A la “La Mafia de Orellana” se le conoce por utilizar (o crear) procesos arbitrales corruptos para generar daños a terceros ajenos a dichos arbitrajes. Se culpa al arbitraje y su diseño legal. ¿Pero es realmente el culpable?
Yo fui parte de la generación que ayudó a generar la segunda etapa de Themis, recuerdo que saliendo de la biblioteca, conversando con un grupo de compañeros en ese momento, tomamos la decisión de volver a iniciar Themis y fui parte de todo ese grupo humano fascinante que tuvo la propuesta. Imaginamos un Perú diferente en el que los estudiantes de derecho hacían investigaciones, análisis, reflexiones; podíamos crear ese Perú distinto y esa profesión diferente.
En esta entrega de #HisteriaBélica, Óscar Vidarte, Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP, explica el conflicto entre Palestina e Israel.
Salud es uno de los sectores más complicados del país, pues la informalidad sumado a la alta complejidad del servicio que se provee lleva a que en innumerables ocasiones se conozca sobre casos de negligencias médicas, o de diversos episodios que exponen la problemática del servicio médico-paciente que debería brindarse de manera efectiva, oportuna, transparente y justa.
El dinero electrónico es un servicio financiero, también conocido como “billetera móvil”. Consiste en almacenar en un dispositivo móvil (principalmente, celulares) un monto de crédito que podrá ser utilizado a través de este. Eso implica que no se necesita llevar dinero en efectivo. Se espera que con esta ley se incentive el uso de dispositivos móviles en vez de dinero en efectivo. De esta forma, se permitirá que personas que se encuentran en lugares recónditos de nuestro país puedan usar esta forma de pago en lugar de acercarse a una agencia bancaria que podría estar muy alejada para sacar dinero en efectivo.
Aquí hay un tema previo que tenemos que tomar en cuenta, la Ley de Acoso sexual que ha salido recientemente publicada no es una norma que establezca sanciones, lo que hace esta norma, contra todos los proyectos que se presentaron inicialmente, es convocar a que las municipalidades, la Policía Nacional y las instituciones públicas creen normas destinadas a evitar el acoso y creen sanciones que busquen desincentivarlo con multas administrativas.
