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Durante los cinco años de gobierno de José Pepe Mujica, Uruguay estuvo en boca de todos, gracias a la promulgación de medidas legislativas liberales— poco afines al conservadurismo latinoamericano—, tales como la aprobación del matrimonio homosexual y la legalización de la producción y el consumo de marihuana.

En junio se llevó a cabo la Asamblea General (AG) de la Organización de Estados Americanos (OEA) número 45. No fue una Asamblea General cualquiera, sino una de las más importantes de los últimos tiempos debido a que fue la primera AG dirigida por el nuevo Secretario General de la OEA, el uruguayo Luís Almagro, quien -tras diez años- reemplazó a José Miguel Insulza (Chile) de una controvertida conducción de este órgano internacional que, por cierto, no pasa por su mejor momento. No por nada el tema de la AG era: “Presente y futuro de la OEA”. Junto a este hecho, lo más trascedente fue que los órganos de promoción y protección de derechos humanos a nivel regional renovaban a sus miembros[1]. El contexto de la elección de estos representantes, sobre todo de los comisionados, hizo que nuevamente los líderes de algunos países vuelvan a enfilar sus baterías contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión) y el doble estándar jurídico que tienen algunos países en esta instancia, en tanto unos están supeditados de ser sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y otros no.