IDL en THEMIS

Mirar el Derecho desde sus márgenes es parte de nuestro trabajo diario en el Instituto de Defensa Legal. Los que escribimos este blog somos miembros de las áreas IDL-Justicia Viva, IDL-Seguridad Ciudadana e IDL-Pueblos Indígenas. Somos Juan Carlos Ruiz Molleda, Lilia Ramírez Varela, Cruz Silva Del Carpio, Álvaro Másquez Salvador y César Bazán Seminario. Escribimos sobre corrupción, magistratura, pueblos indígenas, derechos humanos, sistema interamericano, seguridad ciudadana, cultura jurídica y varios otros temas.

La esquizofrenia de la consulta previa: Consulta “previa” vs consulta “informada”

Por Juan Carlos Ruiz de Molleda, abogado por la PUCP, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en los derechos de los pueblos indígenas. Uno de los temas de fondo que la consulta previa del Proyecto Hidrovías -ya concluida- nos planteó en la etapa de diálogo en Iquitos en setiembre pasado fue el debate en torno a cuándo o en qué momento se debe realizar el proceso de consulta previa. Este fue precisamente un punto de debate y de tensión entre los Pueblos Indígenas (PPII) y el Ministerio de Transportes  Comunicaciones y Proinversión, como entes promotores del procesos de consulta previa. Como su nombre lo dice, la consulta a los PPII debe ser “previa,

Demanda de titulación de los territorios del lote 192 ¿Pateo del tablero o desbloqueo de la política?

Como es de conocimiento público, la Federación de Comunidades Nativas del Corriente (FECONACO), la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), de la cuenca del Río Marañón, interpusieron demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Loreto y Dirección Regional Sectorial Agraria de Loreto (GOREL), por no titular su territorio, y contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), por aprobar servidumbres en sobre territorios ancestrales de dichas federaciones.

El control constitucional de las decisiones económicas, a propósito de la contaminación en Espinar

¿Puede un juez ordenar al Gobierno que asigne presupuesto? Esa es la pregunta de fondo que todos nos hacemos[1], luego que la Dirección del Gobierno Regional de Cusco, ha reconocido que “cumplió” con elaborar el “Plan de Intervención Integral” de atención a las víctimas expuestas a metales pesados en Espinar, pero que dicho plan no se implementó porque el Gobierno central no le proporcionó el presupuesto, a pesar de los reiterados oficios presentados[2]. Dos preguntas resultan inevitables: 1. ¿Es el derecho a la salud un derecho? y 2. ¿Justifica la ausencia de presupuesto el incumplimiento de los derechos fundamentales, que pone en peligro no solo la salud, sino la propia dignidad humana, el derecho a la vida y a la subsistencia?

¿Dos más, por favor?: Un stop urgente en la elección de dos nuevos consejeros del CNM

El Consejo Nacional de la Magistratura ha demostrado que si quiere, puede adoptar decisiones que le pueden cambiar la cara a la justicia en el país. Desde los casos más dramáticos de violación de menores de edad o de tráfico ilícito de drogas que jueces y fiscales procesan mal (y que el CNM toma en cuenta cuando, por ejemplo, pasan por el proceso de ratificación), hasta la destitución (hoy en procedimiento de reconsideración) de un Fiscal de la Nación por haber dado pase, con su omisión y acción funcional, a la impunidad en Ancash.

Con trampa no vale

En un reciente artículo publicado en El Comercio titulado “Con ayudita no vale”, Yesenia Álvarez critica la implementación de la alternancia como mecanismo que complemente y potencie a la cuota electoral de género (en adelante, la cuota de género) con la finalidad de hacer efectiva la participación de las mujeres en los órganos conformados por elección popular.

Caso Orellana: el sistema jurídico se desmoronó y los abogados no nos dimos cuenta

Rodolfo Orellana Rengifo, uno de los protagonistas recientes de la infame historia del Perú, es abogado. Estudió Derecho en una reconocida universidad peruana y justamente ejerció sus habilidades jurídicas para armar una red de personas naturales y jurídicas que –gracias a un conocimiento experto del Derecho- habría utilizado las leyes para hacer explotar al sistema jurídico y ponerlo a trabajar a su servicio.

El reconocimiento indígena de la comunidad shipibo-conibo de Cantagallo

La comunidad shipibo-conibo de Cantagallo se ubica en el corazón de Lima Metropolitana, junto al río Rímac y el Mercado de las Flores –hacia un lado de la vía de Evitamiento– en el distrito limeño del Rímac. La comunidad está conformada por más de 250 familias, las que, progresivamente y a partir del año 2001, han ocupado las riberas del río, en el área que se conoce como Isla de Cantagallo, viejo relleno sanitario que fue propiedad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

¿Por qué 10,000 ciudadanos han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230?

Un conjunto de disposiciones han sido emitidas por el Gobierno con el objetivo de promover la gran inversión privada. Se trata de los D.S. No 054-2015-PCM, D.S. No 060-2015-PCM, Ley 30230, del D.S. 001-2015-EM, y del Proyecto de Ley No 3941. No se trata de normas aisladas y dispersas, se trata de un conjunto de normas articuladas. El objetivo que ellas plantean es la eliminación de los supuestos sobrecostos sociales y ambientales. El problema es que más allá de la intención de sus autores, en los hechos, estas normas desmantelan aspectos significativos del sistema de protección del medio ambiente, y dejan en la indefensión el derecho al territorio de los pueblos indígenas, dejándolos en una situación de indefensión.

Para los próximos 5 años: ¿El Perú tendrá la justicia que se merece?

Las elecciones por la presidencia del Perú en el 2016 “calientan”. El reciente anuncio del ex ministro del Interior, el más popular del gobierno de Humala y de los últimos 10 años, Daniel Urresti, ha llamado la atención pero no tanto para bien, al punto que su aporte a la vida política del país ha sido comparado por César Hildebrandt con “el poto de Susy Díaz”.

De espaldas a la justicia rondera: sobre el proyecto de Nuevo Código Penal

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un extenso dictamen de nuevo Código Penal, con varios cambios que deben motivar grandes debates interdisciplinarios entre penalistas, criminólogos, sociólogos, psicólogos, especialistas en género, niñez, etc. Si hay un momento para que la academia aporte, es ahora, pues el Congreso debatirá la propuesta de nuevo Código Penal cuando vuelva a sesionar. El texto completo del dictamen puede descargarse aquí (vayan con paciencia. Es un pdf pesado).