Administrativo

El silencio administrativo en las ampliaciones de plazo de bienes y servicios: Límites de la aprobación automática

Francisco Ernesto López Ortiz, Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y Licenciado en Letras con mención en Economía, Derecho, Política y Filosofía por la Universidad de Arizona. Introducción  En el ámbito de las contrataciones con el Estado, las solicitudes de ampliación de plazo constituyen uno de los elementos más sensibles entre el contratista y la Administración Pública, no solo por las consecuencias económicas y operativas que se derivan de su aprobación o rechazo, sino porque su evaluación exige ponderar eventos, pruebas y conductas. Su fundamento es claro, quien actúa con la diligencia debida no debe soportar las consecuencias de un incumplimiento tardío cuya causa no le es atribuible. Así lo recogen los artículos 1314 a 1317 del Código

Obras públicas paralizadas y contratación estatal: Análisis administrativo de los retrasos en la Línea 2 del Metro de Lima

«Por lo tanto, el rol de las obras públicas dentro del Estado de Derecho es el equivalente de lo que para el ciudadano sería una garantía del cumplimiento de sus derechos fundamentales o de los bienes jurídicamente protegidos por la Constitución, puesto que a partir de ellos es que se logra promover condiciones mínimas para el desarrollo de la población».

Crisis de gobernanza ambiental y vulneración de derechos fundamentales en la Amazonía peruana: el caso del derrame en Manseriche y la resistencia del pueblo Awajún

Editorial escrita por Enfoque Derecho 1. Introducción El 19 de marzo de 2025 se produjo un derrame de hidrocarburos en la quebrada Pijuayal, a la altura del km 315+535 del Tramo II del Oleoducto Norperuano (en adelante, ONP), ubicado en el distrito de Manseriche, región Loreto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (2025), el derrame afectó a las comunidades nativas de Sinchi Roca y Pijuayal. De igual manera, dicha entidad señaló que, el evento habría sido causado por una perforación realizada con herramienta mecánica atribuida a terceros, no ocasionando daños a la vida ni a la salud[1]. No obstante, el diagnóstico de la situación se agravó tras confirmarse la presencia de hidrocarburos en la quebrada principal. Debido

¿Puede el Estado ignorar un laudo arbitral? Reflexiones sobre la fuerza vinculante del laudo arbitral, la seguridad jurídica y propuestas para fortalecer el sistema de concesiones

«Una de las principales medidas que debe regir en toda contratación pública es, sin duda, la transparencia. Este principio constituye un elemento esencial, ya que, será aquel elemento que garantice no solo la legitimidad de las decisiones estatales, sino también, la confianza de la ciudadanía en las instituciones».

Propiedad no es desregulación: El error conceptual en el caso del puerto de Chancay

Oscar Nicolás Alarcón Cuti, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Máster en Análisis Económico y Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca, España. Profesor de Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual en la Universidad Privada del Norte. Ha brindado servicios profesionales en el ámbito de la regulación de infraestructura de transporte. 1. Introducción En julio de 2025, la empresa COSCO SHIPPING PORTS CHANCAY PERÚ S.A. (en adelante, COSCO) interpuso proceso constitucional de amparo contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRÁN), solicitando que se abstenga de ejercer sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción respecto de sus operaciones en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. COSCO, empresa dedicada

Fiscalización Tributaria a las entidades sin fines de lucro en el Perú: ¿Control necesario o riesgo para la acción social?

«La discusión, por tanto, no debería centrarse en si estas entidades pueden o no realizar actividades generadoras de ingresos (de rentas), sino en si los recursos obtenidos se destinan efectivamente al cumplimiento de sus fines institucionales. Si el propósito de la exoneración es fortalecer el trabajo de organizaciones que contribuyen al bienestar colectivo, la regulación y su interpretación deberían acompañar esa realidad, ofreciendo mayor claridad y seguridad jurídica».

Aplicación supletoria de normas del concurso ordinario al concurso preventivo: ¿Aplicando las mismas normas a juegos diferentes?

«Si bien tiene que observarse la no vulneración a los principios del ordenamiento concursal no debe perderse de vista la finalidad de los procedimientos regulados por la LGSC: la búsqueda de la eficiencia en los procedimientos concursales preventivos, toda vez que no tendría sentido aplicar supletoriamente una norma que reste eficiencia o convierta en eficiente a los procedimientos concursales».

Los cursos de capacitación de la SUNAT como medidas preventivas de incumplimientos futuros disponibles para las microempresas

Tratándose de infracciones cometidas o detectadas en el ejercicio 2026, las ventas anuales se determinarán considerando las declaraciones juradas mensuales del ejercicio anterior a aquel en el que se cometió o detectó la infracción. Para ello se consideran todas las declaraciones juradas presentadas hasta la fecha de la comisión o detección de la infracción, incluyendo las declaraciones juradas rectificatorias que hubieran surtido efectos hasta dicha fecha.

La obsolescencia del marco legal para la minería extranjera en fronteras peruanas

«Por un lado, la emisión de un promedio de apenas una autorización anual durante las últimas tres décadas demuestra que el procedimiento funciona como un «cuello de botella» estructural que desincentiva la asignación eficiente de recursos. Por otro lado, precedentes como el laudo Bear Creek evidencian que, incluso superada la valla de acceso, el inversionista extranjero queda expuesto a una fragilidad institucional donde derechos adquiridos pueden ser revertidos por motivaciones exógenas a la legalidad técnica, configurando riesgos de expropiación indirecta que elevan el riesgo país»

La elusión en el sistema de eliminación de barreras burocráticas ¿Un fenómeno inevitable?

«Al privilegiarse la necesidad de una referencia expresa de la medida en el medio de materialización por encima de sus efectos reales en la situación jurídica de los agentes económicos y administrado, el sistema termina dejando sin control medidas que, en la práctica, son equivalentes a los tipos expresamente reconocidos en el Decreto Legislativo Nº 1256.»