marco del caso Odebrecht

El juez Jorge Chávez Tamariz dictó 18 meses de prisión preventiva contra 14 árbitros en el marco del caso Odebrecht por la comisión del delito de cohecho pasivo. El supuesto delito se habría ejecutado a través de “bonos de éxito” otorgados a los árbitros que participaron en la emisión de laudos arbitrales que fallaron a favor de la empresa Odebrecht.  El juez del tercer juzgado de investigación preparatoria de Lima señaló que existen los 3 requisitos determinados para la prisión preventiva: en primer lugar, deben existir fundados elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; en segundo lugar, la sanción a imponerse debe ser superior a cuatro

Consorciadas de Odebrecht sabían del pago de sobornos a Toledo por la Interoceánica

Exejecutivo de Odebrecht declaró que las consorciadas peruanas de la constructora brasileña sí tenían conocimiento del pago de sobornos al expresidente Alejandro Toledo por los contratos de la Interoceánica. En el marco del caso Odebrecht, este martes 19 de febrero, los fiscales del Equipo Especial Lava Jato y de la Procuraduría ad hoc peruana continuaron con los interrogatorios a los exejecutivos de la constructora brasileña. De acuerdo a su cronograma, hace unas horas, se llevó a acabo el interrogatorio a Sergio Nogueira, donde declaró que las consorciadas peruanas sabían del pago de sobornos a Alejandro Toledo por los contratos de la Interoceánica. Sobre este caso en específico, en el 2009, la Policía brasileña incautó en las oficinas del grupo Camargo Correa un

Ministerio Público firmó acuerdo de beneficios y colaboración eficaz con ex directivos de la empresa Odebrecht.

Tras varios meses de negociaciones, el día de hoy, viernes 15 de febrero de 2018, se firmó en la sede del consulado peruano de Sao Paulo (Brasil) un acuerdo de beneficios y colaboración eficaz con ex directivos de la empresa Odebrecht. Este acuerdo suscrito por la procuraduría Ad Hoc junto a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez, miembros del equipo especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, permitirá la entrega de pruebas y testimonios para las investigaciones en cuatro casos. Conforme ya ha sido objeto de divulgación en diversos medios de comunicación, mediante este acuerdo Odebrecht reconoce su responsabilidad en actos de corrupción en los proyectos: Línea 1 del Metro de Lima, tramos 2 y 3; carretera Interoceánica, tramos 2

Reflexiones acerca de lo que se viene a raíz del caso Odebrecht

Las expectativas sobre la labor del Ministerio Público aumentan cada vez más, especialmente cuando declaraciones llegan de Brasil. El pasado lunes, los fiscales peruanos se reunieron con Jorge Barata para realizar el interrogatorio que revelaría aportes de Odebrecht a varias campañas presidenciales y que involucran a gran parte de la clase política del país. Es por ello que en el presente editorial nos proponemos a analizar, desde una perspectiva jurídica, el panorama político-jurídico actual, enfocándonos principalmente en tres ejes: la importancia de las pruebas sólidas por parte de la Fiscalía, la trascendencia del principio de la presunción de inocencia en la aplicación de medidas cautelares y  la relevancia de la regulación del delito de financiamiento ilícito. Si bien las declaraciones

El Colegio de Abogados de Lima como Administración Pública: A propósito de la Comisión Odebrecht y la resolución de la Comisión de Barreras Burocráticas del Indecopi

Por: Alexis Luján, bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Grupo de Investigación sobre Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado desde 2012. Miembro Extraordinario de IUS ET VERITAS. ¿Puede el Colegio de Abogados de Lima (CAL) investigar a los abogados, tanto internos como externos, así como a los árbitros, que facilitaron las supuestas actuaciones ilícitas de Odebrecht y demás empresas constructoras brasileras en el Perú? ¿Puede sancionarlos? De ser así, ¿de dónde derivan dichas potestades? ¿Actúa el CAL como Administración Pública al ejercerla? ¿Su actuación está sujeta al Derecho Público? A raíz de las investigaciones a la mencionada multinacional brasileña, muchas personas vienen formulándose éstas y otras preguntas con relación al control disciplinario de la

Editorial | Congreso vs. Fiscalía: a propósito de la Investigación del caso Odebrecht

Hace unas semanas se desató el escándalo Odebrecht. Esta y otras empresas procedentes de Brasil habrían pagado a altos funcionarios peruanos de tres gobiernos para hacerse de grandes obras y proyectos de infraestructura. Ante ello, el Ministerio Público ha iniciado los procesos correspondientes y suscribió un acuerdo con dicha empresa para obtener información sobre los sobornos realizados entre el 2005 y 2014. A la par, en el Congreso de la República se formó la Comisión Lava Jato, dirigida por Víctor Albretch. Este grupo de congresistas buscarán esclarecer los mismos hechos investigados por la Fiscalía. Así, encontramos dos investigaciones en paralelo sobre el mismo caso. ¿En qué consiste cada investigación? ¿Existe alguna relación entre ambas? ¿Podría producirse algún conflicto? El Ministerio

Editorial | Análisis Constitucional del caso Ollanta Humala y Nadine Heredia

Por Enfoque Derecho I. Introducción El pasado 15 de abril, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, en primera instancia, condenó a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de lavado de activos, relacionado con aportes ilícitos del régimen venezolano y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011[1]. La sala consideró que en ambas campañas presidenciales hubo un “modus operandi” en el manejo de los aportes ilícitos, es decir, hubo una estrategia montada para darle apariencia legal al dinero ilegal, con falsos aportantes, movimientos financieros y contratos laborales simulados[2]. El 18 de abril de 2025, el abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, precisó que

Editorial | 12 de abril de 2026: ¿Nuevo comienzo o crisis prolongada?

Por Enfoque Derecho Introducción Durante los últimos meses, se ha evidenciado un notable empeoramiento en la situación del país. Desde las distintas aristas en las que se puede analizar ello, se puede reflexionar sobre el incremento de la inseguridad ciudadana, las deficiencias en el sistema de salud, incremento en los índices de pobreza, entre otros. A pesar que, actualmente, estos problemas estructurales continúan, es vital señalar que los mismos se han encontrado enraizados en el país durante muchos años debido a un problema que aqueja al Perú desde hace casi 10 años: la inestabilidad política. La crisis política se ha consolidado gracias al cambio de 6 presidentes en menos de 5 años, lo que ha impedido el establecimiento de políticas